FEDERALISMO O EL PLAN DEL FONDO
El asesinato de Ismael Ramírez, de trece años, en la ciudad de Roque Sáenz Peña, en el Chaco, marca el nivel de presión que sufren las mayorías argentinas, especialmente en las provincias. El ajuste pedido por el Fondo Monetario Internacional y traducido en baja de subsidios y el desconocimiento de cualquier forma de coparticipación y hasta la eliminación de vacunas indispensables de parte de las decisiones del gobierno nacional, presentan un panorama de disolución real de la idea de nación.
La decisión de las provincias, únicamente, podrá revertir esta situación.
Para ello es fundamental discutir el federalismo desde lo impositivo.
Porque el Plan del Fondo Monetario, de la mano del ingeniero Mauricio Macri, disuelve el trabajo de los que son más en estas pampas únicamente al rol de recaudar para saciar las demandas financieras.
Es imprescindible, entonces, el protagonismo histórico de las mayorías provinciales.
Septiembre
Septiembre parece ser el mes señalado para discutir la dimensión real de la palabra federalismo en la Argentina.
En este septiembre de 2018, las decisiones del gobierno nacional impactan en la vida cotidiana de los argentinos en general y santafesinos en particular.
Los recortes en los subsidios a la energía, el transporte, el fondo sojero, a los ingresos brutos que cobra la provincia y la deuda histórica generan un notorio perjuicio a la economía santafesina.
El 12 de septiembre de 1866, como consecuencia de la Guerra del Paraguay que inició Bartolomé Mitre por la imposición del imperio inglés, nos robaron el derecho de cobrarle a las exportaciones que surgen de las provincias. Concentración y extranjerización de riquezas. Como ahora.
Pero hubo otro septiembre. El 10 de septiembre de 1815, el artiguismo, del cual formaba parte Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Córdoba, dictó el «Reglamento de tierras» que decía, entre otras cosas, que “los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la Provincia. Serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero”.
Hoy, en 2018, el artiguismo tiene más que ver con el futuro que lo impuesto por el macrismo y aceptado por casi todos los gobiernos provinciales.
Lifschitz y Saglione
“Tendrán que poner mucho más los bancos, las empresas y los grandes grupos económicos que siguieron haciendo negocios”, dijo el gobernador Miguel Lifschitz.
Compartimos ese punto de vista.
Nuestra idea es que el gobierno santafesino, empiece a cobrarle a las grandes exportadoras y deje de lado los compromisos asumidos con un gobierno nacional que ya dio demasiadas muestras de incumplir cualquier obligación con Santa Fe.
Principio del formulario
Por su parte, el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, acaba de decir que la provincia aporta entre el fondo sojero y otras actividades, 80 mil millones de pesos al gobierno nacional y no recibe nada a cambio.
Basta, entonces, de regalar el trabajo de santafesinas y santafesinos.
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“Los más infelices serán los más agraciados”.
El 10 de setiembre de 1815 Artigas, en Purificación, dio a conocer su “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus hacendados”, aplicado entre noviembre de 1815 y setiembre de 1816, hasta la invasión portuguesa.
Los propósitos del reglamento eran esencialmente económicos y, además, sociales y jurídicos.
Los objetivos económicos procuraron recuperar el “stock” ganadero en merma y aumentar la producción; para ello se debía subdividir la tierra, poblar la campaña y fijar la población rural. Los fines sociales tendían a favorecer a los desposeídos y proteger la familia. Los fines jurídicos buscaban imponer el orden en la campaña exigiendo el trabajo, persiguiendo la vagancia y el delito.
Las disposiciones sobre la distribución de tierras establecían, para seleccionar las tierras a repartir un criterio preferentemente político. Debían elegirse entre tierras realengas y las pertenecientes a los enemigos de la Revolución, “emigrados, malos europeos y peores americanos que hasta la fecha no se hallen indultados por el Jefe de la Provincia para poseer sus antiguas propiedades”.
La elección de los beneficiarios se haría teniendo en cuenta su posesión económica, organización familiar y condiciones de trabajo. “Los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia los negros libres, los zambos de igual clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la Provincia. Serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos y serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero”.
Estos beneficiarios recibirían tres clases de bienes: la tierra, ganado para poblarla y una marca para probar el derecho de propiedad. El Reglamento establecía que la tierra a entregarse tendría, en lo posible, aguadas naturales, linderos fijos y una extensión de 10.800 cuadras, con lo que cuadriplicaba la extensión de la tierra entregada en los repartimientos fundacionales hispánicos.
En esa extensión podrían mantenerse en esa época alrededor de 3.700 vacunos que permitiría obtener unos 370 cueros por año. El ganado que se entregaría a los beneficiarios debería tomarse de los rodeos de animales orejanos o de las haciendas abandonadas de propiedad de los enemigos de la causa. Su captura y distribución estaba cuidadosamente establecida para evitar abusos o inútiles destrozos.
