Por Carlos del Frade.

Santa Fe, junio de 2017.

 

Narcotráfico, poder y esperanza, es la síntesis de informaciones y notas producidas en el período que va entre junio de 2016 y junio de 2017.

 

Un panorama de lo que sucede en las principales provincias argentinas, fundamentalmente Santa Fe y que cuenta, en esta ocasión, con el aporte de dos excepcionales trabajadores de prensa de investigación, como son Daniel Enz y Juan Federico, que describen la realidad de Entre Ríos y Córdoba, respectivamente.

Planes sociales, crecimiento del dinero invertido en seguridad, números que hablan de la reducción de homicidios en los principales centros urbanos del país y, como siempre, las pibas y los pibes menores de treinta años como sujetos concretos de las noticias policiales, consumidores consumidos, soldaditos inmolados en el altar del dios dinero, nervio motor de los negocios de las armas y el narcotráfico, verdadero y único dios del capitalismo.

Desde finales de los años noventa, la Argentina, a través de sus gobiernos, nacionales, provinciales y municipales, restó importancia a las señales que venían de sus vísceras, en la geografía donde antes había trabajo y ahora no.

Por eso los dichos y los hechos del presente forman parte de distintas realidades que coexisten en estos días y que incluso están en la misma geografía pero, efectivamente, marcan mundos distintos, con lógicas, justicia, economía y cultura que también son diferentes.

En un rápido repaso de las noticias de las últimas dos semanas, las causas y los intereses que motivaron esta realidad, siguen impunes, mientras tanto aparecen palabras que debieron pronunciarse mucho antes.

En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, un senador del departamento San Lorenzo, por donde entra y sale la mayor cantidad de cocaína de la Argentina, según sostenían las fuerzas federales e internacionales a partir de los años noventa, a través de los puertos privados, acaba de denunciar que robaron el auto de su hija, lo usaban para delivery de drogas en la humilde ciudad de Capitán Bermúdez y que durante días se hizo muy poco para detener a las personas involucradas.

A menos de treinta kilómetros al sur de San Lorenzo, en Rosario, un nuevo estudio de la Universidad Católica Argentina, sostiene que el plan Abre, diseñado desde el gobierno provincial, generó menos violencia en los barrios de la ex ciudad obrera. Una buena noticia que, sin embargo, debería contener el anuncio de un mayor presupuesto para que, necesariamente, ese plan tenga una dimensión más grande para alcanzar un número más amplio de familias estragadas desde el saqueo del trabajo en los años noventa formando aquellos agujeros negros que luego fueron ocupados por los dos grandes negocios del capitalismo, armas y narcotráfico.

En Tucumán, mientras tanto, a un mes de la muerte del sacerdote Juan Viroche, la Comisión Nacional de Justicia y Paz que depende el espiscopado, sostuvo que «el dinero que mueve el narcotráfico está manchado con sangre de los pobres» y pidió que “la cultura de la muerte y el descarte no debe prevalecer en nuestro país».

El “narco menudeo cuestiona la cultura del trabajo y las drogas afectan gravemente la salud de muchos niños y jóvenes, por eso ninguna lucha contra el narcotráfico podrá ser exitosa sin inclusión y desarrollo social… Las mafias, que lucran con la muerte al dedicarse al narcotráfico, no dudan en amenazar o incluso matar a aquellos que consideran un obstáculo a sus mezquinos intereses. Lamentablemente, ya son muchas las víctimas a lo largo y a lo ancho de nuestro país», dijeron en el comunicado y sostuvieron «con alarma y con dolor, que las bandas criminales están infiltradas en distintos sectores e instituciones de nuestra sociedad».

Palabras necesarias pero tardías. Porque la misma institución, desde finales de los años noventa, tuvo voces que denunciaban esta lógica perversa desde los barrios humildes de las ex barriadas trabajadoras del Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza. ¿Por qué la Conferencia Episcopal no habló antes cuando sí lo hacían los sacerdotes y monjas bien de abajo?

Pero la más curiosa afirmación provino de la Universidad Argentina de la Empresa, la misma que apoyó durante años la destrucción de los puestos laborales en la Argentina crepuscular de finales de los años noventa y principios del tercer milenio.

«Hay que evitar que el narcotráfico se convierta en el primer empleador de la Argentina», dijo Héctor Masoera, presidente de la UADE, al mismo tiempo que valoró como positivas las medidas del gobierno del ingeniero Mauricio Macri.

En este mosaico roto que expresa la fragmentada realidad argentina, los dichos suenan tardíos mientras lo que siempre se renueva es el dolor de las vidas jóvenes que son comidas por el sistema.

Las esperanzas aparecen en incrementar los presupuestos destinados la inclusión social y escuchar a las organizaciones sociales que desde hace décadas ponen el cuerpo en el subsuelo de la sociedad.

