CAPÍTULO 6.  LIBRO GEONARCO 7

La ciénaga. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, pidieron la elevación a juicio oral y público contra el ex fiscal regional Patricio Serjal. Lo acusan de haber organizado una asociación ilícita y por hechos de corrupción en el marco de una estructura ilegal dedicada al juego clandestino, por lo cual piden una condena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua. Además solicitan que el juicio se realice en paralelo con el que juzgará a Guille Cantero por el ataque al casino por tratarse de dos causas relacionadas. La investigación que llevó a la imputación de Serjal, y también del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y del empleado judicial Nelson Ugolini, nació de la causa que investigaba el ataque al casino ocurrido en enero de 2020 y por el cual resultó asesinado el gerente bancario Enrique Encino. En ese marco fue que comenzó a ventilarse cómo desde el interior del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se filtraba información a una red de juego clandestino.

A caballo y con una Glock. Un hijo adolescente de Ariel «El Viejo» Cantero fue demorado este domingo por la tarde dado que según fuentes policiales portaba un arma de fuego. El chico, de 17 años, andaba a caballo por barrio Las Flores con otras personas cuando intentó escapar de la policía. Con esta ya suma varias detenciones en los últimos meses. La tarde del domingo 2 de enero de 2022 los policías que patrullaban por la zona de 5 de Agosto al 1500 advirtieron que un grupo de chicos que se movían en caballos intentaron escaparse cuando vieron el móvil de la fuerza. Según fuentes de la policía, una vez que fueron aprehendidos se constató que uno de ellos había descartado un arma de fuego calibre 9 milímetros.

La preocupación porteña. A partir de una cumbre realizada entre especialistas el pasado 15 de diciembre, el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) presentó un informe en el que manifiesta la preocupación por la situación de la provincia de Santa Fe. Una de las conclusiones del encuentro indica que en la provincia se detecta «prácticas mafiosas» que «han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales».

«La alarma más grave es la comprobación de que estos grupos en sus diversas formas criminales han penetrado la política. Tienen alta capacidad de cooptación de la política y esto es un estadio extremadamente crítico en la Argentina», consideró Juan Félix Marteau, director del centro de estudios, en diálogo con LT8. «Si este cáncer no se opera y no se extrae por completo va a tener capacidad de hacer metástasis en otras regiones con características geográficas como las que tiene Santa Fe», agregó.

La valentía de una mujer. “Lo que vamos a hacer es declarar lo que sabemos o nos contaron. A mi familia, puntualmente a mi hermano Rodrigo, Alvarado lo quiso implicar en las amenazas a funcionarias judiciales. Yo en la audiencia voy a referirme a las conexiones de Alvarado con la política, con gente que está en cargos muy importantes de la provincia y también a sus contactos con la Justicia y la policía santafesina, incluso con funcionarios que están en cargos electivos”, dijo Mariana.

Tiros contra la policía. Ocho delincuentes armados balearon este sábado a la madrugada un patrullero de la policía en la zona sur de Rosario. Incluso, de acuerdo a fuentes oficiales uno de los atacantes habría portado una ametralladora. La tremenda balacera fue tal, que algunas versiones indican que el patrullero (móvil móvil 8330) tenía once impactos de bala. En la escena del ataque se recogieron alrededor de 55 vainas servidas.

3 chicas y chicos de 13 años. Brian Benítez, de 22 años, recibió una pena de dieciséis años por matar a Soledad Pamela Gómez, de solamente trece años, dejar en silla de ruedas a Kevin, también de trece años y desfigurar a otra chica, la tercera persona de trece años. Fue en un pasillo de Villa Banana, en el cercano oeste rosarino, el 4 de abril de 2021, en el marco de una disputa entre las bandas de “Los Cuatreros” y “Los de Gálvez”. Soledad estaba muy feliz, había llegado desde San Lorenzo porque podía empezar a cursar sexto grado en la escuela “Marcelino Champagnat” de Rueda al 4400.

