Más de medio siglo de desarrollo tienen los negocios del narcotráfico y el contrabando de armas en Argentina. De allí la necesidad de reparar en estas postales históricas. Pensar el contexto y los actores de cada momento para explicar parte del presente denso que se sufre en los barrios estragados de Rosario. Una historia que continúa porque los gobiernos no quieren cortar con los flujos de dinero.

1973. Creación de la DEA (Drug Enforcement Administration), la Administración para el control de Drogas, dependiente del gobierno de Estados Unidos, una creación de Richard Nixon.

1974. Ley 20.771 impulsada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Habilitaba la persecución de los consumidores.

1978. Primer embarque de cocaína que llega a la zona franca boliviana en el puerto rosarino, acordado entre las dictaduras de Jorge Videla y Hugo Banzer. Se demuestra la raíz paraestatal del narcotráfico.

1979. La Junta Nacional de Granos deja de controlar los embarques. Una decisión del ministro de Economía y ex presidente de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz.

1986. Sentencia en el caso Bazterrica por la que comienza a despenalizarse la tenencia de drogas para el consumo personal.

1988. La Policía de la Provincia de Santa Fe dice, por primera vez, que desde 1973 a la fecha solamente se incautaron 3 kilogramos de cocaína en el territorio. Alrededor de 200 gramos por año.

1989. Ley 23.737, de estupefacientes. Formaba parte de los acuerdos del menemismo con Estados Unidos dentro del llamado consenso de Washington. Bajo la consigna de la guerra a las drogas que impulsaba Ronald Reagan.

1992. Intelectuales de diferentes partes del mundo alertan del fracaso de la guerra a las drogas y señalan que se trata de una excusa para generar control social.

1993. Asesinato de Pablo Escobar Gaviria. Comienza la necesidad de encontrar otro país de plataforma para la exportación de cocaína desde América del Sur. Será la Argentina por ser uno de los principales productores de insumos químicos (éter y acetona) para convertir la pasta base en clorhidrato de cocaína. Comienzan a aparecer los primeros libros sobre el tema en la Argentina, como “Narcogate”, de Román Lejtman. Más tarde, “Blanca y Radiante” de Eduardo de Miguel y Gabriel Pasquini.

1995. La suspensión y luego liquidación del Banco Integrado Departamental con sede en Venado Tuerto, departamento General López de la provincia de Santa Fe, generó una causa federal en la que se mencionó lavado de dinero por mil millones de pesos dólares. Una maniobra en la que participaron las principales autoridades del país en aquel momento, desde el presidente Carlos Menem al ministro de Economía, Roque Fernández. Aquel hecho iniciaba una dinámica de construcción de un espacio vital para el negocio: una plataforma ideal para lavar dinero.

1998. Privatización del puerto de Rosario. Privatización del Banco Provincial de Santa Fe que termina en manos de los hermanos Rohm que culminarán sus vidas encerrados en cárceles de los Estados Unidos condenados por lavar dinero del narcotráfico. Es un elemento fundamental: la logística fue anterior a la democratización del consumo. Un negocio de arriba hacia abajo. Es detenido, por primera vez, Ariel “el Viejo” Cantero, por traer un cargamento grande de marihuana desde Corrientes.

2002. Se lanza el plan Colombia. Con la excusa de combatir el narcoterrorismo, Estados Unidos destina más de 800 millones de dólares anuales en el país de los carteles de Medellín y Cali. El narcotráfico continuó hasta el presente y Colombia sigue siendo la primera exportadora de cocaína en América.

2004. Asesinato de Sandra Cabrera. El expediente judicial demuestra que nichos corruptos de las fuerzas federales y provinciales, en Rosario, explotaban a las trabajadoras sexuales a vender las drogas que ellos decían incautar en otros operativos. Quedaba establecido, desde entonces, que el tráfico era narcopolicial.

2005. Por presión de integrantes de La Bonaerense, se promulga la ley 26.052, conocida como la de narcomenudeo que refuerza el concepto de pegar por abajo y dejar libres a los inversores y lavadores de dinero.

