Por Carlos del Frade.

 

La historia personal del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, es la expresión individual de una matriz de concentración de riquezas en pocas manos a partir de la construcción de impunidades y favores sectoriales. Desde Rafaela a la Nación, los intereses que hicieron del abogado el más poderoso magistrado de todos los tiempos se reciclan mientras que los padecimientos se vuelven colectivos desde mutuales que cierran, sanatorios que quiebran y obras sociales que se secan. La influencia de Lorenzetti no tiene que ver con su capacidad personal sino con los distintos organismos de control, tanto santafesinos como nacionales, que no funcionan a favor de las mayorías sino en beneficio de los privilegiados de siempre. Las recientes denuncias de la diputada nacional Elisa Carrió revelan la continuidad de los intereses de los antiguos socios rafaelinos de El Supremo y esa articulación de factores de poder que revelan una Argentina manejada por minorías. Tomar conciencia de esta historia es también una manera de pensar en la necesaria transformación que merecen los que son más en estos arrabales del mundo.

La suerte de una solicitada

El 18 de febrero de 2002, una solicitada aparecía en el Diario “Castellanos”, donde se podía leer: “El año pasado firmamos públicamente que “más allá de los quirófanos y los consultorios, la salud esconde grandes y millonarios intereses. Corroborando  esa patética realidad, esta semana el interventor del PAMI, José Corchuelo Blasco, ha reconocido públicamente la tremenda “corrupción” que rodea a esa entidad. Más aún, Blasco afirma en “La Nación” del 15 de febrero de 2002, página 15, “que este mes pagamos 100 millones de pesos en prestaciones y que no diré la cifra, pero gran parte de ese dinero quedó en manos de las gerenciadoras en vez de llegar a los beneficiarios del PAMI. Esa corrupción ha requerido necesariamente del accionar y la voluntad de quienes se ubican de ambos lados del mostrador. Esa misma situación se enmarcaría en las relaciones con otras obras sociales, fomentándose una cultura detestable”.

El escrito avanzaba diciendo que “ninguna de esas consideraciones resulta novedosa y entendemos que no existiría alguna razón por la cual Rafaela y/o esta región pudiera resultar una excepción. El “negocio” no es nada despreciable si se piensa, por ejemplo, que una entidad local como APREME SRL, sólo por su actividad intermediadora entre obras sociales y médicos/sanatorios, en sus ejercicios anuales números 2, 3, 4, 5 (este último cerrado el 31 de enero de 2001) ha blanqueado ingresos que ascienden a 14.163.104,46 pesos, es decir a un promedio de más de 3,5 millones de pesos por año”, afirma la solicitada.

“Todo un gran negocio si se piensa que sus socios Rafael Barreiro, Leonardo Parra, Carlos Tita, Reynaldo Casabella, Ricardo Luis Lorenzetti, Gustavo Tita y José Abdullatif, originariamente establecieron como capital social la suma de 10 mil pesos, integrando sólo el 25 por ciento de esa cantidad. Hace varios años un grupo de médicos, abogados y contadores, monopolizando los servicios, habrían operado despóticamente en los negocios de la salud. Su mejor protección ha sido la desprolijidad con la que habrían llevado adelante sus tareas y la desinformación a la que han sometido a médicos y pacientes, haciendo y deshaciendo a su más absoluta voluntad, bajo un detestable manto de indemnidad”, remarca el texto publicado en el diario.

“Nuestro objetivo es corregir esas “desviaciones” que han generado indignidad en los médicos y sanatorios, en un reinado de administradores ricos y administrados pobres. En ese rumbo, intentaron neutralizar nuestra posición con una deshonrosa campaña en nuestra contra, enfrentando a nuestra familia y excluyéndonos de donde han podido (como alguna vez anunciamos públicamente que lo haría) llegando a dudosas instancias judiciales. Hoy lo siguen haciendo, sólo por solicitar que se conozca qué destino ha tenido cada centavo del patrimonio ajeno que han administrado. Nosotros les decimos que seguiremos adelante, rodeados de los médicos y de la gente que nos acompaña cada día en un número mayor. El cambio que intentamos, no es fácil, pero de ninguna manera se logra con un nuevo nombre, ni con una modalidad societaria distinta. El primer verdadero cambio debe ser esclarecer aquellos hechos y juzgarlos”, decían Rosario Tita, Gustavo Tita, Luis Tira, Cecilia Tita e Ivana Tita.