El City. “Hay que hacer lo del City (Center). Ahí vamos a sacar una money”, aseguró Máximo Ariel Cantero, el Guille, líder de la banda de Los Monos, en un diálogo que mantuvo desde la cárcel de Ezeiza el 8 de enero de 2020 con su lugarteniente, Maximiliano “Cachete” Díaz, que fue el encargado de planear, tres días después de esa conversación confirmatoria, el ataque contra el casino que terminó con el asesinato del gerente del Banco Nación Enrique Encino, alcanzado por una bala en el sector de fumadores de la sala de juegos de azar.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron 22 años de prisión para el líder de Los Monos y todo un entramado de sicarios que se embarcaron en una empresa que tenía como objetivo extorsionar al casino. El objetivo era generar conmoción con un ataque a tiros para después obtener dinero, un método que luego se multiplicó en Rosario, donde esta raíz mafiosa se trasladó a otras bandas menores.

96 años. Cantero suma más de 96 años de pena por las condenas en su contra. Y con este nuevo juicio, si es declarado culpable, podría llegar a 118 años de cárcel. El año próximo enfrentará otras causas judiciales que tiene pendientes en la Justicia federal por lavado de dinero del narcotráfico. Actualmente, está preso en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, donde en agosto pasado le secuestraron dos teléfonos fijos dentro de su celda, con los que habría planeado un ataque contra el Centro de Justicia Penal de Rosario. El episodio del casino que le costó la vida al directivo del Banco Nación de Las Parejas, de 64 años, fue el disparador de un entramado mucho más profundo de complicidades con el Poder Judicial.

La ciénaga. Guille Cantero y Cachete Díaz extorsionaban también a otro capitalista de juego, pero clandestino: Leonardo Peiti, quien –según detectó la investigación- pagaba sobornos a los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad para que no le abrieran causas judiciales en momentos en que pretendía introducirse en el negocio legal de las apuestas online de la mano del senador peronista Armando Traferri.

En el corazón de la Capital Federal. Johnny Ray Arnao Quispe, conocido por su alias de Pantro, y otras 11 personas serán juzgadas por integrar una banda narco que tenía su base de operaciones en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Con la venta de estupefacientes, la organización criminal, que históricamente estuvo liderada por Marco Estrada Gonzáles, apodado Marcos, y su hermano Fernando Estrada Gonzáles, alias Pity, llegó a recaudar sumas superiores a los 900.000 pesos por día, unos $27.000.000 por mes. Así surge del dictamen donde los fiscales federales Eduardo Taiano y Diego Iglesias, funcionario a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), solicitaron la elevación a juicio del expediente judicial donde se describió el accionar delictivo de los imputados. La contabilidad casera de la empresa criminal se descubrió a partir del secuestro de cuadernos con anotaciones manuscritas donde se dejaba constancia de los ingresos por la comercialización de drogas en cada uno de los puntos de venta de la villa 1-11-14 y de otros movimientos de dinero.

