Por Carlos del Frade.
La historia personal del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, es la expresión individual de una matriz de concentración de riquezas en pocas manos a partir de la construcción de impunidades y favores sectoriales. Desde Rafaela a la Nación, los intereses que hicieron del abogado el más poderoso magistrado de todos los tiempos se reciclan mientras que los padecimientos se vuelven colectivos desde mutuales que cierran, sanatorios que quiebran y obras sociales que se secan. La influencia de Lorenzetti no tiene que ver con su capacidad personal sino con los distintos organismos de control, tanto santafesinos como nacionales, que no funcionan a favor de las mayorías sino en beneficio de los privilegiados de siempre. Las recientes denuncias de la diputada nacional Elisa Carrió revelan la continuidad de los intereses de los antiguos socios rafaelinos de El Supremo y esa articulación de factores de poder que revelan una Argentina manejada por minorías. Tomar conciencia de esta historia es también una manera de pensar en la necesaria transformación que merecen los que son más en estos arrabales del mundo.
El poder de Carlos Tita
Rosario y Plácido Tita compraron el sanatorio Nosti en 1986. El primero era padre de siete hijos y el segundo, de Carlos.
A principios del tercer milenio, antes del estallido de diciembre de 2001, comenzaron las acusaciones mutuas entre los integrantes de la familia no solamente por el capital social de la empresa sino también por la participación en las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa y también a principios del nuevo siglo.
Denuncias cruzadas, solicitadas, cartas abiertas y conformación de un oligopolio de sanatorios que concentraba la mayoría de los servicios de salud en la ciudad de Rafaela, la llamada perla del oeste santafesino.
El 9 de mayo de 2008, Carlos Tita logró la nulidad de la sesión de las acciones de Rosario para sus hijos.
El abogado que lo representó era Lucas Marín, integrante del estudio de Ricardo Lorenzetti, hoy devenido en primer juez laboral de la ciudad.
En su momento, alrededor de 2004, Carlos había logrado que dos de los siete hermanos, Daniel e Ivana, entregaran sus acciones a su favor.
Hay nuevas presentaciones en distintos ámbitos de la justicia y en junio de 2008, le conceden a Carlos Tita una medida cautelar por la que suspenden la cesión de las acciones de Rosario a sus cinco hijos.
Por un monto de más de 50 millones de pesos en juego por el dominio del Sanatorio Nosti, se paga una muy reducida fianza de 60 mil pesos.
En 2011, sin embargo, el juez Elio Ercole decide levantar la suspensión a favor de los hermanos que venían enfrentando los distintos negocios encabezados por Carlos Tita pero la medida fue apelada.
El representante legal de Carlos Tita y Tita SA es ahora nada menos que Pablo Lorenzetti, hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La causa está en la Cámara Civil de la ciudad de Rafaela.
Pero Carlos Tita avanzó más.
Convocó a una asamblea de accionistas, el pasado 25 de octubre de 2012, de la cual no pudieron participar los cinco hijos de Rosario y decidieron reducirles el capital del 35 por ciento a solamente el 7 por ciento.
Carlos Tita, además, cuenta con el asesoramiento del abogado especialista en sociedades de la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Nissen.
Sin los cinco hermanos Tita que se oponen a esta forma de hacer negocios que viene desde los años noventa, Carlos ha constituido, prácticamente, ya no un oligopolio de la salud privada en Rafaela, sino de un verdadero monopolio.
En las próximas semanas, Gustavo y Luis pueden quedar en la calle, sin trabajo y afuera de la casa laboral de su padre.
“Nos preguntamos: ¿De qué nos servirá que se rechace la demanda principal, dándosenos la razón, si cuando se levante la cautelar los otros socios, actores en esa aventura judicial ya habrían obtenido lo que perseguían que era despojarnos de nuestro capital social?”, dicen Gustavo y Luis en una nueva presentación judicial.
“¿Para qué querríamos nosotros ganar el juicio si de todas maneras ya habríamos perdido nuestra calidad de socios, al amparo de una mera medida cautelar?. Cuando finalice el juicio, de todas maneras, ya habríamos perdido “legalmente” el 35 por ciento de nuestro capital social, reduciéndose al 7 por ciento nuestra participación accionaria en nuestra empresa familiar que nuestro padre y nuestro tío la constituyeron al 50 por ciento para cada familia…”, sostiene ese mismo documento.
Agregan que “la suscripción de las acciones del aumento de capital por todos o algunos de los accionistas que asistieron a la Asamblea General Ordinaria del 25 de octubre de 2012, desnudará la verdad de las cosas y pondrá en evidencia la maniobra de la que somos víctimas, ya que si tienen plata para suscribir el aumento de capital, tenían dinero para hacer un préstamo a Tita SA sin excluirnos a nosotros, sin dañar nuestro patrimonio y sin recurrir a ninguna institución bancaria”.
La suerte personal de Gustavo y Luis es algo más que una cuestión individual.
Se trata de un castigo impuesto por sectores concentrados de la economía y la justicia que no pueden tolerar proyectos autónomos.
Ya sucedió con los integrantes de la Asociación Médica del Departamento Castellanos que se animaron a cuestionar las prácticas de un grupo de sanatorios más cercanos al negocio que a la salud.