Los dichos de Lorenzetti

 

El 4 de marzo de 2002, el entonces abogado Ricardo Lorenzetti, matrícula 22-12-78, folio 15, tomo III, escribió una carta dirigida a Rosario, Gustavo, Luis, Cecilia e Ivana Tita con el objetivo de responder la solicitada anteriormente mencionada.

Allí dice:”…Mi relación con vuestra familia y el deseo de mantenerla, hace que les escriba estas líneas para aclarar lo siguiente:

1)- Mi participación en APREME SRL, como lo hice saber en una nota dirigida a ustedes en otra oportunidad, ha sido como socio (no gerente), en un 4 por ciento y percibiendo una suma fija. Nunca tomé ninguna decisión vinculada a las prestaciones de salud, ni débitos, ni nada que pueda estar vinculado al trabajo médico. De eso hay suficientes elementos probatorios.

2)- En octubre de 2000 renuncié a APREME SRL…”.

De tal forma se demuestra que Lorenzetti, efectivamente, era socio de la prestadora del PAMI.

La parte final de la carta sostiene: “…El efecto general del comunicado es claramente injuriante para mi persona y deseo creer que no ha sido vuestra intención. Por ello solicito que tengan la buena voluntad de aclarar: 1) que no tienen ningún conflicto personal conmigo; 2) que me he desvinculado de APREME SRL hace un año y medio; 3) que nunca tuve participación de ninguna decisión vinculada al sistema prestacional; 4) que nunca cobré dinero relacionado con las prestaciones de salud; 5) que nunca he amenazado ni presionado a ninguno de ustedes. Creo que son personas de buena voluntad y comprenderán que es necesario que todos vivamos en paz y mantengamos nuestras buenas relaciones”, terminaba la nota.

A partir de ese momento, Gustavo y Luis comenzaron a ser apartados de las decisiones que se tomaban en su propio sanatorio y cobraban sumas muy bajas en relación a al volumen de prestaciones que se hacían.

Para ambos profesionales, Lorenzetti si cobró dinero relacionado con las prestaciones de salud (era uno de los siete socios fundadores de APREME SRL como él mismo lo manifestó) y están convencido que su influencia en la justicia de Rafaela les impide protegerse de las maniobras que se hacen en contra de sus intereses. Ellos señalan que muchos jueces y ex jueces de los tribunales confiesan tenerle miedo al teléfono que llama repetidamente desde Buenos Aires.

“Los que más ganan…”

 

Uno de los médicos que más enfrentó el proceso de concentración de prestaciones de salud privadas en pocas manos fue el doctor Carlos Chiapero.

Cuando estuvo en la comisión directiva de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, le escribió una carta al doctor Leonardo Parra que resulta muy interesante para saber de qué se hablaba en torno a los negocios de la salud y las gerenciadoras como APREME de la cual era socio fundador, Ricardo Lorenzetti.

“Que APREME SRL es una sociedad lícita nunca lo hemos negado pero le recordamos su composición inicial (según el boletín oficial de fecha lunes 13 de enero de 1997): Leonardo Parra, Carlos Tita, Rafael Barreiro, Reinaldo Casabella, José Abdullatif y Ricardo Lorenzetti. Dicha sociedad es de personas y si bien los seis primeros son los principales accionistas de los sanatorios locales se trató de personas particulares tras un emprendimiento personal. Permítannos dudar sobre el hecho de que fue constituida “a instancias de los sanatorios”, como así también reiterar que las gerenciadoras como APREME son las que “menos riesgo corren, menos hacen y más ganan”. Coincidimos que los sanatorios y sus socios como todos los demás prestadores de la salud (médicos, bioquímicos, kinesiólogos, etc.) corren riesgos económicos y laborales, APREME SRL, no”.

“Que APREME SRL no es titular del convenio PAMI lo sabemos. Lo son algunos sanatorios de la Provincia de Santa Fe y por más que las Naciones Unidas aseguran la transparencia del procedimiento licitatorio, la realidad es que APREME intermedia entre ellos y los prestadores ya que facturas, notas de créditos y cheques son emitidos por APREME. Titulares del convenio son algunos sanatorios del Noroeste santafesino, pero intermedia APREME”.

“Sobre la supuesta realidad o irrealidad de las cifras que ustedes manejan queremos recordarles que son socios vuestros los que también las mencionan. Además no podemos dejar de citar lo dicho por el interventor del PAMI, José Corchuelo Blasco en febrero próximo pasado: “Este mes pagamos 100 millones de pesos en prestaciones. No diré la cifra pero gran parte de ese dinero quedó en manos de las gerenciadoras en vez de llegar a los beneficiarios del PAMI” (La Nación, 15/2/02).