2007. Estados Unidos y Canadá le imponen a México la prohibición para importar efedrina, insumo básico para generar metanfetamina. Otro país reemplazará al estado azteca en el negocio. Será la Argentina. De importar veinte kilogramos por año se pasa a dos toneladas. En Rosario, mientras tanto, asesinaban, en pleno centro, al tesorero de la Federación de Trabajadores Camioneros, Abel Beroiz. Crimen sicario que aparece de manera ruidosa y alevosa. Este año 2007 está señalado en la causa que instruyó el juez Juan Carlos Vienna y que determinó la prisión para los principales integrantes de la banda de la familia Cantero, como el momento en que “Los Monos” se convierten en un “gobierno de facto” en los barrios Las Flores, La Granada y 17 de Agosto. Tremenda definición que, por ahora, nunca fue explicada desde los gobiernos. Ese año, para la Cámara Agentina de la Construcción comienza el boom del desarrollo inmobiliario en Rosario.

2008. En Portugal se detecta un cargamento de 625 kilogramos de cocaína en un envío de ajo que proviene del puerto de Rosario. Es la operación “Ajo Blanco”. No hubo explicación alguna de ninguno de los gobiernos de turno.

2009. La Corte Suprema de Justicia dicta la sentencia del caso Arriola donde deja firme el concepto que no es delito tener estupefacientes para el consumo personal. Sin embargo, a raíz de la aplicación de la ley de narcomenudeo en varias provincias, los detenidos seguirán siendo pibas y pibes consumidores.

2012. Triple crimen de Villa Moreno en Rosario. Comienza a hablarse de narcopolicía. El jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, es detenido por estar vinculado a bandas narcos. Se crea la Secretaría de Delitos Complejos a cargo de la doctora Ana Viglione. Años después sería procesada por falso testimonio pero igualmente forma parte de la estructura del Ministerio de Seguridad de la Provincia. El 8 de septiembre, en la esquina de bulevar 27 de Febrero y Entre Ríos, en Rosario, es asesinado Martín “el Fantasma” Paz. Comenzarían hechos de venganza que impulsarían la tasa de homicidios a números nunca antes visto, tanto en Rosario como en Santa Fe.

2013. Asesinato de Claudio “el Pájaro” Cantero. Atentado contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti en uno de los hechos más graves desde el retorno de la democracia en Argentina. El 29 de diciembre serían fusilados Luis Medina y su pareja, Justina Pérez Castelli. Las cuatro empresas que Medina puso para lavar dinero del narcotráfico nunca fueron investigadas ni tampoco se sabe ni autores materiales ni intelectuales del hecho.  El departamento Rosario termina con 217 asesinatos, la cifra más alta de su historia.

2014. En febrero, el juez Juan Carlos Vienna produce la resolución que será la base de la condena a la banda de Los Monos, cuatro años después. En abril, Sergio Berni, por entonces secretario de Seguridad de la Nación, desembarca con 3 mil efectos de fuerzas de seguridad. Tienen 68 puntos alfas para desarticular bandas de narcotráfico, incautar armas y dinero. Apenas encuentran 800 gramos de cocaína. Alguien, desde la justicia federal, avisó del operativo ultrasecreto. Se desactiva la cocina “más grande de la Argentina”, la de Delfín Zacarías, en Funes. La ciudad de Santa Fe y alrededores termina el año con 155 homicidios, la más alta cantidad en su historia. Empieza a hablarse de un juicio abreviado para los principales referentes de la banda de Los Monos.

2015. Se inician las causas “Carbón blanco” y “Narcoarroz”. Una en el Chaco, otra en Buenos Aires. Se determina que desde 2006, desde distintos depósitos fiscales vinculados al puerto de Rosario, fueron exportadas más de dos toneladas de cocaína. Silencio de los gobiernos. El gobernador electo de Santa Fe, Miguel Lifschtiz, luego de la exhibición de un video en las pantallas de Canal 5, de Rosario, decide desechar cualquier intento de juicio abreviado para Los Monos. El triunfo del macrismo generará el relato de la nueva administración: “Argentina sin narcotráfico” y el alineamiento con las políticas de Estados Unidos y el regreso de más agentes de la DEA al país. Entre la segunda vuelta y la asunción del ingeniero Macri, se producen las operaciones por el llamado dólar futuro. Más de 24 mil millones de dólares se movieron entonces, según el estudio que llevó adelante Héctor Cavallero.

2016. Desarticulación del SENASA como organismo de control estatal para saber qué entra y qué sale de los puertos argentinos. En septiembre de 2016, el gobierno provincial firma un convenio de colaboración con el nacional. Más fuerzas de seguridad nacionales llegan a la provincia. El 21 de enero se firma el decreto 228 que faculta a las fuerzas de seguridad nacionales a intervenir en las provincias en situaciones de conflicto. De la mano de la seguridad, en realidad, se impone control social. En Rosario se inicia la llamada megacausa. En un primer momento, una quincena de escribanos, contadores y funcionarios de medios de comunicación son imputados de lavado de dinero.

