Por Carlos del Frade. (Geografía narco 2).
Santa Fe, junio de 2017.
Narcotráfico, poder y esperanza, es la síntesis de informaciones y notas producidas en el período que va entre junio de 2016 y junio de 2017.
Un panorama de lo que sucede en las principales provincias argentinas, fundamentalmente Santa Fe y que cuenta, en esta ocasión, con el aporte de dos excepcionales trabajadores de prensa de investigación, como son Daniel Enz y Juan Federico, que describen la realidad de Entre Ríos y Córdoba, respectivamente.
Brilloni, el titular del Proyecto X surgido durante el kirchnerismo para espiar a las organizaciones sociales, vuelve a Santa Fe después del escandaloso operativo conjunto que intentó capturar a los tres buches de La Bonaerense escapados del penal de General Alvear a fines del año pasado. Ahora comanda la fuerza de ocupación que supuestamente le dará seguridad a los atribulados habitantes de las principales ciudades santafesinas.
Brilloni, amigo de la DEA, responsable del Proyecto X, tiene más que ver con un proyecto de control social que de bienestar y seguridad.
El Plan Colombia, versión argentina, ya tiene a uno de sus principales actores sobre el escenario, se llama Claudio Brilloni.
Pero el guión viene de lejos, de aquella guerra de policía contra los gauchos que buscaban un país hecho desde adentro y no impuesto desde afuera.
Los nuevos sarmientos le escribirán a Brilloni, “no ahorre sangre de pibes pobres, es lo único de seres humanos que tienen”. Algo de eso empezó, en estos días, en la provincia de Santa Fe.
Fuentes: “Magia blanca”, de Walter Goobar, revista Veintitrés, marzo de 2006 – “La izquierda diario”, nota de Cecilia Rodríguez, jueves 30 de septiembre de 2016.
“Tucumán en alerta por los suicidios de adolescentes. Una provincia movilizada tras la muerte del cura Viroche. Son jóvenes adictos que se ahorcan en medio de la depresión que les genera el consumo. En Costanera, el barrio “cuna” de la pasta base, hubo diez casos en menos de dos años”, dicen los diarios del tercer fin de semana de octubre de 2016.
La tierra del azúcar parece volverse amarga por el regreso del mito de El Familiar, la bestia que vivía en el interior de los grandes ingenios y que todas las noches se tragaba la existencia del obrero más rebelde. Un monstruo al servicio de los patrones. El Familiar fue institucionalizado a partir del genocidio iniciado el 24 de marzo de 1976. Hoy la bestia parece haber regresado y desafía al poder de la democracia que en diciembre cumplirá treinta y tres años, los mismos que vivió el revolucionario de Galilea. Y la señal del regreso de otro familiar parece haber sido la extraña muerte de un sacerdote que intentaba caminar por el sendero de aquel insurgente crucificado.
“La muerte del padre Juan Viroche es la muestra de hasta qué punto llega el apriete de las bandas del crimen organizado”, dice el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano, también presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina.
“También es un mensaje para el Estado. Estas bandas criminales pretenden desplazar al Estado de derecho. Y muchas veces lo logran. Imponen por la fuerza sus códigos reemplazando las leyes y deciden quién sí y quién no en la circulación, la asistencia sanitaria, educativa; quién vive y quién muere. Es un atropello contra la democracia. Nadie los votó, pero deciden y “gobiernan” igual. Son como “poderes de facto” que enlutan la Patria. Hace años que desde diversos lugares y actores sociales lo venimos señalando”, agregó Lozano.
Esas bandas criminales que se tragan la vida de los pibes en Tucumán recuerdan a El Familiar.
Pero Lozano habla de poderes de facto.
En la causa conocida como “Los Monos”, en la resolución de febrero de 2014, el juez provincial de Santa Fe, Juan Carlos Vienna, dice que la organización creó un “gobierno de facto” en la zona sur de Rosario luego de usurpar las casas de los que debían irse con motivo de la construcción del más espectacular casino de Sudamérica, el “City Center”, propiedad de Cristóbal López, el otrora poderoso empresario kirchnerista. El intendente de Rosario era el actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
Nunca dijo nada al respecto.
Pero en las últimas horas tuvo que hablar como gobernador: “En lo personal obviamente no comparto la decisión que han tomado estos ex ministros (de las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti) de asumir la defensa de personas que están imputadas en caso de lavado y defraudación. Por supuesto que desde ámbito profesional esto se puede entender, pero no desde la ética política…Tenemos que estar de un lado o del otro en la lucha contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción, en todas sus formas y todos sus niveles”, dijo Lifschitz, el mismo ex intendente que nada dijo del gobierno de facto constituido por Los Monos.
El miércoles 12 de octubre fueron allanados 21 lugares céntricos rosarinos e imputados una docena de profesionales por estafas cercanas a los 50 millones de pesos. Los ex ministros de justicia y derechos humanos de las primeras gobernaciones socialistas de la provincia, Héctor Superti y Juan Lewis, asumieron la defensa de algunos de esos presuntos timadores.