…”Nos resulta grata la noticia sobre el proceso de extinción de APREME pues creemos que en parte ello es fruto de nuestra lucha. Es de esperar que su espíritu no permanezca y adopte otras formas. Puede ser que las instituciones que nuclean a todos los prestadores de salud (Asociación de Clínicas y Sanatorios, Asociación Médica, Asociación de Bioquímicos, Kinesiólogos, etc) puedan administrar en conjunto y a partir de ahora los de por si escasos recursos existentes en salud de una manera transparente y equitativa como siempre lo han hecho…”

“Todo lo arriba expuesto es acorde al pedido de “respeto y dignidad” solicitado por ustedes. Teniendo en cuenta además la situación de crisis en que vive la población, no saldremos a la opinión pública sino que lo haremos a través de los medios internos de comunicación”, termina diciendo la carta firmada por Carlos Chiapero.

Mientras tanto, Lorenzetti llegaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lorenzetti presidente

El miércoles 15 de diciembre de 2004, el diario “Página/12”, informaba que  “tal como estaba previsto, el pliego de Ricardo Lorenzetti para ocupar el cargo de Adolfo Vázquez en la Corte Suprema fue aprobado ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado. Durante una hora y media, el jurista santafesino respondió a las impugnaciones recibidas en su contra y al cuestionario elevado por los senadores y Organizaciones no gubernamentales”, decía la cabeza de la nota firmada por la periodista Adriana Meyer.

La crónica dice que “respecto de su doble nacionalidad (argentina e italiana), explicó que nunca ejerció sus derechos políticos fuera del país. Y agregó que nunca estuvo afiliado a partido político alguno. En todo momento se refirió al “señor Presidente”, tratando de tomar distancia dado que en las impugnaciones fue cuestionado por su amistad con el matrimonio presidencial”.

Agregaba que “los antecedentes académicos del candidato son abundantes, así como sus publicaciones. Y sus impugnadores utilizaron una de ellas, denominada “La empresa médica”, en la que queda expuesta su posición favorable al modelo privado de salud”, pero nada dijo –según la nota- en torno a su rol como apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los tiempos de Menem y Alderete.

“Con el apoyo de una computadora portátil, Lorenzetti admitió que tenía dinero depositado en el exterior y siguió respondiendo. El senador Jorge Yoma destacó que su declaración jurada estaba en orden”, apuntaba el escrito.

¿De dónde venía ese dinero que Lorenzetti admitió tener depositado en el exterior?.

¿De qué época?.

Hay un momento interesante: “Quien presidía en ese momento la sesión, el senador Norberto Massoni, abrió el debate permitiendo la participación de las organizaciones no gubernamentales, pero se encontró con la mirada del senador Nicolás Fernández, que con señas le pedía que cerrara el debate. Y así fue”, asegura Meyer.

No hubo más preguntas para Lorenzetti.

El ex apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa se aprestaba a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego sería elegido presidente por dos períodos consecutivos hasta el año 2012.

Jamás olvidaría quiénes impugnaron su designación.

Uno de ellos, la Asociación Médica del Departamento Castellanos.

“Desde el año 1996 hasta el 2000, el abogado Ricardo Lorenzetti, propuesto hace unos días para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia; fue socio capitalista y fundador de una de las primeras gerenciadoras de salud en Rafaela: Apreme. Con un capital de 400 pesos, Lorenzetti comenzó a recorrer los pasillos de la medicina privada”, comenzaba la nota del diario “Castellanos”, del 19 de octubre de 2004.

Ocho años después, Lorenzetti acaba de ser reelecto como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese tiempo las denuncias judiciales contra la Asociación Médica del Departamento Castellanos llegaron a sumar casi dos decenas.

Para los integrantes de la gremial esa persecución legal se debe, entre otras razones, a la carta enviada el 27 de octubre de 2004 al entonces Ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Horacio Daniel Rosatti.

“En reiteradas oportunidades la presidenta del Programa Asistencia Médico Integral (PAMI), licenciada Graciela Ocaña, denunció el accionar de empresas gerenciadoras como intermediarias parásitas en el sistema de salud, atribuyéndoles a su desmanejo en la década del noventa, la crisis financiera que afrontó el Instituto. La licenciada Ocaña, quien cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, debe enfrentar a diario los grupos de poder que operan en el PAMI, que transformaron la prestación de servicios en un negocio y que ocasiona graves perjuicios en la calidad de atención de sus afiliados”, decía uno de los párrafos de aquella carta.

