“En los diez meses transcurridos del año 2023 se registraron en la provincia de Santa Fe 324 homicidios. Se trata de una cifra más contenida que la registrada entre los meses de enero y octubre de los años 2014, 2015 y 2022, aunque superior a los registros del resto de los años bajo análisis”, comenzaba diciendo el “Reporte de actualización mensual de Homicidios”, en octubre de 2023, elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública.

Agregaba que “en general, entre 2014 y mediados de 2017 se aprecia una tendencia leve a la baja que culmina con un marcado descenso hacia la segunda mitad de 2017 (en septiembre, 14 homicidios). A partir de ese momento la cantidad mensual de víctimas de violencia letal registradas en el territorio santafesino muestra una leve tendencia creciente que inicia en 2018 y se extiende hasta la actualidad. Cabe destacar que el año 2020 es de los más atípicos de la serie: comienza con 45 víctimas en el mes de enero, se alcanza el mínimo de todo el arco temporal en abril (13) y después se contabilizan 46 homicidios en el mes de septiembre. Luego de este año de inestabilidad, el 2021 se caracterizó por ofrecer una leve tendencia decreciente durante el primer semestre, seguido por un movimiento alcista y de gran variabilidad en las cifras mensuales que se profundiza en 2022 y se sostiene hasta la actualidad”.

Esta síntesis conceptual vinculada a los casos de homicidios es el imprescindible contexto para situar esos hechos en los presupuestos elaborados entre 2018 y 2024:

En 2018 hubo 18.182 millones 410 mil pesos, 9,50 por ciento del total.

En 2019, 24.615 millones 130 mil pesos, 8,86 por ciento.

En 2020, 37.055 millones 637 mil pesos, 8,93 por ciento.

En 2021, 40.097 millones 609 mil pesos, 7,72 por ciento.

En 2022, 65.426 millones 977 mil pesos, 7,68 por ciento.

En 2023, 168.037 millones 10 mil pesos, 8,96 por ciento.

En 2024, 435.533 millones 926 mil pesos, 8,95 por ciento.

En el presupuesto provincial 2024, el Ministerio de Seguridad tiene partidas por 435 mil 533 millones 926 mil pesos y representa el 8,95 por ciento del total, cifra que representa un 0,01 por ciento menos que durante 2023. (En la planilla anexa 12, sin embargo, en la composición del gasto institucional, por programa y carácter económico, se agregan 3 mil millones de pesos más en concepto de aplicaciones financieras).

La partida más grande es la asignada a la “seguridad de personas y bienes”, con un monto total de 333.808 millones 57 mil pesos.

Le sigue “custodia y guarda de procesados y condenados”, con 81.972 millones 284 mil pesos.

El Instituto de Seguridad Pública cuenta con un presupuesto de 5.663 millones 680 mil pesos.

Luego se observa en el anexo analítico (el número tres) una partida para el “mantenimiento de la flota de vehículos” por 5.360 millones 554 mil pesos.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial tiene asignadas partidas por 4.516 millones 24 mil pesos.

El llamado “Patronato de liberados” tiene un presupuesto de 513 millones 312 mil pesos.

La Agencia de Control Policial recibirá durante 2024, 151 millones 74 mil pesos.

Y el “acompañamiento y protección de testigos y querellantes”, solamente 101 millones 609 mil pesos.

Esa cantidad de dinero demostró no ser suficiente porque la cuestión de seguridad trasciende estas particularidades.

Porque los otros números que si repercuten en la dinámica social son las partidas asignadas para los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Cultura, Género y Ambiente.

Las cinco carteras sumadas solamente llegan al 3,35 por ciento del total. Menos de cuatro pesos de cada cien se destina directamente a la cuestión social.

Esa cifra limita los propios objetivos del Ministerio de Seguridad consignados en el anexo IV: “La formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias y acciones institucionales en materia de seguridad pública, en particular en materia de control y prevención de las violencias  delitos”, como también “elaborar, coordinar y ejecutar estrategias de intervención y prevención social de las violencias y los delitos tendientes al fomento y acción a favor de la igualdad de género y de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres…”.

Y será imposible la prevención social de los delitos si no hay dinero suficiente para intervenir en la trama comunitaria.

Esa subordinación de las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas públicas de inversión en la vida cotidiana de la población santafesino resulta no solamente una constante en los últimos años si no también una decisión que luego se paga con mayores cuotas de violencia y dolor en los barrios de las grandes ciudades.

Otras cifras que llaman la atención por su bajo presupuesto son las partidas para el Organismo de Investigaciones: 138 millones 500 mil pesos.

-Para los equipos de inclusión socioeducativos del Ministerio de Educación, 753 millones 454 mil pesos.

-En el rubro “salud mental”, dentro de la cartera sanitaria, apenas 51 millones 960 mil pesos.

Es decir que más allá de ser una de las principales partidas presupuestarias en 2024, el ministerio de Seguridad difícilmente pueda generar mejores condiciones existenciales al no estar vinculado con mayores inversiones sociales.