Fuentes: Diarios “La Capital” y “El Litoral”, viernes 4 de noviembre de 2016; Diario “La Nación”, viernes 4 de noviembre y sábado 5 de noviembre de 2016; “Ciudad blanca, crónica negra”, libro del autor de esta nota.

Nicolás tenía solamente seis años. Nunca conoció ni siquiera la leyenda aquella que decía en la Argentina los niños son los únicos privilegiados. Vivía en el barrio Loyola Sur, geografía íntima de Santa Fe, capital del segundo estado del país.

No murió de muerte natural. Las parcas griegas no cortaron la madeja de su vida por un puro capricho metafísico.

La autopsia dijo que la principal causa de muerte habría sido provocada por golpes que laceraron el hígado y el riñón derecho y que provocaron una hemorragia interna irreparable.

El médico que practicó el estudio sostuvo que las lesiones eran de vieja data, pero que ninguna se encontraba en lugares visibles como el rostro o los brazos, sino que por lo general quedaban cubiertas por la ropa, lo que hizo que ni en la escuela ni en ningún otro lado pudieran haber sido detectadas.

Las crónicas periodísticas añadieron que a raíz de la muerte de Nicolás Almada, la Fiscalía de Homicidios ordenó la detención de Miguel Ángel Franco, de 28 años, concubino de la mamá del menor fallecido. También se había decidido el arresto de la mujer, Daiana Soledad Mendoza, de 24 años, la cual transcurridas las primeras 24 horas quedó en calidad de detenida, a disposición de la Justicia. Los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro acusaron a la pareja, tanto por la muerte del menor, como por las lesiones sufridas por su hermanita.

“Desde principios de año, hicimos una serie de pedidos de informes por el funcionamiento de la Subsecretaría de Niñez, en cuanto a programas, políticas y abordajes. Después de una entrevista con el director del área, pedimos que se convoque al Consejo Provincial de Niñez previsto en la ley 12.967”, expuso la legisladora del PJ y licenciada en Trabajo Social, Patricia Chialvo.

El Consejo no funcionaba desde mayo de 2015 y la pregunta es “cómo se va a abordar” la cuestión de la niñez violentada en Santa Fe, porque se estima que hay alrededor de 300 niños y niñas en la misma situación”, indicó la diputada provincial.

Por su parte, el doctor González Carrillo, director del Centro de Salud de Niños del Hospital Alassia, señaló que Nicolás “estuvo internado en octubre del año pasado, fue traído por la Subsecretaría de la Niñez. Fue encontrado deambulando en la calle por una policía. Primero lo llevaron al Mira y López y luego lo traen aquí”, manifestó González Carrillo.

Al mismo tiempo, el médico aclaró que, además del niño fallecido, ingresó al hospital su hermana de 11 años. “Es por traumas y por prevención. La trajo ayer la policía, posterior al ingreso del nene. Quedó en una sala de internación transitoria”, dijo.

Este tipo de casos “no son frecuentes, generalmente son casos más leves. Uno tiene la sospecha de maltrato pero como éste no. En 2015, ingresaron 180 chicos por maltrato; no así de esta forma, muchos son sospechas”, cerró González Carrillo. Para los medios de la ciudad de Santa Fe, la secuencia de la muerte de Nicolás demuestra que el mismo Estado que le salvó la vida, después no lo cuidó. Porque la tutela era de Niñez y, sin embargo, los chicos estaban con su madre. Ahora, dicen, que investigan por qué estaban con los agresores.

Nicolás tenía seis años. Murió por los golpes recibidos. Pero también por estructuras gubernamentales que priorizaron las letras metafísicas de muchas leyes por encima de la realidad.

Fuentes: Diarios “Uno” de Santa Fe y “El Litoral”, también de Santa Fe, entre los días miércoles 16, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de noviembre de 2016.

De la basura.

Aquello que viene de la basura es lo obsceno, según dicen los diccionarios de la lengua española. El vocablo original es obscenus, del latían ob caenum y se lo usaba como adjetivo para describir lo repulsivo, lo detestable. También, a lo largo de la historia de occidente, el término fue utilizado en el sentido de blasfemia o irreverencia o señalaba algo tabú, indecente, aborrecible o repugnante.

En la Argentina del siglo veinte y su continuidad en el tercer milenio, aquello que viene de la basura tiene otra imagen, poderosa, cotidiana y honda en lo conceptual.

La basura que se esconde debajo de la alfombra.

Una metáfora que remite a diversos sectores sociales pero que mira, especialmente, a los que tienen la capacidad económica, política y judicial de esconder la basura debajo de la alfombra.

No cualquiera puede esconder la basura debajo de la alfombra.

Por eso lo obsceno, por estos días, aparece vinculado a las maniobras burdas de los que quieren esconder la basura debajo de la alfombra.

En la ciudad de Rosario, ex geografía obrera, no hace mucho tiempo que surgió una megacausa que investiga el lavado de activos impulsado por una organización de escribanos, abogados, contadores, funcionarios de medios de comunicación, dirigentes sindicales con sus respectivas conexiones en áreas colonizadas por lo corrupción en lugares estratégicos del estado provincial, como el Registro Público de la Propiedad y el Servicio de Catastro e información territorial.

