En reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y de Gobierno se aprobó la propuesta del Ejecutivo que pone en valor el patrimonio histórico de la ciudad. Mañana jueves tendrá tratamiento en el pleno del recinto.

Con el objetivo de profundizar la preservación de la historia construida de la ciudad y promover su puesta en valor y sostenibilidad, el patrimonio edilicio de Rosario tendrá un nuevo marco normativo basado en un Plan de Sostenibilidad Patrimonial que incluye la creación de los Derechos de Edificación Transferibles (DET); la modificación del Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbanístico; y un proyecto de articulación general.

El acuerdo se logró hoy en el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y Gobierno, de la que participaron concejales de todo el arco político, y que tuvo lugar hoy en el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre” del Palacio Vasallo.

De los concejales

El edil Fabrizio Fiatti describió que se trata de tres propuestas contenidas en un mismo mensaje del Ejecutivo que van a dar lugar a tres ordenanzas diferentes. Se refirió al rol del Fondo de Preservación y a la puesta en valor de las fachadas en acuerdo con los propietarios. La primera etapa apunta su implementación a las peatonales Córdoba y San Martín, y a los inmuebles con protección directa integral de dominio privado. Aseguró que se priorizaron los inmuebles “intocables” donde se necesitan fondos para poder restaurarlos. Precisó que se democratiza el acceso a la conservación patrimonial, y que se fijan reglas de juego comunes para intervenir inmuebles de perfil patrimonial. Aclaró, por último, que la ordenanza de Convenios Urbanísticos  sigue vigente.

La concejala María Fernanda Gigliani, advirtió por un escenario de desigualdad jurídica y pidió transitar hacia una norma que contenga las reglas y que la excepción, tenga justamente carácter puntual. Consideró que existe cierta discrecionalidad en la propuesta, y analizó cuestiones vinculadas al financiamiento y al acceso restringido al Fondo de Conservación. Respecto al Inventario y Catalogación planteó definir criterios.

Alicia Pino remarcó que los propietarios no pueden sostener su inmueble de valor patrimonial, en tanto propuso un sistema de monitoreo y evaluación cada tres años. Al hablar sobre el tema Inventario mencionó que desde el 2019 en el Ejecutivo se trabaja para uno nuevo, junto a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo.

Jesica Pellegrini se refirió a la relación de la propuesta con el dominio de la propiedad a través del Registro de la Propiedad y al entramado de vínculos jurídicos que esta implica. Advirtió que, actualmente, la capacidad constructiva del sector privado se limita a aspectos arquitectónicos y patrimoniales, mientras que esta normativa introduce un nuevo derecho y un reconocimiento por parte del Estado.

Agapito Blanco señaló que el objetivo es preservar el patrimonio, hoy afectado por numerosos casos que evidencian su deterioro. Sostuvo que es necesario buscar herramientas para abordar esta situación, ya que, si bien se está avanzando en la mayoría de los casos, ello no garantiza abarcar la totalidad. Explicó que el convenio urbanístico busca ofrecer soluciones y brindar a los particulares herramientas de elección en materia de edificación, estableciendo al mismo tiempo determinadas restricciones a algunas salidas comerciales.

Mariano Romero consideró que es necesario buscar mecanismos para garantizar que en caso de incumplimiento o falta a la buena fe tenga intervención el estado. Destacó la inclusión de la garantía del seguro de caución en caso de incumplimiento, en el artículo 13, aunque reclamó que está redactado en potencial con lo que queda a discrecionalidad, no sólo para este gobierno sino también para los futuros, la aplicación de la o no de esa facultad que el municipio tiene, por lo que consideró que esa redacción debería modificarse. Acompañaron esa moción los concejales Agapito Blanco y Alicia Pino.

Juan Monteverde valoró este debate de cara al futuro y las posibles situaciones que en este tema puedan ocurrir intentando siempre minimizar la generación de antecedentes negativos y agregó una sugerencia a corregir para acompañar la norma “no considero oportuno llamarlo derechos, deberíamos hablar de capacidad constructiva intransferible. En todos los casos son restricciones al dominio, cualquier límite de altura lo es, si con esto estamos generando un derecho a futuro cualquiera puede reclamarlo, ahí creo que estamos yendo en contra del espíritu de la norma”. 

Julia Irigoitia, estimó que no fijar ningún tipo de parámetro sobre el precio del metro cuadrado, puede dar paso a la especulación.

