Por Carlos del Frade

Santa Fe, junio de 2017.

Prólogo

“Hace años la Cámara Federal de la Provincia de Salta demandó que se “radarice” el norte del país porque «llovía droga», esto ocurrió en septiembre de 2009, el reclamo lo hizo uno de los tribunales federales directamente inferiores a la Corte a su superior jerárquico, el máximo tribunal de justicia de nuestro país. La Cámara Federal de Apelaciones provincial pidió esto a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para que realice una gestión al Poder Ejecutivo. Solicitaron el establecimiento de controles aéreos. En esos días el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt advirtió sobre la necesidad de que «no siga lloviendo droga» en el norte de la Argentina, tal como lo advirtieron altos miembros de la justicia de Salteña. Ricardo Lorenzetti, advertido por uno de sus colegas, y peor aún, por sus inferiores jerárquicos a quienes debía prestarle asistencia y representar ante los otros poderes del Estado en el verdadero rol institucional que debe tener un Presidente de la Corte nada hizo al respecto. Peor aún, lejos de ayudar a los jueces salteños, tomó como ejemplo de la lucha contra el narcotráfico al juez salteño que era cómplice del mismo, al hoy procesado por encubrimiento y connivencia con bandas narcos Raúl Reynoso”, sostiene el punto veinticuatro del pedido de juicio político de la diputada nacional, Elisa Carrió, contra el presidente de la Corte Suprema de Jusitica de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

Más allá de la suerte que corra la demanda, la Argentina contemporánea está atravesada por las denuncias de connivencia de diferentes funcionarios, nacionales, provinciales, municipales y comunales, con el negocio paraestatal y multinacional del narcotráfico, una de las cinco vías con que se alimenta el capitalismo desde hace, por lo menos, cinco décadas, según consignan organismos tales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización del Comercio y Desarrollo Europeo y hasta el mismísimo Fondo Monteario Internacional.

El ex secretario de lucha contra el narcotráfico, José Ramón Granero, está procesado por haberle vendido decenas de toneladas de efedrina a los narcos mexicanos.

En la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, funcionarios políticos y policiales pueblan los expedientes judiciales vinculados al negocio, mientras las cárceles duplican la cantidad de pibes y mamás jóvenes detenidos por vender pequeñas cantidades para gambetear los efectos de la pobreza impuesta y planificada.

El negocio crece: por un lado se lavan dineros en los centros de las grandes ciudades y, por otro, se multiplican las muertes de los chicos y las chicas.

En la provincia de La Rioja, una madre denuncia al ex gobernador Beder Herrera por connivencia con los narcos que dominan los barrios de la ciudad capital; mientras que en Tucumán, las mafias narcopoliciales usan a chicos cada vez más chicos para el negocio.

En Salta y Jujuy, la ruta inaugurada por los negocios paraestatales de las dictaduras de Videla y Massera, hace cuarenta años atrás, se renuevan permanentemente; en forma paralela que el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, está siendo investigado por el valiente juez federal de Reconquista, norte profundo de Santa Fe, Aldo Alurralde, por complicidad con una banda narcopolicial de varias provincias argentinas, entre ellas Santa Fe y Corrientes.

En Córdoba y Entre Ríos, sacerdotes y jueces denuncian la conexión entre las bandas y nichos corruptos del poder político.

En la provincia de Santa Fe, mientras se espera el primer juicio a la banda de Los Monos, un ex jefe de la policía se encuentra preso por formar parte de una banda narco. Pero no hay autocríticas ni análisis de los sectores gobernantes. Como si al comisario Hugo Tognoli lo hubiera puesto el espíritu santo y no el gobernador de entonces. La justicia federal de Rosario parece, recién ahora, despertarse de su larga siesta en la materia y aunque la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, haya declarado que desde hace por lo menos quince años que la Prefectura no controla los puertos privados por donde se mueve el 75 por ciento de las exportaciones del país, no hay menciones en torno a los casos que desde 2008 se repiten como exportaciones de cientos de kilos de cocaína desde los muelles rosarinos o la región.