Los gobiernos de facto, tanto en Tucumán como en Rosario, solamente pueden ser posible por el lavado de dinero que se hace en la geografía del privilegio de las principales ciudades, intereses que, de alguna forma, siempre tendrán vinculaciones con nichos corruptos de los tres poderes de la república que no es.
Las andanzas del nuevo familiar tienen los protectores de siempre, los profesionales amigos del poder.
Las víctimas, también como siempre, están en los barrios y son jóvenes menores de treinta años.
Fuentes: Diario “Clarín”, domingo 16 de octubre de 2016; “Los poderes de facto del narcotráfico”, Conferencia Episcopal Argentina; Diario “El Litoral”, Santa Fe, sábado 15 de octubre de 2016; Diario “El Ciudadano & La Región”, Rosario, domingo 16 de octubre de 2016.
Por arriba, los negocios de los delincuentes de guante blanco y la construcción de impunidad; por abajo, el dolor de las vidas adolescentes en los barrios, donde la gendarmería golpea simulando “luchar” contra el narcotráfico y la circulación de las armas. Un clásico rosarino.
Que, por supuesto, se sigue con menos atención que el de Central y Ñuls.
Once empresarios están imputados de lavado de activos, entre ellos un gerente del poderoso diario “La Capital”, Pablo Abdala, que ya quedó libre, demostrando cómo el trabajo de decenas y decenas de periodistas es usado para generar negocios a favor de muy pocos. Sucede en casi todos los grandes medios de comunicación de la provincia y del país.
Alguna vez, Ovidio Lagos, un urquicista fervoroso, dijo que “las columnas de “La Capital” le pertenecen al pueblo”. Desde hace años, esas columnas le pertenecen a los que hacen negocios a costillas del pueblo.
Cuando la jueza que lleva adelante la causa, Mónica Lamperti, sostuvo la necesidad de la prisión para nueve de los imputados, dijo, entre otras cosas, el
“eventual despliegue de influencias… con posibilidad de forjar relaciones económicas valiéndose de sus incumbencias profesionales».
Son palabras que deben valorarse en toda su dimensión política, social, cultural y económica.
Los delincuentes de guante blanco pueden desplegar influencias y forjar relaciones económicas valiéndose de sus incumbencias profesionales. Toda una definición conceptual de lo que pasa en la alta sociedad rosarina, en la alta sociedad argentina.
Por abajo, en tanto, son las maestras, los maestros y las pibas y los pibes los que lloran la muerte de un amigo y explican el otro lado del clásico de una sociedad atravesada por el capitalismo de forma feroz.
“Cachi, como lo llamaban sus amigos, tenía 18 años y era alumno de 4º año de la Escuela Madres de Plaza 25 de Mayo. En la madrugada del 2 de octubre pasado fue baleado desde un auto blanco en barrio Municipal. Allí se crió y pese a que desde hacía algunos años vivía con su familia en barrio Triángulo, donde se encuentra la escuela, todas las semanas regresaba al Fonavi de Grandoli y Gutiérrez, donde sigue viviendo su abuela, para estar con sus amigos de la infancia. Por eso el dolor se multiplica por dos: entre los pibes del barrio y los compañeros de la escuela. Dos barrios que aún buscan una explicación para una joven vida apagada con el plomo de las balas”, dice la excelente nota escrita por Marcela Isaías y Matías Loja.
“Uno de los chicos cuenta el temor que vivencian cuando los paran los gendarmes: «Si no les hacés caso a lo que te dicen o por ahí si no pusiste los pies así, juntos, te dan tremenda patada».
Otro de los adolescentes presente en las escalinatas de Tribunales relata un violento episodio que le tocó vivir semanas atrás, cuando regresaba de noche de trabajar. Cuando bajó del colectivo se topó con un grupo de gendarmes que lo increparon. «¿De dónde venís?, ¿a dónde vas?», le preguntaron. «Me pidieron los documentos, les dije que me los había olvidado y me empezaron a pegar en las costillas». Otro de los chicos agrega: «Por todo lo que está pasando ya no me pongo más la gorrita», apunta el artículo.
“Marcela Albertossi es docente de matemática en la Madres de Plaza 25 de Mayo, la escuela a la asistía Cachi. Lo tuvo en primer año y lo describe como un chico «dulce, cariñoso, impecable y siempre con una sonrisa». El día de la concentración frente a Tribunales lleva un cartel escrito sobre cartulina verde que dice: «Queremos despedir a nuestros alumnos porque egresan del secundario, no para dejarlos en el cementerio». Rodeada por sus alumnos la profesora cuenta que dentro de la escuela no hay violencia y que incluso desarrollan un proyecto de juegos que por lo innovador también replican otras instituciones de la zona”, sostiene la crónica.
El otro clásico rosarino se juega todos los días.
Por arriba, los delincuentes de guante blanco moviendo influencias para desbaratar una de las pocas causas que los pone en el centro de la acción judicial; por abajo, en tanto, el dolor, la hipocresía de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales y el extraordinario compromiso de maestras y maestros que siguen intentando la esperanza a pesar de tanta construcción de impunidad.