Paraguay, Paraná y Luis Paz. Germán Ezequiel Velázquez actuaba de puente entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Proveía de drogas que traía de Paraguay a bandas de Paraná y de la capital santafesina, con un bajo perfil y cuidado en sus movimientos. Vivía en la capital entrerriana, separada de Santa Fe por el río Paraná y unida por el túnel subfluvial, y sus contactos más aceitados los tenía en la capital santafesina, con Luis Paz, uno de los principales enemigos de la banda de Los Monos, que fue condenado el 18 de octubre pasado a 13 años de prisión. La historia de Velázquez muestra cómo se mueven y reciclan los engranajes que hacen circular la provisión de estupefacientes desde las fronteras. Este hombre de 36 años, oriundo de Rosario, donde tenía vínculos estrechos con el clan Bassi se trasladó a la capital santafesina para escapar de la venganza de Los Monos y se recicló como uno de los principales proveedores del narco Luis Paz, exmanager de boxeo. Velázquez se entregó a la justicia el 12 de noviembre pasado, tras estar prófugo desde el 22 de febrero de 2019, cuando el fiscal federal Walter Rodríguez ordenó su detención. Velázquez está acusado de ser el proveedor de un cargamento de 146 kilos de marihuana que entregó a Paz y a su socio el arquitecto Andrés Cantelli el 12 de noviembre de 2018 en una estación de servicio Axion Energy, ubicada en la ruta 168, que une Santa Fe con Paraná. Ese cargamento tenía como destino final la ciudad de Rosario. Se sospecha que en esa ciudad familiares de Paz actuaban de intermediarios para la provisión de marihuana y cocaína a los búnkeres. El 4 de setiembre de ese año Paz había transportado hasta su ciudad natal otro cargamento de marihuana que tenía como destino un departamento en el Fonavi de calle Derqui al 7700, donde Lautaro Reynoso, el hijo de su pareja, tenía aceitada una red de distribución. Diez días después de esa entrega surgieron problemas porque el cannabis estaba en mal estado. Los vendedores de la droga advirtieron que los panes estaban podridos, algo que ocurre seguido, según los investigadores, con la marihuana paraguaya, que se prensa cuando las flores aún están húmedas y en poco tiempo entran en descomposición. Ese incidente desató una serie de recriminaciones cruzadas que tuvieron como destino a Velázquez, quien presuntamente era el que traía la droga de Paraguay. Las discusiones provocaron que este hombre se descuidara y hablara con mayor frecuencia por teléfono. Esto fue clave para la investigación porque a través de esas peleas lograron reconstruir la estructura de la organización.

Erwin Loza, considerado jefe de un poderoso clan narco que lavó grandes fortunas provenientes de operaciones de tráfico de cocaína a Europa entre 2008 y 2018, fue condenado a la pena de diez años de cárcel. Además, se le impuso una multa de 378 millones de pesos.

Así lo resolvió el Tribunal en lo Penal Económico (TOPE) N°3, a cargo del debate que concluyó hoy. Loza fue encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, lavado de activos y contrabando de divisas en grado de tentativa. La lectura del veredicto, que se vio interrumpida por un corte de luz en la sala de la cárcel de Marcos Paz donde siete de los acusados siguieron las alternativas de la última audiencia del juicio, estuvo a cargo del juez Luis Imas, presidente del TOPE N°3. En el veredicto también se ordenó el decomiso de inmuebles en los barrios de Recoleta, Caballito y Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y de San Isidro, Pilar, Mar del Plata, Pinamar y Salta. También, vehículos y camionetas de alta gama de marcas como Mercedes Benz y BMW, entre otras; activos de diferentes empresas, dos relojes Rólex secuestrados en un allanamiento hecho en una propiedad de la localidad de Martínez y electrodomésticos. Buena parte de ese lote de bienes muebles e inmuebles había quedado en manos del Estado en septiembre de 2019. Fue cuando se aplicó el primer fallo de la Justicia Civil y Comercial dictado bajo el paraguas del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el expresidente Mauricio Macri impuso el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio sobre bienes que sean producto de la corrupción y del crimen organizado.

“Hay chicos, amigo”. Tres familias que viven en Montevideo al 7300 en Rosario decidieron pintar un mural para rogar que no les vuelvan a balear la vivienda. “Hay chicos, amigo”, “somos familias”, “nuevos dueños, no vendo nada” fueron las aclaraciones que dibujaron en color rojo y azul, días después de un tiroteo contra la casa que se supone es un mensaje contra los exocupantes o un intento de amenaza para que ellos se asusten y se retiren. “Esta casa la tenían como aguantadero, como un búnker. Estos pibes le pegaron al dueño, lo amenazaron para que se vaya y el dueño tuvo que irse”, explicó a Canal 3 una mujer que vive allí junto a sus hijos. “El sábado a las 15 vinieron y tiraron un par de tiros: cuatro en el paredón, uno de la vecina y las otras vainas estaban en la calle”, expresó sobre lo ocurrido este fin de semana y sostuvo: “Lo único que quiero decir es que acá somos todos familias de bien y que no queremos la casa para vender drogas. Somos familias y queremos un techo para nuestras criaturas, no queremos hacer nada de otro mundo”. Pintó el frente de su casa para evitar que la baleen: «No vendo nada, somos familia»

