A nuestros estimados lectores, les entregamos otro capítulo  del último libro de Carlos, que “EL VECINO”  está publicando en forma completa.

Prehistoria del negocio narcopolicial

Hacia febrero de 1995 el entonces senador provincial por el departamento Caseros, Osvaldo Salomón, denunció que el estado santafesino dejaba de recaudar 700 mil pesos mensuales por el juego clandestino. La mayor recaudación por quiniela oficial fueron 40 millones de pesos durante 1994, por la provincia.

Según Salomón, «existen conexiones entre el juego ilegal y el tráfico de drogas en Santa Fe».

Y hacia marzo de 1995 se volvía a informar algo que desde la vicegobernación de Antonio Vanrell, en 1988, era, por lo menos, una noticia repetida: la DEA «equipa» a la policía santafesina.

También por esos días se informaba que cien kilogramos diarios de droga circulan en la Argentina. Los diarios nacionales indicaban que el 90 por ciento de las sustancias se utiliza para el consumo.

En la provincia, como siempre, la policía maneja la calle.

Y los que manejan la calle son, por lo menos, los vigilantes de los negocios legales e ilegales.

La droga ya formaba parte de las cajas negras policiales.

Un documento que llegó a manos de un camarista penal de la Justicia provincial, Otto Crippa García, así lo indicaba.

El texto está firmado por «Oficiales de la Unidad Regional II», fechado el 3 de abril de 1995, y se encuentra en varios despachos de jueces provinciales rosarinos desde entonces.

Tiene el logo de la policía y se presenta como «Comunicado Nº 5».

Su contenido, más allá de la denuncia sobre recaudadores oficiales del dinero extralegal, explica, en cierta medida, el porqué de la falta de seguridad en el sur de Santa Fe.

 «…Las circunstancias que hacen que la indisciplina, desmoralización y agobiante corrupción no tienen su origen en las bases del personal, pero si el «asalto» que se viene llevando a cabo a la seguridad de los habitantes de Rosario y zona sur de la provincia por parte de «superiores» carentes de moral y la más mínima vergüenza», sostiene un fragmento del documento.

Se afirma que «cuando en diciembre de 1991, el señor teniente coronel don Rodolfo Enrique Riegé fue designado secretario de Seguridad Pública, se consideró dueño del «botín» y, para ello, de inmediato se aprestó a poner en operaciones a los integrantes de su antiguo «equipo», pero no para darle seguridad a la población, tranquilidad y todo lo que atañe a la función policial, sino para poner en ejecución sus viejos planes de corrupción y enriquecimiento que ya había llevado a cabo cuando fue jefe de Policía de Rosario».

Sostiene el escrito que en una reunión en una quinta de Funes «todos hombres prácticos y operativos pusieron precios a las unidades regionales del sur y fundamentalmente Rosario, que era la perla más codiciada».

El fragmento agrega que «no habían tenido en cuenta que en Rosario estaba de jefe de Policía el comisario general Atilio Bléfari y a quien Riegé empezó a hostigar y ya impaciente, como no conseguía doblegarlo, antes de fin de 1991, lo cita a la ciudad de Santa Fe y en horas de la tarde, en su despacho, lo intima para que «apriete» más, es decir, que elevara los «impuestos policiales» que percibía Bléfari y que le fueran entregados a él (Riegé) y en caso contrario lo relevaría y luego lo pasaría a retiro».

Sigue denunciando que «Chirino, como cariñosamente le dicen sus íntimos a Bléfari, no se dejó doblegar y allí empezó la lucha para posesionarse de la Unidad Regional II, para desgracia nuestra y de toda la población, que ya en este momento por el creciente desgaste y corrupción no tiene policía, ni seguridad ni esperanzas».

El «comunicado» terminaba con un informe del «cuadro demostrativo de ingresos extralegales», en el que primeramente se detallan los códigos de los «impuestos policiales».