2017. El 28 de agosto, la Policía Provincial de Ontario, Canadá, detecta un cargamento de una tonelada de cocaína procedente del puerto de Bahía Blanca. En Rosario, en la justicia provincial, se da inicio al  juicio a “Los Monos”. En julio, en barrio Yapeyú, fue asesinado el policía Pablo Cejas que había denunciado la presencia de Luis Paz en un country de la ciudad capital. Aparecen las escuchas telefónicas por las horas extras policiales.

2018. Es el año de la doble condena a Los Monos. Primero en la justicia provincial y luego, por fin, en la Federal en la causa llamada “Los Patrones”. Es un año de sangrientos enfrentamientos en el barrio Municipal de Rosario, protagonizados por las familias Funes y Caminos. A partir del 29 de mayo, se dan 19 balaceras contra domicilios de fiscales, casas de jueces y hasta el frente del Concejo Municipal de Rosario. Es atrapado en Rosario por una causa federal iniciada en Paraná y que continúa en Santa Fe, Luis Paz. Y después del asesinato de un prestamista surge el nombre de Esteban Alvarado, hoy prófugo de la justicia provincial. A nivel nacional, el macrismo saca otro decreto, el 683, por el cual habilita la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior. El gobernador de la provincia de Santa Fe, en tanto, sigue pidiendo la ley de narcomenudeo.

2019. El gobierno nacional avanza en la necesidad de bajar la edad de punibilidad a los quince años, echar a los extranjeros que delinquen, crear una unidad paramilitar de reservistas (10 mil) y comprar pistolas Taser. El nuevo gobierno de Brasil, a cargo de Jair Bolsonaro, impulsa el asentamiento de una base norteamericana en su país, al estilo Guantánamo.

2020. Al terminar el año 2020, luego del primer año del gobierno de Omar Perotti, los números “sobre violencias altamente lesivas”, como los denomina el Ministerio Público de la Acusación, marcaron 376 homicidios en los 19 departamentos de la bota. 214 en el departamento Rosario y 93 en el departamento La Capital. Para la población rosarina se constituyó como el cuarto año más violento de la década detrás del trienio 2013, 2014 y 2015. La pandemia del Covid 19 generó un entretiempo de 21 días sin asesinatos pero lo desatado a partir de diciembre de 2019, una especie de partido final por la disputa de los territorios entre las nuevas bandas que alguna vez respondían a Los Monos con aquellas nuevas pandillas que antes respondían a Esteban Alvarado. Luego del aislamiento social preventivo y obligatorio se desató el segundo tiempo marcando el mes de septiembre como un espacio lacerado por los homicidios, tanto en el Gran Rosario como en el Gran Santa Fe. Como bien dijo el presidente del Banco Central de la República Argentina, en las cuevas del microcentro está el dinero del narcotráfico y otras mafias. En las cárceles, las personas detenidas por estar vinculadas al narcotráfico eran 3.627 en 2005 y 16.664 en

2019. Pero, en forma paralela, el flujo de dinero que genera semejante multiplicación de la gente vinculada a este negocio ilegal, tipificado como lavado de dinero y, por lo tanto, como “delitos contra el orden económico y financiero”, apenas tuvo 341 causas iniciadas en todo el país en ese año 2019. El Ministro de Segridad de Santa Fe, Marcelo Sain, presentó tres leyes de Seguridad Pública, Control Policial y del Sistema Policial de la Provincia de Santa Fe. No avanzaron en la Legislatura. También el año 2020 se caracterizó por la pandemia, el crecimiento de la desocupación y los niveles del negocio de la violencia y la estafa de Vicentín. Un claro ejemplo de la colonización del estado para fugar capitales y robarle dinero al pueblo argentino a través de funcionarios corruptos del Banco Nación y del Central. El asesinato de Eduardo Trasante, el 14 de julio de 2020, generó un profundo dolor en gran parte de la sociedad santafesina y no hubo esclarecimiento por sus asesinos tanto materiales como intelectuales. El caso del señor Dutra como histórico contratista de la provincia también marca una forma de comportamiento del lavado de dinero procedente de negocios ilegales, al mismo tiempo que insistimos en saber qué entra y qué sale por los puertos de la provincia.