 “No se puede permitir que extorsionen a una ciudad entera, como Rosario. Si no hay un freno a esta situación van a lograr que estos métodos mafiosos se extiendan a todo el país”, afirmó a LA NACION el intendente Pablo Javkin, quien advirtió que la gravedad del problema narco “traspasó todos los límites” luego del ataque a balazos que se produjo el domingo pasado en un restaurante en pleno centro. Javkin, dirigente de origen radical y actualmente enrolado en el Frente Amplio Progresista, consideró que luego de esos atentados que provocaron una fuerte conmoción en la ciudad “los comerciantes y empresarios se sienten amenazados ante el temor de ser extorsionados por estos grupos criminales, porque la intimidación es al orden público en general”. “Me parece que a nivel nacional no se toma dimensión del problema, más allá del plano mediático”, advirtió el intendente. Rosario no cuenta con una policía municipal, por lo que –según señaló Javkin– “no hay mucho margen de acción más allá del control con agentes sin armas” por parte del municipio. “No puedo combatir el narcotráfico con un handy. No tenemos muchas herramientas para enfrentar un problema muy profundo que, si sucediera en Buenos Aires, la reacción sería distinta”.

–El Ministerio de Seguridad de la Nación envió 575 gendarmes a Rosario hace poco más de un mes. ¿Fue efectiva la intervención de las fuerzas federales?

–El último contingente de efectivos federales que llegó a Rosario realiza despliegues en determinadas zonas. La intervención funciona cuando operan en un territorio puntual. Ahí el delito baja. Pero el problema no se termina. Porque crecen la inseguridad y la violencia en otras zonas cercanas, donde los gendarmes no están. Por ejemplo, los patrullajes en el barrio Rucci [en el norte de Rosario] provocaron una merma del delito, pero los hechos de inseguridad se trasladaron a La Florida. Hay poco acompañamiento de la policía. No hay patrullajes para realizar prevención y no hay ni siquiera comunicación entre las fuerzas para coordinar tareas cuando ocurre un hecho, porque usan sistemas distintos de comunicación. Eso quedó evidenciado en el ataque al restaurante. Nadie persiguió al atacante.

«No puedo combatir el narcotráfico con un handy. No tenemos muchas herramientas para enfrentar un problema muy profundo que, si sucediera en Buenos Aires, la reacción sería distinta», dijo Pablo Javkin, intendente de Rosario

–¿Por qué cree que este tipo de ataques, que algunos legisladores lo catalogan como narcoterroristas, son un punto de inflexión?

–Si esto hubiera ocurrido en la calle Corrientes, en Buenos Aires, la reacción a nivel político e institucional hubiera sido otra. No se toma dimensión que lo que sucede en Rosario con este tipo de métodos mafioso de extorsionar a una ciudad entera. Y el peligro es que este fenómeno se expanda. Hay otras ciudades que tienen problemas con el narcotráfico y la seguridad, pero es en un sector. La villa 1-11-14 tiene un índice de homicidios mucho más alto que el de Rosario, pero el enfoque no es que toda la ciudad de Buenos Aires es la más violenta del país. En Rosario la violencia está focalizada en zonas donde hay disputas entre bandas criminales. Eso, al menos, era hasta ahora. Los atentados contra estaciones de servicio, escuelas y restaurantes generan un daño muy grande porque el mensaje parece ser a toda la ciudad. Y en Rosario la gente que trabaja disfruta del espacio público como en ninguna otra ciudad del país. Hay turistas que vienen a la ciudad y se sorprenden porque los parques están llenos de gente a la noche. Tenemos que impedir que nos gane el miedo.

