Al Ministerio de Desarrollo Social le corresponde entender en “la elaboración y ejecución de las políticas provinciales de asistencia y acción e inclusión social y recreación; elaboración, dirección, fiscalización y ejecución de los regímenes y políticas relacionadas con la familia, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y otros sectores de la comunidad que se encuentren en estado de necesidad y vulnerabilidad; entender en todo lo relacionado con el deporte y el turismo social, en coordinación con los organismos públicos y privados de la actividad; en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad; en la atención integral de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, junto a los ministerios pertinentes; intervenir en el mejoramiento integral del ámbito urbano con especial atención de las zonas más degradadas y marginadas, consideradas como de emergencia…e intervenir en la elaboración, fiscalización y ejecución de las políticas destinadas a la lucha contra las adicciones y los consumos problemáticos, tanto del sujeto como del grupo familiar, en coordinación con los ministerios de Salud, de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, de Seguridad y de Educación”, dice el anexo cuarto del Presupuesto Provincial de 2024, donde se mencionan los trece puntos de la llamada jurisdicción 77, justamente la cartera de Desarrollo Social.

El Ministerio de Desarrollo Social tiene un presupuesto de 95.927 millones 989 mil pesos, el 1,97 por ciento del total, igual porcentaje que en el presupuesto de 2023.

Eso significan 2 pesos cada cien.

Muy poco dinero para una provincia que solamente en los dos grandes conglomerados urbanos, como el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, tiene 685 mil personas por debajo de la línea de la pobreza.

Una provincia que, además, tiene un producto geográfico de 50 mil millones de dólares anuales, como bien lo afirmó el ministro de Hacienda, Walter Agosto.

En el anexo III del presupuesto, donde aparecen los datos analíticos, surgen estas cifras que ponen límites muy contundentes a las necesidades que deberían ayudar a resolver.

Apoyo a las comunidades originarias, 154 millones 287 mil pesos. Poco dinero para una población que bordea las cincuenta mil personas en la provincia.

En relación al deporte, por ejemplo, figuran 144 millones 657 mil pesos para “apoyo al deporte comunitario”; 197 millones 93 mil pesos para “apoyo a deportes federados”; 238 millones 526 mil pesos para “apoyo a clubes” y 388 millones 844 mil pesos para “juegos Santa Fe”.

Hay partidas por 8.372 millones 125 mil pesos para “asistencia a comedores comunitarios” y 4.798 millones 892 mil pesos para “centros de acción familiar”.

En relación a la APRECOD, se destinan 170 millones 972 mil pesos, es decir el 0,034 por ciento contra el 0,029 por ciento del año 2023.

Con respecto a la “Red de Prevención y Abordaje Integral”, 248 millones 502 mil pesos.

En “Asistencia y cuidado de personas con consumos problemáticos”, 1.847 millones 616 mil pesos y para el “Plan Incluir”, 1.438 millones de pesos.

Cifras muy pequeñas para necesidades sociales muy generalizadas y crecientes.

Es fundamental triplicar estas partidas para que la vida social urbana se transforme en los barrios estragados por las mafias narcopoliciales.

Es necesario generar trabajo, educación, cultura, alegría y deportes en esos lugares y para eso no alcanza con dos pesos de cada cien.