El doctor Ricardo Lorenzetti “fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: APREME, constituida en el año 1996 y tuvo una activa participación durante cuatro años. Según consta en el acta constitutiva de dicha sociedad. Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento y apoyan nuestra impresión numerosas denuncias radicadas en la Agencia del PAMI de Rafaela. Además dejamos constancia de que como socio y abogado de la gerenciadora de salud de Rafaela APREME, operó ininterrumpidamente contra nuestra entidad gremial con demandas judiciales de todo tipo, por considerarnos competencia, a pesar de que nuestro fin no es el lucro. Si bien no podemos demostrar dolo ni ilegalidad en esta actuación del abogado rafaelino, lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, terminaba el escrito.

En el anuario 2004, el diario “Castellanos” resumió una serie de artículos en relación al doctor Lorenzetti y sus vínculos con las empresas de salud privada de Rafaela.

“Lorenzetti participó de la elaboración de la ingeniería legal de un grupo societario de dueños de clínicas y sanatorios que durante años prácticamente monopolizó el negocio de la salud en la ciudad. De esta sociedad (constituida a principios de 1994) participaron inicialmente los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro (integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente). Más tarde se incorporó el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud en Rafaela destinada fundamentalmente a gerenciar contratos de obras sociales haciendo de intermediaria entre éstas y los sanatorios”, apuntaba la nota.

Agregaba que “las autoridades de las clínicas se comprometieron “a dictar conductas prestacionales a los médicos que integran los planteles de sus respectivos sanatorios a los fines de bajar costos”. De esta medida surgió lo que en los sanatorios se conocía como una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti”, afirmaba el diario.

“Finalmente el jurista fue socio de los principales dueños de clínicas y sanatorios rafaelinos en Apreme, entre los años 1996 y 2000. Integró la sociedad con un 4 por ciento, participaba del reparto de las ganancias y tenía un ingreso fijo mínimo mensual de 4 mil pesos establecido en el contrato societario que él mismo redactó. Apreme manejaba las cápitas de 20 mil jubilados, un negocio de unos diez millones de pesos (o dólares) al año. Los vínculos de Lorenzetti con las gerenciadoras fueron el argumento de las impugnaciones presentadas por la Asociación Médica del Departamento Castellanos y por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia”, relataba el artículo.

El diario avanzaba en los contactos de Lorenzetti con los gremios de la ciudad, entre ellos la poderosa Unión Obrera Metalúrgica en tiempos del terrorismo de estado.

La nota recordaba que Lorenzetti fue el abogado patrocinante de la querella del ex intendente y luego diputado provincial del PJ, Ricardo Peirone, contra el diario “Castellanos”.

Terminaba la crónica agregando que “Lorenzetti fue asesor permanente de los doctores Parra y Barreiro, viejos dirigentes del peronismo en Rafaela. “En 1983 y 1987, tuvo activa participación en las campañas políticas e incluso, como lo señaló el entonces concejal peronista Aldo Camusso, en 1987 era el principal asesor legal de Rubén Pavetti, quien estuvo cerca de ganarle las elecciones municipales a Rodolfo Muriel…Las mismas fuentes revelaron que al crearse la Cámara de Apelaciones e incorporarse nuevos juzgados en Rafaela, se produjeron innumerables nombramientos de jueces. Muchos de ellos pasaron por el estudio jurídico del doctor Lorenzetti, quien bajo el padrinazgo de Parra (por entonces diputado provincial) decidía respecto de la suerte de los pretendientes a cubrir dichos cargos”, concluía la investigación periodística.

Una carta abierta al futuro integrante de la Corte…

“Recuerdo, doctor Lorenzetti, algunos momentos en que conversábamos hace muchos años (entonces el Mono y el Fito) en la tribuna del Club Atlético, en un recital de la señora Mercedes Sosa, recuperada o en vías de recuperarse la democracia perdida. Recuerdo sus convicciones, que compartíamos en el deseo de cambiar el mundo, en los 70 u 80, aunque Usted señale en un reportaje, que el concepto de “setentista” ha perdido su significado. Porque de estos ideales hablábamos entonces…”, comenzaba diciendo la “Carta abierta al futuro juez de la Corte Suprema (acerca de la salud pública y la incoherencia de este gobierno)”, del doctor Rodolfo Enrico publicada en el diario “Castellanos”, el miércoles 3 de noviembre de 2004.