– ¿Lo llamó alguien del Gobierno por lo que pasa en Rosario?

–El único que se comunicó conmigo fue el ministro del Interior, Wado De Pedro, que me escuchó y quiso tener un diagnóstico de la situación de manera directa. Mi visión es que hay un severo problema de inteligencia criminal, sobre todo en las cárceles, que es donde hoy se traman la mayoría de los delitos y episodios de violencia grave que ocurren en Rosario. No veo que el Servicio Penitenciario de Santa Fe esté observando esta situación que es palpable, que se traslada a que la mayoría de las causas judiciales por actividades mafiosas tengan como protagonistas a presos, que fueron imputados, algunos de ellos condenados, y siguen cometiendo delitos desde los penales. Es imposible que estos métodos que utiliza el crimen organizado desde las cárceles se lleven adelante con total naturalidad. Lo mismo pasa en el penal de Marcos Paz, donde hay varios jefes de organizaciones narco detenidos.

Germán de los Santos

La Federal Santafesina SA. Marcelo Lepwalts, exjefe de la Policía Federal en Santa Fe, sumó dos condenas en solo siete meses: acumula ocho años y nueve meses de prisión por haber formado, junto con otros efectivos de esa fuerza, una “empresa criminal” que llevó adelante delitos que van desde “tenencia de estupefacientes” a “cohecho” y “abuso de autoridad”. En las investigaciones que llevó adelante el fiscal federal Walter Rodríguez se detectó que Lepwalts y sus hombres tenían montada una organización criminal en Santa Fe que se dedicaba a varios rubros, como incautar teléfonos celulares de narcotraficantes que ocultaban a las autoridades y por los cuales luego pedían rescate, o secuestrar estupefacientes, fraguar su peso  en las actas de procedimiento y guardar la droga en la delegación para “plantársela” a distintos dealers una vez que dejaban de serles útiles. Los hechos enumerados en el juicio por el fiscal Martín Suárez Faisal ocurrieron entre marzo de 2018 y mayo de 2019, cuando Lepwalts se encontraba al frente de la delegación Santa Fe de la Policía Federal. Lo llamativo es que el oficial designado para reemplazar a Lepwalts cuando fue desplazado y detenido por orden del entonces jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, fue el comisario Mariano Valdés, que en enero de 2020 también fue procesado por tráfico de estupefacientes; fue tras un allanamiento en el que se encontraron en un bolso rastros de LSD y metanfetaminas. Ese bolso fue clave en el tiroteo que protagonizó Valdés el 9 de setiembre de 2019, cuando iba en un auto con una suboficial. Los procesamientos de los últimos dos jefes de la Federal en Santa Fe dejan al descubierto las complicidades que tejían con eslabones clave del mundo de la venta de drogas. En el juicio, el fiscal describió la empresa criminal que respondía a Lepwalts como “Delegación Santa Fe SA”. “Era un lindo grupo, muy unido”, dijo Suárez Faisal. “Sí, unidos en la delincuencia más abyecta para un funcionario público”. Suárez Faisal remarcó que la asociación ilícita desarrollaba otras actividades asociadas a la venta de dólares y a los puestos callejeros, donde la brigada policial también extorsionaba para conseguir un “cánon mensual”. Una muestra de la cohesión para recaudar de forma ilegal es palpable en las escuchas de la investigación. “Acá es todos por igual; sin importar jerarquía. Eso es lo bueno de este grupo”. Los que hablan son dos efectivos de la Policía Federal de Santa Fe y no se refieren a la distribución del trabajo, sino de la droga que secuestraban, que luego vendían y transformaban en dinero. La cocaína y los teléfonos eran un botín preciado para el grupo de policías encabezado por “Lechuga” Lepwalts, que, según el fiscal instructor, había “configurado un sistema de recaudación ilegal nutrido por utilidades provenientes del narcotráfico”. Los investigadores sospechan que el negocio ilegal del narcotráfico que manejaba Lepwalts cambió de manos cuando lo reemplazó Valdés, designado por la cúpula de la PFA para “sanear” ese foco de corrupción. Los agentes capitaneados por Lepwalts traían estos “vicios” de otros destinos, como Villa María, Córdoba, donde ya habían sido detectados por la Justicia.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Con una ciudad de Rosario sumergida en la violencia provocada por el avance del narcotráfico, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, reiteró su pedido a autoridades nacionales para que envíe más agentes de fuerzas federales. “Nos ha superado el narcotráfico”, aseguró. En un breve intercambio con la prensa local, Perotti señaló: “La dimensión de lo que hay que enfrentar requiere el mayor apoyo de fuerzas federales y de la Justicia federal”. La tarea, según el mandatario provincial, significa la designación de cargos en fiscalías y juzgados. “Estamos enfrentando un delito que ha crecido enormemente en los últimos doce años con la misma estructura federal de hace treinta años; queremos resultados diferentes, pero tenemos que hacer cosas diferentes”, precisó.

