Por Mariana Miranda, Psicóloga/Escritora

   El 25 de enero de este año, 2017, se cumplieron 20 años del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, cuyo cadáver se encontró en una cava en General Madariaga, a pocos kilómetros de Pinamar,  carbonizado y con dos tiros de bala en el cráneo.

   A 20 años del crimen los imputados, tres condenados a reclusión perpetua y 6 condenados a prisión, están todos libres. “Los jueces dejaron a los asesinos en libertad”, señaló Gladys Cabezas, hermana del reportero asesinado. El 21 de diciembre del año pasado salió libre Gustavo Prellezo  quien fue quien lo ultimó a balazos. Si bien había condenas a perpetua para todos los asesinos después cambiaron la carátula de la causa y con la aplicación del 2 por 1 y la buena conducta hoy por hoy están todos los condenados libres.

   Organizados por diversos sindicatos y asociaciones de trabajadores de prensa y sobre todo por ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina) se rindió homenaje al reportero gráfico asesinado en diversos actos que se realizaron en todo el país.

   En Rosario se realizó un homenaje en la Plaza Pringles  organizado por el Sindicato de Prensa y trabajadores de Argra en donde participaron diversos oradores y en donde se repartió a los asistentes la foto que fue tapa de la Revista “Noticias” en donde se ve al empresario postal Alfredo Yabrán con su esposa en la playa de Pinamar, foto tomada por Cabezas para la revista, foto que fuera en el más cabal de los sentidos su propia sentencia de muerte. También se leyó en dicho acto la emotiva carta que escribiera la hija de José Luis al cumplirse los 20 años de la muerte de su padre.

   En la cava de General Madariaga donde se encontró el cuerpo se organizó uno, con la asistencia del intendente de la localidad y diversos oradores, se hizo otro en la ex ESMA  (C.A.B.A.) que en la actualidad fue acondicionada como sitio para actividades que contribuyan a preservar la memoria colectiva, en las ciudades de Mendoza y de San Luis se hicieron exposiciones en sitios emblemáticos con las fotos más icónicas tomadas por José Luis Cabezas, en la ciudad de Tucumán se colocó una placa conmemorativa en la Plaza Central.

    Irma Montiel, de Argra, sostuvo en el acto de la ciudad de Córdoba que “los reporteros gráficos están para documentar lo que le pasa a la sociedad” y que “los reporteros gráficos ponen la cara, la sangre y su firma debajo de la foto haciéndose responsables de la imagen”.  “Jamás pensamos que nos matarían por hacer nuestro trabajo, por cumplir sacando una foto”, dijo Eduardo Seval en el  acto de homenaje que se realizó en la ciudad de Santa Fe.

   El crimen de Cabezas, de neto corte mafioso, ocurrió a la salida de una fiesta que organizara el empresario postal Oscar Andreani en un operativo de seguridad supervisado por el jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, empresario postal muy cercano a Menem y con la participación de exagentes de la policía bonaerense y de delincuentes comunes (lo que se conoció después como “la banda de los horneros”). Yabrán se suicidó un tiempo después.

    El asesinato del reportero gráfico ocurrió el 25 de enero de 1997 en la cava de Madariaga pero todos estaban de vacaciones en Pinamar, Cabezas, con su familia incluida, mientras trabajaba para la revista Noticias de la cual era su reportero gráfico. Antes del crimen, el 10 de agosto de 1996 la revista publica en la tapa la foto del entonces jefe de la policía bonaerense, Pedro Klodczik, apodado “el polaco” por más que en realidad era de ascendencia ucraniana, con el título de “Maldita policía”, nombre con el que Dutil y Ragendorfer bautizan a la fuerza de seguridad bonaerense. Cabezas había sacado la foto. La nota que aparece en la revista en ese momento señala que “La policía se dedica fundamentalmente a la venta de causas a sus abogados, la mensualización del juego, la venta ambulante, la prostitución, las drogas. Todos los testimonios apuntan a tarifas absolutamente generalizadas (fue lo que el comisario Raffo llamó “la caja negra de la policía”) Los jefes se quedan con el 60 % de lo recaudado, el 30 % va para los jefes de la Brigada y de la Unidad Regional y el otro 30 % para los jerarcas de Jefatura, el 40 % restante se distribuye proporcional y jerárquicamente entre todos los muchachos de la patota” dice la nota, la que señala como “la cajita feliz” a la caja de recaudación de la policía bonaerense. Pedro Klodczik había sido nombrado como Jefe de Policía de la Provincia en 1991 por Duhalde cuando asume la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, estuvo 5 años a cargo de la fuerza, fue el jefe policial que más tiempo duró en la fuerza. Durante su gestión se produjo el atentado a la AMIA y el asesinato de José Luis Cabezas. Luego del crimen de Cabezas, Duhalde encargó una purga policial nombrando a León Arslanian como Secretario de Seguridad Provincial quien en abril es cambiado por Osvaldo Lorenzo, allí ocurre la masacre de Ramallo. En 1999 asume Ruckauf como gobernador de la Provincia y designa a Aldo Rico como Secretario de Seguridad. Se multiplican los casos de gatillo fácil y son asesinados Natalia Mellman en Miramar y el contador Mariano Peral en Cariló. En el 2001 se va Ruckauf y asume su vicegobernador, Felipe Solá y entonces ocurren los crímenes de Kosteki y Santillán.