Por primera vez en décadas, hubo veinte allanamientos en pleno centro de la cuna de la bandera. Una postal preñada de esperanza para los que impulsan la mano dura contra los delincuentes de guante blanco.

 Hoy, a mediados de noviembre, se habla mucho menos del tema.

Pero en los primeros días del mes, una noticia generó la inmediata relación con la obscenidad del encubrimiento que favorece a los de arriba. A los que pueden esconder la basura debajo de la alfombra.

“La desaparición de un legajo del Registro de la Propiedad donde constaban operaciones realizadas con un campo de Villa Amelia enajenado a su dueña, el hallazgo de cuentas offshore y supuestas maniobras para eludir un embargo judicial, son parte de la nueva información que aportó la Fiscalía de Delitos Complejos en la megacausa por estafas inmobiliarias. Eso llevó a la jueza Mónica Lamperti a prorrogar hasta el 12 de diciembre la prisión preventiva al empresario Jorge Oneto, acusado de intervenir en un fraude ligado a la propiedad rural; y a Jonathan Zárate, imputado como falso apoderado en el primer eslabón de la cadena de ventas de inmuebles”, sostenía la información.

Y agregaba que la novedad de la audiencia “fue un informe del Registro de la Propiedad sobre la traba de embargos al campo de Villa Amelia, el cual consigna que «todo o gran parte del legajo ha desaparecido». «Perdón, ¿me puede repetir?», se extrañó la jueza ante la cita de Narvaja. El fiscal explicó que el 14 de octubre de 2015 el escribano Kurtzemann ingresó un certificado en el Registro pidiendo una inscripción definitiva del campo que fue rechazada por cuestiones formales. «Los folios donde se registran todas esas operaciones desaparecieron en una fecha que el Registro no puede establecer», precisó el fiscal. Y aclaró que parte del legajo pudo reconstruirse porque algunos folios fueron escaneados para enviarlos, como siempre, a la Unidad de Investigaciones Financieras”, sostenían los diarios rosarinos.

El Registro Público de la Propiedad de la provincia de Santa Fe depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanas, áreas por donde pasaron los abogados Héctor Superti y Juan Lewis que, en su primer momento, fueron los profesionales defensores de algunos de estos imputados.

Ahora la noticia dice que hojas de expedientes oficiales desaparecieron, fueron arrancadas.

Una obscenidad. La basura debajo de la alfombra.

El desfachatado método de los sectores del privilegio de esconder su basura debajo de la trama de relaciones empresariales, mediáticas, políticas y judiciales que imperan, no solamente en Rosario, sino en toda la Argentina.

Fuentes: Diario “La Capital”, sábado 12 de noviembre de 2016, Rosario – Diccionarios de la lengua española.

-No es fácil que la calle te acepte – dice uno de los muchachos que desde hace años viene trabajando como acompañante personalizado en la ciudad de Rosario. Durante seis horas, de lunes a viernes, tiene que estar con pibas o pibes deambulando por las calles de la ex geografía obrera para que no mueran consecuencia de los negocios mafiosos que necesitan tragarse la vida de los estragados.

Chicas y chicos en situación de calle, institucionalizada, sujeta de derechos pero protagonistas de saqueos cotidianos. Dignidades demolidas por varios motivos. Muchos de ellos surgen de estos diálogos entre trabajadores comprometidos y algunos, poquitos, funcionarios sensibles.

Dicen los acompañantes personalizados que a estos chicos los pasean por los llamados “dispositivos” pero tanto los pibes como los empleados precarizados de la dirección provincial de niñas, niños y adolescentes, están cansados del circuito y tampoco hay dinero para la movilidad.

El problema se hace mayor cuando cae la noche y el estado, entonces, decide alquilar hoteles privados, en algunos de los cuales se ejerce la prostitución y las sustancias supuestamente prohibidas se venden con absoluta libertad. Y esas chicas, esos chicos que están acompañados necesitan un proyecto de vida que vaya por otro lado. No solamente no hay presupuesto adecuado sino tampoco organización interna para atender las necesidades de casi ciento cincuenta chicas y chicos que vagan todos los días junto a los acompañantes personalizados.

Los salarios de los acompañantes, comprometidos con la suerte de esas chicas, de esos chicos, varían de 900 a 7 mil pesos, oscilaciones que marcan el peso de la precarización laboral desde el mismo gobierno que alienta, desde los discursos, la integración y protección integral de las niñas, los niños y adolescentes.

El otro problema serio es la relación con los nichos brutales y corruptos de La Santafesina SA porque ellos también reconocen a las pibas y los pibes y los provocan: “Una puñalada al lado del río y se terminó. Se arregla fácil todo esto”, suelen decir los uniformados, los custodios de la seguridad del pueblo de la provincia.