Contó con la presencia de legisladores, inquilinos e integrantes de organizaciones que trabajan en el tema.

Presidió la reunión desde el recinto de sesiones la concejala Lorena Carbajal, del bloque Socialista, quien impulsó la realización del encuentro, con la intención de “difundir cuáles son los mecanismos de asesoramiento y defensa de inquilinos, para que puedan acceder aquellos que necesitan resolver inquietudes vinculadas con los contratos de alquiler, expensas o garantías”.

Participaron el edil Eduardo Toniolli, del Frente de Todos-PJ la concejala Mónica Ferrero, del bloque Socialista; la diputada provincial Lionella Catallini, del Partido Socialista; el coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda de la Oficina Municipal del Consumidor, Ariel D’Orazio; el director del Centro de Asesoramiento Social en Alquileres municipal, Gustavo Álvarez; el titular de la Concejalía Popular y ex edil, Nire Roldán, y el presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Cannelli.

La edila Carbajal recordó que había en tratamiento varios proyectos vinculados a incrementos de la tasa general de inmuebles para viviendas ociosas, presentados por el edil Eduardo Toniolli, del Frente de Todos-PJ; por la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y por la edila María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular.

Toniolli, D’Orazio, Catallini

Al explicar su proyecto el concejal Toniolli, dijo que “es simple, el proyecto, no el tema, y que intenta brindar la manera que haya más viviendas para alquilar en Rosario”, a partir de una sobretasa en la tasa general de inmuebles (TGI) para inmuebles ociosos. Remarcó que para ello tomó en cuenta antecedentes internacionales, por ejemplo en Francia e Inglaterra, “países capitalistas”.

Por su parte el coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda de la Oficina Municipal del Consumidor, Ariel D’Orazio, mencionó que de acuerdo a los datos existentes del 2019, en el Gran Buenos Aires había 130.000 viviendas ociosas, pero se estima que tal cifra ahora es de 180.000  y “son más de 80.000 en el Gran Rosario.

Destacó que el déficit en el sector se incrementó “a partir de la década del ’90, cuando el Estado abandonó su rol como productor de viviendas” y aportó otro dato que “en los últimos 18 años en Rosario, se otorgaron más de 18.000 permisos de construcción, pero no aportó para que hubiera más viviendas en alquiler, y los trabajadores pasaron de destinar el 25, 26 por ciento del salario para alquilar a más del 50 por ciento”. Finalmente expresó que le llamaba la atención la enorme cantidad de inmuebles que en las últimas semanas fueron retirados del mercado de alquileres en la ciudad.

A su turno la diputada provincial Lionella Catallini, destacó la necesidad de la intervención del Estado para regular la temática, y mencionó la existencia de varias iniciativas en el ámbito de la Cámara de Diputados santafesina. Entre otros aspectos hizo referencia a establecer un tope fijo en cuanto a la comisión que cobran las inmobiliarias, y también plantea la creación de una oficina provincial que regule el registro de contratos, precisó.

Cannelli, Roldán, Álvarez

Más adelante intervino el presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Cannelli, sostuvo que “de un millón de personas que alquilan en la provincia, 300.000 son en Rosario”, por lo que expresó su apoyo a las iniciativas para establecer una sobretasa para las viviendas ociosas, “es la forma de generar incentivos para que se pongan en alquiler las viviendas”.

Aludió a encuentros con funcionarios, por ejemplo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para analizar la viabilidad de establecer las viviendas ociosas a partir del consumo de electricidad. Igualmente destacó que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, coincidió en cuanto a “un impuesto para la vivienda ociosa”. Remarcó finalmente Cannelli la intención de generar “un mercado de alquileres más ecuánime, más equitativo”.

El titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán, se expresó a favor de “una tasa a la vivienda ociosa”, destacó que es un debate en América latina, y aludió a propuestas de intervención del Estado en la temática, en Cuba, pero también “en el mundo capitalista, como los países escandinavos o Inglaterra”.

Destacó como “avances en el 2020, primero el decreto” del presidente Alberto Fernández que congeló los alquileres, “y luego la ley, tras una pelea de 20 ó 30 años”.

Reclamó Roldán que “no hay que hacer discursos, sino avances sólidos” para “defender a la gente que la están desalojando” por lo sostuvo que “la defensa de la vivienda digna es una causa nacional”.

En tanto el director del Centro de Asesoramiento Social en Alquileres municipal, Gustavo Álvarez, aludió a un panorama “bastante desolador” y precisó que las consultas sobre la temática se incrementaron de 3.000 en el 2019, a 7.142 en el 2020, y mencionó una situación similar para el corriente año.

Marcó igualmente lo relativo a los reclamos vinculados a expensas y consorcios y rescató “los créditos que otorga el Banco Municipal de Rosario” para hacer frente a los gastos de quienes deben iniciar un alquiler, la renovación o una mudanza.

Expusieron igualmente sus puntos de vista sobre la situación que deben afrontar como inquilinos, Bianca Miguel, Marcela Labrio y Paola.