1, correspondiente a Leyes Especiales, «quiniela clandestina, apuestas de caballos, timbas, bingos clandestinos, maquinitas»; 2, Moralidad Pública, «narcotraficantes, drogadictos, prostitución, explotadores, proxenetas, whiskerías, discotecas, moteles»; 3, Robos y Hurtos, «piratas del asfalto, asaltantes de bancos, ladrones de autos, punguistas, contrabandistas, desarmaderos»; 4, Seguridad Pública, «médicos, parteras, clínicas, aborteras, curanderismo»; 5, Guardia Rural, «generalidades, sin especialidad»; 6, Guardia de Infantería, «generalidades, sin especialidad»; 7, Policía de Menores, «whiskerías, discotecas, bailables, moteles»».

Desde 1992 a 1995, el informe aseguraba que se recaudaron, «por izquierda», 12.300.000 pesos, a razón de 300 mil pesos mensuales en la Unidad Regional II.

La denuncia fue desestimada o, por lo menos, no siguió investigándose.

De esas cajas negras policiales surgieron las raíces del negocio narcopolicial que se exhibe con patética claridad en el juicio a Los Monos, dos décadas después.

 

Fuente: “Ciudad blanca, crónica negra”, libro del autor de esta nota.

 

Algunos apuntes de los alegatos

(19, 20, 26 y 27 de marzo de 2018)

 

El 19 de marzo de 2018 comenzaron los alegatos de la fiscalía.

El doctor Gonzalo Fernández Buzzi calificó a Los Monos como “una empresa delictiva típica, multipropósito” que afectó “el orden, la tranquilidad pública o la paz social que consiste en la confianza de vivir en una atmósfera de tranquilidad”.

Señaló el miedo como un síntoma de la peligrosidad de esta asociación, cuando sus homicidios aparecieron en las tapas de los diarios.

La violencia indiscriminada implica un peligro para el orden social y produce alarma colectiva y temores, sostuvo, conceptualmente.

Repitió la idea del negocio de la violencia como elemento fundacional de la banda y que ya llevaba desarrollo.

Remarcó que la asociación existe desde antes del delito con la sola voluntad de pertenecer a la organización con independencia de los delitos. Una pertenencia definida por el sentir como propio y disfrutar de los beneficios, especialmente, el de la impunidad.

Sostuvo la idea de la rentabilización de la violencia.

Valoró los más de trescientos audios, 54 Cd y los testimonios de los policías de la brigada operativa de Judiciales, especialmente los de Saccone, Romero, Quebertoque y Lotito. A su entender fueron verificadas las fuentes. No había invasión a la intimidad.

“Muchas muertes y sicariatos”, apuntó en parte de su alegato.

Aparece nombrada, como casi siempre, la comisaría 15. También la segunda. Habló del campo del Guille y las propiedades en la “Aguada”, barrio privado de Funes. Repasó la cantidad de armas secuestradas y repitió el esquema de la banda con jefes, esbirros y testaferros.

Según Lotito, en Rosario les exigieron disolver la brigada operativa de Judiciales para traer a los gendarmes a cargo de Sergio Berni. Y calificó a Almirón como un traidor, según su propia comunicación con este cronista ese mismo 19 de marzo, a las 10.12 por medio de un whatsapp.

 

Para el doctor Fausto Yrure, uno de los abogados defensores, ya en la jornada del 20 de marzo de 2018, no hubo acusaciones acreditadas de parte de la fiscalía. “La defensa logró acreditar la ilegalidad de la persecución a nuestros defendidos y la falta de fundamentación de las intervenciones telefónicas”, añadió.

-Nadie aportó ningún dato esclarecedor, tampoco hubo motivos – repitió en torno al asesinato del Fantasma Paz del 8 de septiembre de 2012.

“Jamás se investigó el asesinato de Martín Paz”, afirmó una y otra vez.

Deslizó la teoría de una deuda de Diego Cuello con Martín Paz. Pero a los siete meses del asesinato del Fantasma “no había referencia a que alguien de la familia Cantero tenía relación con los Paz”.

Fue contundente al afirmar que la creación de la Brigada Operativa de Judiciales tenía como único objetivo la persecución de la familia Cantero.