2021. El segundo año del gobierno de Omar Perotti trajo el segundo año con mayor cantidad de asesinatos en el departamento Rosario, 241, en las últimas décadas. Su ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, renunció a la cartera y fue destituido del Organismo de Investigación. En forma paralela las investigaciones sobre complicidades de los nichos corruptos del poder judicial con el juego clandestino llevaron a procesar a cinco fiscales y pedir la indagatoria al senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri. El año terminó con un extraño allanamiento a la sede rosarina del Ministerio de Seguridad y una investigación sobre espionaje ilegal en los tiempos de Sain. Pero también fue el año de la consolidación de las viejas rutas: 16 toneladas de cocaína salieron desde el Paraná atravesando todos los puertos hasta llegar a Alemania. Y se comprobó que el narcotráfico lava su dinero en financieras del microcentro santafesino y rosarino, tal como lo sintetiza el caso del empresario Gustavo Shanahan. El año terminó, además, con la repetida promesa de más efectivos federales en la provincia, leyes de emergencias en seguridad y servicio penitenciario y nuevas bandas dedicadas a las extorsiones por afuera de las bandas tradicionales.

2022. Fue el año en que decomisaron más de tres toneladas de cocaína que iban a ser enviados a distintos lugares del mundo desde los muelles de Terminal Puerto Rosario, empresa vinculada a Vicentin. Procedimientos de la DEA a través de la Policía Federal que trajeron una feroz conclusión: 50 kilogramos eran los destinos al consumo local. Es decir que por esas sobras se producen los casi 300 homicidios soportados solamente en el departamento Rosario que registró el mayor número de asesinatos superando al año 2013 cuando lo mataron a Claudio “el Pájaro” Cantero. Además surgieron datos reales de la participación del Primer Comando Capital, una organización brasileña, a través de Gustavo Pelozo, proveedor de Esteban Alvarado y relacionado con el triple crimen de Ybarlucea. En mayo de 2022 se conformó un Comando Unificado de Fuerzas Conjuntas a cargo del comandante de Gendarmería, Ricardo Castillo, que generó una inaudita detención de personas consumidoras. El 11 de octubre, a nueve años del atentado contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti, apareció un trapo colgado enfrente de Canal 5 de Rosario, ahora denominado Telefé Rosario, en el que amenazaban de muerte a las y los trabajadores de prensa de la ciudad. El lunes 12 de diciembre, tiros mediante, una nota apareció en las puertas del otro canal abierto, Canal 3, diciendo que matarían un policía por día. Una forma concreta de terrorismo rantifusa pero real y palpable. Al terminar 2022, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe había 44 proyectos de ley para transformar el sistema de seguridad democrática. No se trató ninguno por las diferencias entre los partidos mayoritarios, los mismos que gobernaron durante cuatro décadas la provincia y que se muestran impotentes para frenar la ola de asesinatos y el crecimiento constante del narcotráfico y el contrabando de armas. Sin acuerdo político entre las principales fuerzas, los muertos de hoy servirán para ganar las elecciones mañana a la oposición de hoy, perversa dialéctica que se hace concreta en los últimos ocho años en la provincia de Santa Fe. A finales de diciembre de 2022 se había configurado un mapa narco provincial en la que aparecían mencionadas noventa bandas y organizaciones delictivas presentes por lo menos en once de los diecinueve departamentos de Santa Fe. De acuerdo a nuestro registro había por lo menos 34 bandas en el departamento Rosario; 16 en el departamento La Capital; 10 en San Lorenzo; 7 en San Cristóbal; 5 en Castellanos; 4 en General López; 4 en General Obligado; 4 en Constitución; 4 en Caseros, 1 en Las Colonias y 1 en el departamento San Martín.  Un mapa provisorio y que da cuenta de los negocios ilegales de por lo menos 90 bandas en actividad. Fue el año en el que se produjeron 30 asesinatos de menores de veinte años en el departamento Rosario, haciéndose realidad la orden de Brandon Bay del año 2018 de matar a bebés y cualquier persona que no tuviera nada que ver con las disputas territoriales. Desde el gobierno Paraguayo se informó que por las aguas del sistema hídrico Paraguay y Paraná habían pasado 46 toneladas de cocaína en los últimos dos años, llamándolo “la hidrovía de la cocaína” con una marcada presencia del Primer Comando Civil y conexiones en la provincia de Santa Fe desde hacía tiempo. Esa vía fue inaugurada por la dictadura el 24 de abril de 1978, 44 años de negocios ilegales paraestatales: narcotráfico y contrabando de armas.