A fines de febrero de 2025, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.786, la ley “antimafia”, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, basada en la ley RICCO de los Estados Unidos de 1970. No solamente era la reproducción de una matriz de 55 años si no que implicaba una nueva vuelta de tuerca en torno a las políticas del imperio para generar control social en el continente bajo la excusa del combate contra el narcotráfico. Jamás sobre los inversores y lavadores, jamás contra los bancos y las grandes empresas que manejan los puertos privados, si no contra los sectores populares que colapsarán las cárceles y producirán nuevos millonarios negocios a los hacedores de prisiones que se aprovecharán del estado bobo y cómplice.

La ley de blanqueo produjo que una sola persona involucrada en una operación de lavado podría salvar a todas con la sola confesión de un delito menor. De tal manera se extinguieron las causas federales por la fuga de 800 millones de dólares de Vicentin y sus actividades ilegales como la exportación de cocaína, como quedó demostrado en cinco casos en los últimos seis años.

Pero la ley antimafia, clásico ejemplo de una justicia clasista, al revés de la ley de blanqueo, posibilita que si un muchacho es vendedor de cocaína de mala calidad en cualquier barrio de Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán o Mendoza, reciba la misma pena que el sicario de la banda narcopolicial que lo esclaviza. Bondades de la balanza que siempre castiga por abajo y jamás por arriba.

En ese contexto, el diario “La Nación” publicó el domingo 10 de agosto de 2025 que “una investigación judicial reveló que el contrabando de drogas ilícitas y otras mercaderías por el aeropuerto internacional de Ezeiza se mantiene tras el cambio de autoridades al frente de la Dirección General de Aduanas o de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Pero el seguimiento exhibió una sorpresa: aumentó el monto de las coimas que se pagan en algún eslabón clave de la cadena de mandos y controles, según surge de una investigación contra narcotraficantes y contrabandistas que tramita en la justicia en lo Penal Económico”.

Esto demuestra que en la Argentina de Milei y Bullrich, el narcotráfico no solamente continúa sino que además tiene la posibilidad de importar y exportar grandes cantidades con el problema del precio de las coimas.

En los barrios rosarinos, entrerrianos, cordobeses y del Gran Buenos Aires, empieza a aparecer la certeza que la enorme y liberada circulación de drogas es directamente proporcional al descenso de los homicidios cometidos por las bandas narcopoliciales en los últimos diez años.

Pero también dicen los militantes sociales y religiosos que semejante democratización del consumo genera mayores problemas de salud mental, entre ellos el suicidio adolescente que se incrementa en todo el país como consecuencia de las deudas que no pueden enfrentar con sus proveedores de estupefacientes.

En la Argentina de Milei y Bullrich, la lucha contra el narcotráfico es la cuarta ola de control social ideada por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos con la excusa del combate contra el narcotráfico.

Cada vez más drogas y más represión por abajo, cada vez más impunidad para quienes manejan el dinero, delincuentes de guante blanco.

El problema ahora es el tamaño de las coimas para hacer de la Argentina no solamente un lugar de alto consumo si no una fenomenal plataforma de exportación como viene sucediendo desde el terrorismo de estado.

Fuentes: Diario “La Nación”, domingo 10 de agosto de 2025; Geografía narco (tomos 1 al 9) del autor de esta nota y que puede encontrarse en la biblioteca digital de www.carlosdelfrade.com.ar