Cuando aquellos dirigentes le pidieron a este cronista hacer un libro de la experiencia gremial y política donde está incluido el rol de Lorenzetti como socio y permanente asesor de estos grupos dominantes, el resultado fue la intervención de la Mutual y el encierro de casi dos mil ejemplares en una habitación bajo llave del edificio, lugar donde siguen estando secuestrados en pleno tercer milenio. Una verdadera vergüenza para la cultura rafaelina en particular y argentina en general.
Tampoco es casual que en los últimos días, el viernes 23 de noviembre de 2012, el diario “La Opinión”, de Rafalea, haya publicado una información titulada: “Primer fallo firme en Rafaela por reenviar e-mails injuriosos”.
“Pocas semanas atrás –más precisamente a través de un fallo fechado el 16 de octubre último- se tuvo noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, desestimó una queja planteada, y fijó una sentencia que constituye el primer fallo firme que se dictó en Rafaela por responsabilidad civil, de quien envía o reenvía contenido injurioso y/o calumnioso a través de medios electrónicos, más exactamente un correo electrónico (e-mail). Si bien aún se puede recurrir a la instancia superior que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, letrados ligados al caso desestimaron que esto pudiese ocurrir momentáneamente”, decía el diario.
Agregaba que “el proceso que dio pie a lo citado anteriormente fue iniciado el 12 de abril de 2005 por los médicos Leonardo Luis Parra y Reynaldo Casabella contra un estudio jurídico de la ciudad, por resarcimiento de los daños que por calumnias e injurias les causó un e-mail que tuvo mucha difusión durante los meses de abril y mayo de 2002”, explicaba la publicación.
Médicos, sanatorios, negocios, prestadores del PAMI, causas judiciales, censuras y persecuciones forman parte del presente rafaelino.
Un presente que es hijo directo del pasado de Ricardo Lorenzetti.
Lo que sigue forma parte de una historia que va mucho más allá de peleas familiares y pagos chicos.
Se trata de una matriz de construcción política y económica que tiene como base el negocio de la salud y como factor de desarrollo las relaciones judiciales.
Una nueva manifestación de la continuidad de los años noventa bajo un ropaje discursivo supuestamente progresista.
1994
El primero de marzo de 1994 los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafaela Barreiro, integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente, firmaron el contrato mediante el cual se constituyó “Asistencia Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
“ASIS SRL (su denominación en siglas) fue el paso inicial dado por los dueños de clínicas y sanatorios locales para gerenciar los contratos de las obras sociales. Y Lorenzetti ya estaba ahí. Según expresa la cláusula decimoquinta del contrato, el abogado estaba facultado por los socios para realizar trámites legales en representación de la flamante sociedad, tarea que compartía con el doctor Juan Carlos Gómez Galissier. El primero de noviembre del mismo año ingresa a Asis un nuevo socio: el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud a nivel local. A la fecha de este acuerdo la sociedad ya gerenciaba el contrato de prestaciones del PAMI y de las obras sociales Osecac, Osplad, Seguros, Osinra y Ostel”, dice la excelente nota del periodista Gabriel Pecile, “Curriculum no autorizado del nuevo presidente de la Corte Suprema”, publicada en el periódico “El Tábano”, en noviembre de 2006.
“En el mismo contrato, los representantes de los sanatorios se comprometieron a celebrar en conjunto nuevos contratos de prestaciones y dieron el puntapié inicial para la conformación de un único sistema de prestación médica prepaga que años más tarde sería vendido a Sancor. Hasta entonces, en los contratos figuraban sólo los miembros de Asis más Casabella, pero no se incluían los demás socios de los sanatorios. Esta forma contractual, que habría sido sugerida y avalada por Lorenzetti, desataría más adelante una interna entre los socios de los sanatorios con plantesos y denuncias ante la justicia”, sigue diciendo aquella crónica.
El 10 de enero de 1996 “las autoridades de las clínicas se comprometieron a llevar adelante” un plan de reducción de costos “derivados de la administración conjunta de los convenios, de los costos intersanatoriales” y “de los contratos que firmen para prestar servicios médicos”.
Según Pecile surgió una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. “Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti”, apunta el periodista.
El 16 de abril de 1994 terminaba Asis y surgía APREME SRAL.
Lorenzetti dejaba de ser asesor y ahora era socio que recibiría una suma de 4 mil pesos mensuales como piso mínimo deducible de ganancias.
Según el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), “un primer análisis de esta estipulación parecería calificarla como violatoria de lo dispuesto en la ley de sociedades comerciales y sin ninguna razón aparente para ello, pues respecto de ninguno de otro socio se incluyó una cláusula semejante” y aclaró además que en las sociedades en que el abogado rafaelino no era socio, “era apoderado o asesor legal” y asimismo “era abogado de los distintos médicos miembros de las sociedades a quienes representó en juicios y luego –ejercitando representaciones de otros accionistas- demandó”.
El escrito menciona incluso “un posible conflicto de intereses en la actuación de Lorenzetti en el juicio Colomba vs. Barreiro, Luis María por mala praxis. El mismo documento de Fores resalta que “existió al menos una denuncia penal por defraudación formulada por el médico Gustavo Tita contra los socios de APREME con referencia a la relación PAMI-APREME”, sostiene la nota.
Agrega que en agosto de 2001, Lorenzetti le envió una carta documento a APREME: “Habiendo renunciado por razones personales a toda vinculación con esa empresa, deseo reiterarles mi deseo de no participar en ninguna gestión oficial o de mediación. Ruego asimismo que no se mencione mi nombre ni el de mi estudio en ninguna actividad que se realice”.