Todas estas prerrogativas y derechos estaban acompañadas de obligaciones paralelas: los beneficiarios sólo podrían recibir una suerte de estancia, no podrían enajenarlas o venderlas, y estaban obligados a poblarlas y trabajarlas. Se exigía específicamente la obligación de construir un rancho y dos corrales, la omisión o demora hacían caducar los derechos del beneficiario y la tierra volvía al dominio fiscal para ser distribuida. El agraciado debía poblar tierra y hacerla producir. El plan de distribución de tierras incluía en sí un programa de desarrollo de la producción.
A pesar de todas estas dificultades, la investigación contemporánea ha podido comprobar que en los seis meses de aplicación del Reglamento, entre su creación y la invasión portuguesa de 1816, pudieron realizarse en distintas regiones de la provincia numerosas adjudicaciones de tierra entre familias humildes que manifestaron anhelos de trabajo. Más tarde los intereses de una minoría de grandes propietarios que vieron en él una amenaza, lo relegaron al olvido.
1866
La Convención Nacional sanciona lo siguiente:
- Primero.- Suprímase del Artículo 4.º de la Constitución nacional la parte que sigue: «hasta 1886 con arreglo a lo estatuido en el inciso 1.º del Artículo 67, debiendo quedar dicho Artículo 4» en los términos siguientes: «El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional; de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional».
- Segundo.- Suprímase igualmente la parte final del inciso 1. º del Artículo 67, que dice: «hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial». En consecuencia, quedará dicho inciso 1.º como sigue: «Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales, así como las avaluaciones que recaigan, serán uniformes en toda la Nación, bien entendido que ésta, así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese corriente en las provincias respectivas por su justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de exportación».
- Tercero.- Comuníquese al Gobierno federal de la República, para que se cumpla en todo el territorio de la Nación, y publíquese.
Sala de sesiones de la Convención nacional, en la ciudad de Santa Fe a los doce días del mes de septiembre de mil ochocientos sesenta y seis. Mariano Fragueiro (presidente). -J. J. Montes de Oca (diputado secretario). -Juan A. Barbeito (diputado secretario).
En abril de 1866 el ejército aliado realizó el cruce del Paraná por el paso de la Patria. La escuadra brasilera destruyó Itapirú.
En mayo las fuerzas aliadas vencieron Tuyutí a costa de grandes pérdidas. Luego se libraron una serie de combates cuyo resultado final fue indeciso, por lo cual se concertó una entrevista entre los jefes de ambos ejércitos, Mitre y López, en Yataytí Cora, el 12 de septiembre de 1866.
Como los aliados exigieron la renuncia de López para llegar a un entendimiento, la conferencia fracasó.
Ese contexto, el de la guerra del Paraguay, sirvió para sacarle a las provincias la potestad de cobrar tributos a las exportaciones.
Los comentaristas de la historia constitucional argentina sostienen que “la conclusión a la que podemos llegar a partir de la reforma de 1866, es que se observa claramente que el objetivo de la misma fue el de nacionalizar las aduanas, con el fin de obtener un mayor monto por los impuestos de exportación e importación, especialmente por la aduana de Buenos Aires”.
Ante la decisión del gobierno de Macri de recortar partidas fundamentales a las provincias es imprescindible recuperar la facultad de cobrarles a las exportadoras desde los estados interiores.
Apuntes del saqueo a las provincias.
Las investigaciones del Instituto de Participación y Políticas Públicas que coordina el economista Claudio Lozano, sostiene que el Ministerio de Hacienda informó la firma de 3 decretos mediante los cuales se generará un ahorro fiscal en lo que resta de 2018 y en 2019:
Las medidas contenidas en los decretos establecen:
- Reintegros a la Exportación: se reduce un 66% el monto total pagado en concepto
de reintegros a la exportación, de acuerdo a un esquema diferenciado por
producto. El ahorro fiscal estimado (coparticipable entre Nación y Provincias) de
esta medida es de $ 5.000 millones en 2018 y $ 29.000 millones en 2019.
- Derechos de Exportación a la Soja: se suspende la baja establecida en la alícuota
para aceites y harinas por 6 meses. Los ingresos adicionales para la Nación por
esta medida son de $ 1.500 millones en 2018 y $ 12.000 millones en 2019.
- Fondo Federal Solidario: se elimina el Fondo a través del cual se transfiere a
Provincias y Municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a
la soja. El ahorro fiscal para la Nación es de $ 8.500 millones en 2018 y $ 26.500
millones en 2019.
“En función de lo expuesto, queda claro que con el objeto de recibir a la misión del Fondo
Monetario, el gobierno tomó medidas que permiten incrementar los recursos del Estado
nacional facilitando el logro de la meta de déficit anual a expensas del sector privado (vía
eliminación de reintegros a las exportaciones, medida que tiene impacto diferencial según
sea el producto o la región de la que hablemos) y eleva el esfuerzo fiscal que debe efectuar
el conjunto de los estados provinciales. Mientras con estas medidas la Nación resuelve el 18% del ajuste de 2018 y el 24% del ajuste comprometido en 2019, los estados provinciales incrementan su ajuste que estimábamos –en valores de 2018- para todo el periodo en $172.000 millones a $192.120 millones (un 11,7% adicional al pactado en el momento de la carta de intención)”, dice la investigación.