Fuente: Diario “La Capital”, de Rosario, sábado 22 de octubre de 2016.
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se reunieron hace algunos días para elogiar el desarrollo del convenio que generó la intervención de la Gendarmería en once ciudades de la enorme geografía del segundo estado argentino.
“Fuentes de la provincia revelaron que el encuentro fue positivo, que se hizo un balance de las tareas desarrolladas en el primer mes de trabajo conjunto y se hizo especial hincapié en el primer operativo integral que se llevó adelante ayer en las diez ciudades donde está Gendarmería en Santa Fe. Asimismo, se establecieron las pautas de cara a las tareas que se van a llevar adelante de aquí en más. «Hubo muy buena sintonía», aseguraron desde la administración santafesina”, repitieron los grandes medios de comunicación.
Una semana antes, los integrantes de la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Adolescencia de Rosario en su pelea por lograr un cachito de justicia, se manifestaron por el esclarecimiento del asesinato de tres pibes cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.
Dice la redacción de “Rosario Plus”, a propósito, que “las muertes de Franco Casco, Jonatan Herrera y Gerardo Escobar se convirtieron en los tres casos de violencia institucional más emblemáticos de Rosario, pero no son los únicos. Sus historias no ganaron la agenda mediática”; por eso el jueves 20 de octubre, frente a la sede de Fiscalía, sus allegados hicieron escuchar el pedido de justicia.
Familiares y amigos de Brandon Cardozo, Jonatan Ojeda y Maximiliano Zamudio, acompañados de otros familiares de víctimas de violencia y organizaciones sociales”, se reunieron ese día para reclamar justicia ante los tribunales rosarinos.
Esas historias apuntan al lado oscuro de los discursos políticos, judiciales y policiales.
Están allí para destacar que hay negocios mafiosos muy firmes que se nutren con los silencios permanentes, transversales y funcionales a la idea de construir una sensación de paz social que, en realidad, significa la tranquilidad de muy pocos.
Brandon Cardozo, por ejemplo, tenía 16 años cuando fue asesinado. El joven se encontraba festejando con amigos la llegada del año nuevo en una fiesta al aire libre, en Centenario y Entre Ríos, pero en el medio de la celebración se desató una pelea entre bandas que terminó con disparos. Uno de ellos dio en el mentón de Brandon, que perdió la vida camino al Hospital Roque Sáenz Peña.
Días después, un policía declaró en Fiscalía que el autor del disparo había sido un compañero suyo y entonces se detuvo a Emiliano Gómez, agente de la Brigada Motorizada. El efectivo fue imputado por homicidio agravado y se encuentra con prisión preventiva, pero la familia de la víctima reclama que la carátula cambie a homicidio calificado. Gómez, en tanto, asegura ser inocente y señala a quien lo delató como el autor del disparo mortal.
Jonatan Ojeda, en tanto, el 18 de octubre de 2015 fue víctima de una persecución por parte de un policía que desde hacía tiempo lo hostigaba. La víctima tenía 17 años y regresaba de bailar rumbo a su casa de barrio Itatí cuando el agente Martín Robledo comenzó a seguirlo en su automóvil mientras le disparaba.
El joven resultó gravemente herido y finalmente murió producto de los disparos recibidos (uno de ellos en el pómulo izquierdo). Mientras Jonatan se encontraba inconsciente, según declaró su madre, el policía intentó poner a su lado un monedero de color negro y un arma. Sin embargo, familiares y conocidos se lo impidieron. Cuando llegó el Comando Radioeléctrico (CRE) al lugar del hecho, los efectivos decidieron proteger a Robledo, quien permanece en libertad a pesar tener ocho causas abiertas por otros delitos.
Por otro lado, Maximiliano Zamudio, a los 16 años recibió tres impactos de bala que provinieron de un arma no reglamentaria. Quien disparó fue un policía, que en su declaración intentó defenderse al argumentar que Maximiliano le quiso robar junto con otro joven y que disparó cuando los adolescentes lo amenazaron.
“Pero nunca se encontró ningún arma a Zamudio y los testigos aseguraron que el chico estaba solo. La mamá de la víctima y los testigos dicen que el prefecto lo remató en el suelo. Como el fiscal de la causa considera que no hay peligro de entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga, el agente se encuentra libre y en ejercicio de sus funciones”, dice la precisa descripción de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Rosario y la crónica de “Rosario Plus”.
Crónicas de tres pibes rosarinos que fueron arrasados por ese lado oscuro de la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
Historias que gracias a sus familiares y la militancia de numerosas organizaciones sociales y políticas cuestionan los avances en seguridad que logran funcionarios nacionales y provinciales.
Fuentes: Diario “La Capital”, miércoles 26 de octubre de 2016; Redacción de Rosario Plus, jueves 20 de octubre de 2016; documentos de la Asamblea por los derechos de Niñez y la Adolescencia de Rosario.