Desde 2007, como consecuencia de la decisión política de Estados Unidos y Canadá de imponer la restricción al gobierno mexicano de no importar más efedrina, la Argentina se convirtió en un territorio de multiplicación de bandas narco con inclusión de representantes de organizaciones de otros país, como lo demuestran las causas de Carbón Blanco, Mario Roberto Segovia (el llamado rey de la efedrina) y Narcoarroz, todas ellas con referencias muy fuertes en la provincia de Santa Fe.

La Argentina es un país narco.

Una planificación que comenzó en aquellos negocios ilegales entre las dictaduras de Videla y Banzer.

Con las rutas que siguen vigentes hasta el presente: la 11 y el río Paraná, para la marihuana que viene del Paraguay; por el aire y las rutas 34 y 38, para la cocaína que viene del Perú y Bolivia.

Hoy la Argentina es el tercer país exportador de cocaína y el segundo de metanfetaminas de América para el mundo.

Los cinco negocios básicos del capitalismo son cada vez más implacables en el presente del país que soñó vivir con gloria cuando en el trono de la vida cotidiana se encuentre la noble igualdad.

Hoy el sueño de la noble igualdad pierde por goleada.

Hoy, entonces, la pesadilla de la innoble desigualdad, es ganadora permanente e impune.

Petróleo, armas, medicamentos, narcotráfico y trata –las cinco vías, los cinco negocios del capitalismo- florecen en la Argentina.

El decreto 228 del 21 de enero de 2016 que firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti declaró a la Argentina en emergencia nacional la cuestión de la seguridad. Habilitó a las fuerzas federales a intervenir en las provincias argentinas que enfrentan el llamado “peligro colectivo del narcotráfico”. La consecuencia fue la presencia de gendarmería, policía federal y prefectura en los barrios periféricos de 11 ciudades de Santa Fe, entre otras intervenciones.

La cocaína, la marihuana y las metanfetaminas crecen, al mismo tiempo que esas fuerzas de seguridad nacionales refuerzan el control social sobre la pibada sin trabajo. Es más control social que supuesto combate contra el narcotráfico. Pero el macrismo ha hecho de esta idea, su relato. Por eso se exageran las calificaciones sobre los procedimientos de rutina en cualquier punto de la fenomenal geografía argentina.

El negocio continúa porque no solamente es constitutivo al capitalismo, sino también al corazón de su esencia: no hay persecución alguna a los delincuentes de guante blanco, los verdaderos titiriteros del negocio.

En el relato del combate al narcotráfico que asumió la administración del ingeniero Mauricio Macri, hay inflación de personajes orilleros pero pocos banqueros, jueces, políticos o funcionarios estatales.

El clasismo del sistema: vigilar y castigar por abajo, mirar para otro lado cuando las causas están por arriba.

Hay una novedad que se expresa en las cifras. Hay menos homicidios en las principales provincias argentinas relacionadas con el negocio narcopolicial. Pero esa realidad también es dual. Los asesinatos narcos se hacen cuando quieren las bandas. Ahora el problema no es la cantidad, sino la calidad. Se descendió a un círculo de mayor profundidad en relación a la violencia. La realidad es más densa, más compleja.

Las propuestas del gobierno, en un año electoral donde se eligen las autoridades del medio mandato, son duplicar las cárceles, bajar la edad de punibilidad y reducir la pena a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Es la consolidación del decreto 228 firmado por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. La versión argentina del Plan Colombia. Mano dura con los de abajo, mano blanda con los de arriba.

Narcotráfico, poder y esperanza, es la síntesis de informaciones y notas producidas en el período que va entre junio de 2016 y junio de 2017.

Un panorama de lo que sucede en las principales provincias argentinas, fundamentalmente Santa Fe y que cuenta, en esta ocasión, con el aporte de dos excepcionales trabajadores de prensa de investigación, como son Daniel Enz y Juan Federico, que describen la realidad de Entre Ríos y Córdoba, respectivamente.

El presente está abierto.

La esperanza se construye protagonizando la historia y diciendo lo que los demás callan.