Los ganadores.
La Revista Prensa Económica presenta el ranking de las empresas exportadoras de la Argentina al 2017. Las 15 primeras de ellas tuvieron un total de exportaciones de U$S 27.337,77 millones.
Considerando el tipo de cambio antes de la primera corrida cambiaria de abril-mayo, es decir en torno de los $20; el volumen de exportaciones de estas 15 empresas era de $546.755,30 millones.
Luego de la segunda corrida cambiaria, a un valor cercano a los $40 por dólar, el volumen facturado de sus exportaciones se duplicó. Es decir, en apenas 5 meses y por arte de magia y devaluación, el Gobierno de Cambiemos le transfirió a estas 15 empresas la suma de nada menos que $546.755,30 millones. Es el mismo monto que pretende ajustar el gasto público para cumplir las metas con el FMI.
Puesto en sencillo, el Gobierno le otorgó a 15 empresas, con la maxidevaluación propiciada por el Memorándum firmado en junio, el monto que se compromete a quitar al conjunto de la sociedad. Lo que se llama una brutal transferencia de ingresos regresiva; de la sociedad en su conjunto a un puñado de poderosas empresas. Esto muestra con claridad que hay que suspender el Acuerdo, enviarlo al Parlamento y modificarlo.
El Gobierno de Macri elige alcanzar la meta fiscal mediante una brutal y regresiva transferencia de ingresos desde la mayor parte de la sociedad a los exportadores.
Es decir, el Gobierno propone sacrificar obra pública, reducir salarios y personal del Estado, continuar con los tarifazos y la recesión, en suma pagar deuda ampliando la desigualdad.
Sin embargo de este material se desprende que estableciendo una retención del 50% sobre cada dólar exportado por estas 15 empresas, esto permitiría alcanzar el tan mentado déficit 0 con una mas equitativa distribución del ingreso. Sin sacrificar el presupuesto de salud, obra pública, educación, universidad, etc. Si bien los datos de exportaciones por empresa corresponden al año
2017 ya que son los últimos disponibles con esta desagregación, la cuestión no cambia demasiado en el 2018, apunta del documento del IPyPP.
La propuesta
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe resuelve:
Artículo 1º.- Facultar al señor Presidente Dr. Antonio Bonfatti a realizar las gestiones necesarias para llevar adelante en esta Cámara una reunión interprovincial con legisladores de las provincias de Córdoba y Entre Ríos a fin de discutir y proponer medidas ante las graves consecuencias que generan los recortes aplicados por el Gobierno Nacional en los subsidios al transporte, el Fondo Sojero, las partidas de coparticipación, las vacunas para nuestras niñas y niños, los aumentos en luz y gas que repercuten en la vida cotidiana de nuestros pueblos así como también revisar en conjunto la posibilidad de denunciar el reciente Pacto Fiscal ya violado en reiteradas ocasiones por la Nación.
Artículo 2º.- Delegar en el señor Presidente la facultad de fijar fecha y hora de dicho encuentro.
Artículo 3º.- Autorizar a la Secretaría Administrativa a realizar las erogaciones que resulten necesarias.
Artículo 4º.- Registrar, comunicar y archivar.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 10 de septiembre de 1815 la denominada Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio Artigas, integrada por las mayorías de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones, produjo el Reglamento provisorio de tierras, documento liminar de un federalismo que fundaba una nación con justicia e igualdad.
Doscientos tres años después, las decisiones del Gobierno Nacional de recortar los subsidios al transporte, eliminar el Fondo Sojero, volver abstracto el concepto de coparticipación, no enviar vacunas imprescindibles para la niñez y producir aumentos tarifarios sobre luz y gas, generan angustia y empobrecimiento en nuestras poblaciones.
El Gobierno Nacional ante el rotundo fracaso de su política económica después de casi tres años de mandato, intenta como en otras ocasiones históricas, trasladar el ajuste a las provincias. Como una película que se repite una y otra vez vemos al gobierno del Presidente Macri aplicar las mismas recetas de hambre que nuestro Pueblo ya ha sufrido. Baja de salarios, quita de subsidios, despidos, tarifazos, endeudamiento, FMI, etc., el viejo y conocido ciclo de achicamiento productivo, menor consumo, desocupación y pobreza.
Entendemos que es hora de una decisión política clara y firme a favor de las personas que viven en nuestra provincia que vaya en sentido contrario a estas medidas políticas y económicas.
Es hora de recuperar un concepto real, concreto y progresista del federalismo, indispensable herramienta para mantener la idea de Nación.
Solamente la política puede generar salidas a esta andanada de medidas que castiga a los habitantes de las provincias.
Una de ellas es reunir a las y los legisladores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, representantes de la región centro para generar un encuentro que, de por si, constituirá una señal política poderosa ante el avance desmesurado del gobierno nacional contra la dignidad de nuestros pueblos.
Por estas razones les pido a mis pares que acompañen el presente Proyecto de Declaración.