Perotti auguró el acompañamiento de las autoridades federales. “Será seguramente después de las elecciones”, vaticinó, y remarcó: “La llegada de fuerzas federales tiene que ser un claro mensaje de que no es una ocasión, no es una cosa transitoria, sino una decisión de la Nación argentina que en su territorio pasen estas cosas”.

“Hoy nos toca a nosotros como santafesinos y pedir ayuda no un disvalor”, agregó el gobernador de Santa Fe, quien confesó: “Nos ha superado, se ha incrementado la violencia, la organización, la capacidad de delito, el movimiento del narcotráfico, el lavado de dinero, y sin ayuda esto no se enfrenta”. Así, el mandatario santafesino sostuve que “no se siente un gobernador con menos capacidad”. “Si no lo hago soy cómplice”, dijo, y subrayó: “Demorar el pedido de ayuda es favorecer el desarrollo de estas organizaciones”. Y cerró: “Este tema excede a la provincia y necesitamos todo el acompañamiento para enfrentarlo”.

Presos y casi analfabetos. Antes de la pandemia del covid, hacia mediados de 2019, el Servicio Penitenciario Provincial realizó un relevamiento en la Unidad 6 de Rosario para tener indicadores de escolaridad y analfabetismo. De las 501 personas entrevistadas, el 33 por ciento (uno de cada tres) dijo no haber terminado la escuela primaria y, a su vez, la mitad de este porcentaje comunicó que no había pasado el cuarto o el quinto grado en esa instancia educativa. Dos años después, en un incipiente escenario post pandemia, estos datos son remarcados a Suma Política por Guillermo Cabruja, el referente de Alfabetización Santa Fe, organización civil que trabaja en tres cárceles provinciales y con más relevancia, desde hace ocho años, dentro de la mencionada Unidad 6, ubicada en Francia al 5200, en la zona sur de Rosario. El censo interno en esa penitenciaría, a la cual este medio pudo acceder, revela que sólo 18 personas de esas 501 (el 3,6 %) concluyeron sus estudios secundarios, frente a 88 (el 17,5 %) que los abandonaron.