Recordó que Romero, Lotito, Ramonda y Almirón fueron expulsados, hacia 2007, de la Brigada de Drogas Peligrosas por presentar causas armadas a la justicia federal.

Añadió que el 12 de mayo de 2013, por un robo, fue allanada la casa del Pájaro Cantero. La Brigada había empezado a actuar entre marzo y abril de ese año. Le empezaron a atribuir muertos e intentos de asesinatos, alrededor de nueve hechos delictivos.

“Fueron mitómanos útiles para crear una excusa e investigar a los Cantero. Nunca investigaron el asesinato de Martín Paz. A nadie le importó ese hombre. Era una excusa”, agregó Yrure.

El 4 de abril de 2013, es allanada la “narcochacra” de Diego Cuello y el 23 de abril, el juez Juan Carlos Vienna oficia la intervención telefónica sobre los dichos de la brigada operativa de Judiciales.

-Vulneran garantías constitucionales…una fundamentación tiene que haber. No vale todo. La respuesta es “información de calle”…nadie quería investigar la muerte de Martín Paz. Solamente querían imputarles algo a los Cantero – señaló.

Hizo mención a la teoría del fruto del árbol venenoso y una vez más avisó que las garantías constitucionales estaban en peligro. Pidió la nulidad total de lo actuado e hizo reservas para demandar por inconstitucionalidad.

 

A su turno, el doctor Carlos Varela cargó contra la brigada operativa de la División de Judiciales a la que calificó como una organización delictiva, “una real asociación ilícita”.

La actividad de sus integrantes, dijo Varela, no tuvieron sostén fáctico, inventaron y se mostraron timoratos y nerviosos en este proceso, señalando a Quebertoque. “Con más ganas de irse que de contar la verdad…y hace mucho que dejaron de ser policías. Son delincuentes. Fueron echados por la justicia federal y se refugiaron esta brigada operacional”, indicó.

Destacó la mala actuación de Romero en el allanamiento ilegal a la propiedad de Luis Medina en Pliar. Calificó a Lotito como un charlatán, un fabulador y junto a Romero los tildó de “mentirosos patológicos”. Inventaron la investigación. El único informante de calle que identificaron era el “Gringo” Visconti que, con el tiempo, resultó asesinado.

Apunta el contacto de Quebertoque con Estaban Alvarado. Señala que el menor de los Cantero se llama Dylan, por entonces de nueve años. También menciona que Quebertoque le pasaba información a Luis Medina.

“Había una gran necesidad del gobierno anterior de mostrar caras visibles, no a las ocultas caras que manejan el narcotráfico”, señaló Varela.

Acusó al juez Vienna de desplegar conductas delictivas. A su entender hubo coacción a los testigos, falsedad ideológica, persecución a los miembros de la familia Cantero. “Nada, ninguna prueba de nada. Inventar una historia, dársela a los amigos de la prensa y partes preventores” mal hechos.

-Una lógica de comedia. No permitan que esto los desoriente – terminó diciendo Varela.

 

El doctor Martínez, a su turno, marcó dos números telefónicos señalados en la causa y demostró que eran los de los abogados, colegas suyos, Varela e Yrure, poniendo de manifiesto la escasa profundidad de las pruebas y las pesquisas.

Agregó que por más que la prensa hable de dos mil millones de pesos, lo que se demostró en el juicio es casi nada.

-Como diría Luis Brandoni en “Esperando la carroza”, quedaron tres empanadas –remató.

 

Aparecieron otros apellidos, como los Vázquez, una vez más Diego Cuello y el doctor Martínez dijo que los integrantes de la banda de Judiciales era “gente de rapiña”.

 

Los días 27 y 28 de marzo se completaron los alegatos.

Hubo debate sobre el valor del expediente en los tiempos de la oralidad y los abogados defensores se ocuparon de volver a desestimar las escuchas e incluso los videos en relación al asesinato de Diego Demarre.

Para esa tarde final, solamente quedaban tres periodistas en la sala.