Las transformaciones sociales y políticas dependen de ese protagonismo.

En ese camino, entonces, avanzan estas líneas.

Carlos del Frade.

Diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe.

Periodista de investigación y escritor.

DNI 14.729.802

delfradecarlos@gmail.com

La DEA y la muerte cotidiana de los pibes.

El imperio está presente en la vida y la muerte cotidiana de las pibas y los pibes en los arrabales de las grandes barriadas argentinas. No es una melancólica consigna de los años setenta. Es puro sentido común frente las recientes informaciones donde se cruzan policías corruptos, grandes negocios del sistema y resignación política.

“El diputado nacional Felipe Solá reveló que el secretario de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, le dijo durante una conversación privada que el nombramiento de Pablo Bressi como jefe de la Policía provincial respondía a una exigencia de la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. “Lo piden la Embajada y la DEA” fue la respuesta que el diputado massista dijo haber obtenido de boca de Ritondo, a quien intentaba advertir sobre el “gravísimo error” de la designación de Bressi. Solá metió así la cola en la interna de Cambiemos en la provincia de cara a las elecciones del año próximo, en llamas desde que Elisa Carrió, quien busca encabezar la lista de senadores, dijera públicamente que Bressi es “un cómplice del narcotráfico” y llamara la atención sobre el “problema muy grave de la seguridad” en el distrito que gobierna Maria Eugenia Vidal”, remarcaron esta semana los principales diarios de la Argentina.

-Me asustó mucho cuando me contestó que lo pide la Embajada, la DEA…Si vos querés combatir el narcotráfico en los barrios del Gran Buenos Aires y pensás que los objetivos de un gobernador de Buenos Aires son los mismos que los de la DEA, o no entendiste nunca nada o sos un zonzo, elegí…A la DEA no le importa el paco en los barrios…está enfocada en otras cosas más grandes – agregó el ex gobernador del principal estado argentino, la provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son esas “cosas más grandes” de la DEA?.

En estos mismos días, el presidente del estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales, denunció a través de un comunicado de prensa que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, “se quedaba con el 50 por ciento de la cocaína” que incautó en Bolivia para financiar actividades ilícitas.

Según señaló la cadena de noticias TeleSUR: “El mandatario boliviano explicó que agentes de la DEA aceptaron que ganancias de las incautaciones eran utilizadas para pagar bonos a las autoridades y a los agentes encubiertos”.

Morales ya había señalado en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) que Estados Unidos “creó, con el problema de las drogas, la excusa mañosa para aplicar una lógica imperialista de control de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas de la región, para interferir en la administración de los Estados”.

“El Imperio ha utilizado esta guerra hipócrita para inducir una estrategia militar y geopolítica intervencionista en las zonas ricas de recursos naturales, para el control y saqueo de los mismos. Donde está instalada la DEA y las bases militares de Estados Unidos, crece el narcotráfico, la delincuencia, los gobiernos privatizadores, los sistemas judiciales y policíacos de la narcocorrupción, la riqueza ilegal, las élites millonarias corruptas servibles y funcionales al imperio”, agregó Evo Morales.

En marzo de 2016, las noticias decían que Estados Unidos “aumentará la cantidad de agentes permanentes de la agencia antinarcóticos (DEA) en la Argentina y reabrirá la oficina de Salta, que había sido clausurada cuando crecieron las diferencias entre el gobierno de Cristina Kirchner y la administración norteamericana. En el mejor momento de la relación, la DEA tenía seis agentes permanentes en la oficina de Buenos Aires. Durante la crisis los redujo a tres. Ahora volverá a su número original, según informaron fuentes judiciales, en el marco de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de recomponer el intercambio con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y la visita de Barack Obama a la Argentina”, apuntaban los medios de comunicación.

De tal manera, el norte también existe en la vida y la muerte cotidiana de las pibas y los pibes de estos arrabales del mundo.

Fuentes: Diario “Página/12”, miércoles 13 de julio de 2016 – “Resumen Latinoamericano”, edición del primero de julio de 2016 – Diario “Perfil”, 12 de marzo de 2016.