La ciénaga. “Tres nuevos elementos sobre el senador Armando Traferri fueron sumados por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en la causa por la entrega de subsidios -que involucra a cinco senadores provinciales- que esta misma semana desarchivó la fiscal regional María Eugenia Iribarren. La sospecha de vinculaciones oscuras del senador Armando Traferri con un nutrido grupo de policías que actuaron como socios del narco Esteban Alvarado, el uso de subsidios que tiene bajo su órbita cada senador para costear campañas políticas y la declaración del arrepentido ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, que confesó que su ex jefe Patricio Serjal cerró la causa que investigaba el destino de estos mismos subsidios bajo presiones políticas diversas, entre otras del senador Traferri son esas revelaciones. La denuncia original en este proceso fue del ex concejal Jorge Boasso, y apuntaba también a los senadores Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) y José Baucero (PJ-San Javier) y al ex vicegobernador Jorge Henn”, escribió el periodista José Maggi en el diario “Rosario/12”, el 7 de agosto de 2021.  La decisión de Iribarren respondió a un pedido por pedido de la Agencia de Criminalidad Organizada, a cargo de Schiappa Pietra y Edery. Los fiscales comienzan recordándole a Iribarren que en el marco de la causa en la que investigaban a Esteban Lindor Alvarado se detectó a un grupo de policías que le otorgaron el permiso estatal para que sus negocios ilegales pudieran prosperar y desarrollarse por más de una década. Este grupo de policías – que en su totalidad habían pertenecido a la división «Drogas – Zona Sur» de la URII – habían sido trasladados a la UR XVII de San Lorenzo. En el transcurso de esa investigación se condenó a Cristian Di Franco -alias Chamuyo-, a Javier Makhat, y se imputó a Gustavo Spoleti por realizar una maniobra de lavado de activos con un miembro de la organización comandada por Alvarado. Por causas derivadas se imputó a quien fuera jefe de la Unidad Regional 17 Gonzalo Paz -alias Chino- y será imputado próximamente Ernesto Raúl Andreozi -alias Perro- quien fue miembro de esa Unidad Regional y actualmente se desempeña como asesor del senador Armando Traferri. Los fiscales están convencidos de que la relocalización de los policías que colaboraron con los negocios ilícitos de Alvarado en el departamento San Lorenzo hacía posible la existencia de vínculos entre estos y la persona más fuerte políticamente de ese departamento, que no es otro que el propio senador departamental. Esos vínculos fueron acreditados analizando el teléfono secuestrado de Spoleti en el marco de la causa seguida contra Esteban Alvardo por asociación ilícita. Al analizar las conversaciones mantenidas mediante WhatsApp, se encontró una que mantuvo Gustavo Spoletti con Diego Ronsisvalle, en la cual hablan sobre la posibilidad de comprar un escudo balístico. Ante la duda de cómo traerlo al país, Ronsisvalle menciona “como trajimos los cascos” y dicen que van a llevarle los papeles al senador (Traferri) para que haga la compra. Hablan de traerlo a través de la Fundación de éste, porque era posible entonces no pagar impuestos de Aduana. Más tarde Spoletti le dice que el senador le dijo que lo encargue ya mismo (29/9/2018). El 4/10/2018 Spoleti le dice a Ronsisvalle que haga la factura a nombre de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y finalmente el 31/1/2019 Ronsisvalle le avisa a Spoleti que llegó el escudo y le manda la factura para que se la pase al senador. Asimismo, la información analizada fue utilizada como evidencia en la investigación en la cual fueron imputados Gustavo Spoleti (encubrimiento, peculado de Servicios e incumplimiento de los deberes de funcionario público), Gonzalo Paz (encubrimiento) y Jorge Daniel Quintana (encubrimiento). Dentro de la misma se realizaron una serie de allanamientos en fecha 18/3/2021 y se secuestró del domicilio de Germán Vega un teléfono celular donde se halló una conversación entre este y Spoleti del mes de junio del año 2020, en la cual este último le refiere que la secretaria de Traferri “la semana que viene tiene que certificar las firmas de los subsidios que entrega el Senado”. Finalmente, la sospecha fiscal se centró en la Fundación San Lorenzo Solidario: que recibió 44 subsidios, encabezando la lista de beneficiarios. La Fundación adquirió el 31 de julio de 2014 un colectivo Mercedes Benz. «De la búsqueda de imágenes relacionadas al modelo referido surge que el rodado presenta similares características que el que se registra con imágenes ploteadas con el nombre de Traferri, y que circula por San Lorenzo». Para los fiscales, «de lo expuesto surge que una importante fuente de ingresos de la Fundación San Lorenzo Solidario resultan ser los aportes en concepto de subsidios que le concede la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, a través del Senador Armando Traferri. Resta relevar información a los fines de determinar la posible comisión de delitos vinculados a delitos de tráfico de influencias y/o peculado u otros».