“…Usted asesoró al ex intendente municipal Ricardo Peirone hasta el nuevo período de Omar Perotti (al menos así se desprendería de su inclusión en el listado de prestadores del Municipio de Rafaela, decreto 511 de los últimos años). ¿Quién cree que un intendente elige para asesorarlo o defenderlo o patrocinar una causa judicial contra un medio periodístico que critica severamente algún aspecto de su gestión, a un abogado que no sea del palo?. Usted también estuvo cerca del intendente, en la actividad empresarial de la salud. Actividad esta que pese a su legalidad, en muchos casos fue, objetiva y subjetivamente hablando, generadora de injusticias para con nuestros conciudadanos dado el modelo neoliberal, en aparente retirada, al que adhería…”, agrega la carta.

Cita en relación a los años noventa una frase de Alicia Stolkiner que dice que “el propio sistema de salud fue transformado para adecuarlo a la lógica del mercado…y tanto los trabajadores como los usuarios del sector fueron actores prácticamente mudos”.

Enrico recuerda que “en ese entonces, un grupo de luchadores gremiales de la salud veníamos sosteniendo un duro debate acerca de nombramientos en los cargos públicos de salud de familiares de caudillos o militantes locales y regionales sin concurso previo (en nuestra provincia este modelo de designación fue reinstalado a partir de la incipiente democracia). Más tarde debimos rechazar el modelo de sociedades administradoras y de gestión legalizado por Cavallo en plena década menemista, mediante el decreto 9.93 que dio origen al repudiable mecanismo de la intermediación, con fines de lucro que terminaría convirtiéndose casi en una constante obligada de inclusión en el mercado laboral para los médicos si queríamos sobrevivir…”.

El médico le recuerda dos cartas que le envió Lorenzetti. En una de ellas le dice que “APREME no es una intermediaria” y menciona un párrafo donde habla de “los mandatos de la ciencia de las organizaciones más modernas”. Allí el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacía notar que “su inclusión como socio de la firma (APREME) es una modalidad de pago que se utiliza en la administración moderna…”.

Enrico afirma: “Cuestionamos su adhesión a un modelo que, a todas luces, hoy ha fracasado. Lo cuestionábamos porque sufríamos al saber que no era necesario ni oportuno”.

Apuntaba que “a muchísimos empresarios de la salud les fue muy bien, viven y vivirán muy bien, fruto de sus legales actividades en la materia. Usted coincidirá conmigo que a muchísimos jubilados se les dio poco de lo que requerían si leemos como señalé, los medios de la época. Usted sabrá que contra ese modelo gerenciador – administrador se pronunciaron Ginés González García, el doctor Corchuelo Blasco, el doctor González Gaviola y hoy, la increíble sobreviviente Graciela Ocaña (rescatada su, creo, indiscutida honorabilidad y buenas intenciones). Ellos se pronunciaron acerca de ese modelo como “parasitario y otros calificativos”. Pero difícilmente podrán cortar las redes creadas. Ellos son representantes de un gobierno que hoy lo elige a usted para ser miembro del máximo organismo de la justicia nacional”, señalaba Enrico.

“Usted conseguirá miles de adhesiones académicas del mundo y de nuestra población. Aún la de muchos que pudieran estar en desacuerdo y no se animan a decirlo. Sería algo así como “hacerse amigo del juez”. Por las dudas. Yo no daría esa adhesión. Aún con el escaso o nulo peso que pueda tener mi quiero hacer pública mi opinión, haciendo uso del derecho constitucional en estos casos”, sostenía.

“Usted no me desmentirá, ya que lo charlamos alguna vez en presencia de una persona querida por ambos, que le recordé que no todos los procesados somos culpables ni todos, o al menos muchos de los culpables han sido siquiera arrimados a la justicia. Finalmente, Ricardo Lorenzetti, futuro juez de la Nación, usted coincidirá conmigo que a la hora de la partida, mis hijos transitarán las calles con orgullo, por las luchas no rehuídas, ganemos o perdamos, con techo o sin techo, con esperanzas o sin ellas, sin callarnos”, terminaba diciendo la carta abierta escrita por el doctor Enrico, hoy concejal de la ciudad de Rafaela.

A mediados de noviembre de 2009, el mismo diario “Castellanos” informaba sobre una deuda de los responsables de la Asociación Médica del Departamento Castellanos para con los trabajadores del Policlínico y, en forma paralela, daba tapa a una condecoración recibida por Lorenzetti.

La cosa había cambiado: los denunciantes eran los denunciados y el abogado cuestionado era intocable.