Recalificación Urbanística en Batlle y Ordoñez al 5200

El primer expediente abordado en el encuentro refiere a un mensaje del intendente con un convenio urbanístico productivo y anteproyecto de ordenanza para la recalificación urbanística de los terrenos ubicados en avenida Batlle y Ordoñez al 5200. El mismo tiene por objeto convenir las condiciones urbanísticas que posibiliten viabilizar una urbanización de carácter industrial y logístico, y permitir la regularización de actividades productivas que se encuentran en diferentes grados de desarrollo.

Agapito Blanco hizo un reseña y manifestó: “la historia de este emprendimiento es un particular que compra una tierra destinada al sector productivo frutihortícola, lo que implica que la pagó mucho menos de lo que vale si comprara una tierra industrial y en esas tierras construye en primer lugar un galpón. Allí es donde la Municipalidad los intima a hacer una regularización, luego en tres oportunidades clausuró la obra y pasadas esas instancias realiza una denuncia para regularizar la situación, cosa que no ocurrió y en ese transcurso se construyeron dos galpones más. Ante esto el municipio ofrece una alternativa para que el Concejo resuelva y teniendo en cuenta los 50 puestos de trabajo que allí se desarrollan, se propone una recalificación del suelo y se impone una multa con efecto disuasorio para que la situación no se repita a futuro”.

Durante el análisis del expediente, el concejal Fiatti sostuvo que el proyecto en cuestión “no implica transformación ni generación de residuos”, y que, al no tratarse de un convenio urbanístico productivo, corresponde considerarlo como una regularización. Propuso además duplicar el monto de la compensación, incorporando así una cuota de carácter sancionatorio, y destinar parte de esos fondos al Programa Frutihortícola. Señaló que el valor original de la compensación se duplicaría y que, a través del Tribunal de Faltas, el contribuyente podría acordar un plan de pago en hasta 12 cuotas con el municipio.

La concejala Norma López cuestionó la posición del Departamento Ejecutivo y subrayó la importancia de definir claramente las penalidades y los montos.

Por su parte, Gigliani  consideró que la compensación debería superar la mitad del valor propuesto, teniendo en cuenta la recalificación del suelo y el daño causado por la pérdida de superficie frutihortícola. Indicó que el doble de los 258 millones de pesos de compensación representa una multa y una recalificación necesarias, y advirtió que “se termina regularizando lo hecho en forma de transgresión”.

A su vez, Irigoitia  señaló la necesidad de incorporar expresamente el destino de las compensaciones en el texto del convenio.

Finalmente, Monteverde pidió que se determine con precisión el destino de los fondos, para evitar que ingresen a Rentas Generales y asegurar que tengan una aplicación real y específica.

Por su parte la concejala Alicia Pino presentó una propuesta de redacción para incorporar al expediente que “el presente convenio no podrá interpretarse ni aplicarse autorizando o exceptuando al beneficiario para desarrollar actividades que puedan contaminar el ambiente en cualquiera de sus formas. La Municipalidad ejercerá el control y seguimiento que garantice el cumplimiento de la normativa”.

El concejal Calatayud aportó que es importante establecer un formato para que en el caso de detectarse irregularidades constantes, debiera efectivizarse una rápida demolición dado que cuando eso se extiende en el tiempo se encuentra el inconveniente de los puestos de trabajo que allí se desarrollan.

Tanto los bloques del peronismo  como Ciudad Futura manifestaron que supeditan su acompañamiento  al proyecto a la definición concreta del uso del suelo y de la afectación de la compensación.

Participantes

Participaron del encuentro, realizado hoy en el Salón de los Acuerdos del Concejo Municipal, los concejales y concejalas María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Fabrizio Fiatti y Mariano Roca, de Arriba Rosario, Juan Monteverde, Caren Tepp, Jesica Pellegrini y Julián Ferrero, de Ciudad Futura; Anahí Schibelbein y Marisol Bracco, del bloque Radical; Carlos Cardozo y Ana Laura Martínez, del PRO; Alicia Pino, Manuel Sciutto y Federico Lifschitz, de la bancada Socialista, Hernán Calatayud, de Volver a Rosario, Mariano Romero y Norma López, de Justicia Social, María Fernanda Rey y Julia Eva Irigoitia, del bloque Justicialista; Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, y Sabrina Prence, de Nación y Libertad.