    ¿Quién controla al controlador?  es un tema de debate que no se sabe muy bien cuándo empezó pero que sigue hasta nuestros días, cada vez con más énfasis. Manejar la fuerza de la bonaerense siempre pareció difícil o imposible, sea el funcionario que fuere el que está a cargo. Hoy por hoy la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, apodada “Heidi” ha removido con insistencia e incluso expulsado de la fuerza a un amplio número de jerárquicos de la institución, lo cual le vale al día de la fecha estar permanentemente amenazada por voces anónimas que le garantizan una pronta muerte.

    La policía santafesina tampoco se salva de tener un sumario de casos de gatillo fácil o desapariciones al menos sospechosas, tanto el caso de Pocho Lepratti, asesinado en el 2001 como el caso de Franco Casco y Ezequiel Escobar, cuyos cadáveres aparecieron flotando en el río Paraná. A causa de esto en diversas manifestaciones frente a Tribunales, los asistentes no dejaban de entonar el cántico “Se sabía, se sabía…. Lo mató la policía…” Sumado a esto el linchamiento de David Moreira perpetrado por civiles (hinchas de fútbol y/o los que se quisieron sumar al acto) del cual no hay ningún imputado a la fecha, da cuenta de que no sólo las instituciones de seguridad sino también la ciudadanía en un amplio sentido, amparándose en la inseguridad reinante avala las conductas violentas o ejerce la justicia por mano propia…. En este contexto, es imposible dejar de mencionar la balacera a la casa familiar del gobernador saliente, Antonio Bonfatti, quien acusó y llevó a juicio a la policía santafesina por “sedición”, a pesar de que el socialismo esté acusado por ciertos sectores de “narcocriminalidad” por agentes más cerca del narcotráfico que de cualquier otra cosa. En este contexto el actual Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro hace más de lo que en realidad puede y tiene las mejores intenciones pero….

    Controlar a las fuerzas de seguridad, más para los civiles es una deuda pendiente… ¿Quién le pone el cascabel al gato? También es una deuda controlar los hechos delictivos cumplimentados por encargue por determinados grupos de tareas que actúan por fuera de cualquier institución oficial. También es imposible dejar de mencionar en este contexto la desaparición de Paula Perassi, hace varios años ya, con la militancia continua de su  padre reclamando por justicia, mujer cuyo único crimen parece ser haber quedado embarazada de una relación ilegítima con un importante empresario de la ciudad de San Lorenzo.

    El reclamo por justicia tanto de las víctimas del gatillo fácil de la fuerza policial como de las víctimas de grupos ajenos a ella va en un “in crescendo” continuo… Al día de la fecha la crítica y el descontento popular tanto de la actuación como de la burocracia y lentitud o ineptitud del aparato judicial argentino va aumentando con cada caso… Los familiares de las víctimas necesitan Justicia, al menos para aceptar que el muerto pueda descansar en paz y que ellos puedan salir a la calle con la frente en alto…

    Al día de hoy, el caso que nos convoca, el crimen de José Luis Cabezas, a 20 años después y sin un solo imputado preso por el homicidio, dan cuenta de un descontento y una ineficacia ejemplar en la administración de la justicia. Al mismo tiempo, estas características de nuestro sistema judicial aumentan el poder tanto de mafias ilegítimas que están fuera de toda institución como de la actuación de determinadas patotas policiales o de gendarmería, que, peor, hacen uso y abuso del rol social que debieran de cumplir ampliándose los casos de violencia dentro de las comisarías, o la desaparición de personas cuyos cadáveres aparecen sospechosamente  flotando en el río Paraná.

    El crimen de Cabezas marcó un hito en la tarea periodística ya que fue un crimen a pedido, de neto tinte mafioso, de un empresario muy poderoso frente a un reportero gráfico que lo único que estaba haciendo era cumplir con su trabajo. Si bien “billetera mata galán” como dice el dicho, los megamedios poderosos también saben cerrar las bocas de muchos periodistas respecto de algunos temas con los que hay “órdenes superiores” de no meterse. Si la tan anhelada  libertad de prensa  está continuamente bajo el égido de las vicisitudes del capital y de la política (si hablás de más te quedás sin laburo) además está amenazada por sectores poderosos que no sólo callan muchas bocas sino que además parecen tener la potestad de terminar con algunas vidas…