Por Carlos del Frade

 

La historia personal del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, es la expresión individual de una matriz de concentración de riquezas en pocas manos a partir de la construcción de impunidades y favores sectoriales. Desde Rafaela a la Nación, los intereses que hicieron del abogado el más poderoso magistrado de todos los tiempos se reciclan mientras que los padecimientos se vuelven colectivos desde mutuales que cierran, sanatorios que quiebran y obras sociales que se secan. La influencia de Lorenzetti no tiene que ver con su capacidad personal sino con los distintos organismos de control, tanto santafesinos como nacionales, que no funcionan a favor de las mayorías sino en beneficio de los privilegiados de siempre. Las recientes denuncias de la diputada nacional Elisa Carrió revelan la continuidad de los intereses de los antiguos socios rafaelinos de El Supremo y esa articulación de factores de poder que revelan una Argentina manejada por minorías. Tomar conciencia de esta historia es también una manera de pensar en la necesaria transformación que merecen los que son más en estos arrabales del mundo.

 

Los socios de siempre.

 

A fines de diciembre de 2016, la diputada nacional Elisa Carrió volvió a denunciar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ante la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Lo acusó de estar vinculado a una cooperativa que habría hecho negocios con el intercambio de cheques vinculados a clubes de fútbol. Ya lo había atacado por supuesto enriquecimiento ilícito y el magistrado había negado los cargos.

La diputada menciona de arranque a una mutual que Servini está investigando, Pyme Rural, por sus «operaciones por el cambio de cheques de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA)». Asegura que la información le llegó de «forma anónima».

Y sigue: «La mutual, nos han hecho saber, también ha operado con los siguientes clubes de fútbol: Club Sportivo Ben Hur, Club Atlético 9 de Julio, y Club Sportivo Belgrano; y con la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur. Según he podido saber, el 54% del padrón de asociados de la mutual Pyme Rural se asociaron el mismo día: 15 de mayo del 2015.Esto no es usual ni tampoco resiste una explicación que surja de la cotidianeidad de la actividad mutualista y aparentemente tampoco en la actividad en particular de Pyme Rural».

Enseguida, viene el primer mazazo: «Entre los miembros asociados a la mutual se encuentran nombres importantes de la vida de Rafaela, y algunos de transcendencia Nacional. Según he sido informada, se encuentran asociados Leonardo Luis Parra, Omar Francisco Operto, Reinaldo Casabella, Néstor Luis Zenklusen, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti». Al juez lo pone así, destacado, en negrita. Como para que no queden dudas de dónde apunta.

Luego usa una página completa para darle más sustento a su acusación. Son siete párrafos:

– «Es preciso mencionar que Zenklusen, Operto, Casabella y Parra fueron socios del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el emprendimiento Medios de la Región S.A. fundada en 2003 junto también con Héctor Daniel Marchi».

– «Tanto Parra como Casabella también fueron socios del Presidente de la Corte en negocios vinculados con la salud».

– «Sin embargo, según he podido saber, también están asociados a la mutual familiares directos de Ricardo Luis Lorenzetti como Susana Graciela Lorenzetti (su hermana); Lucia Lorenzetti (su hija); Franco Miguel Lorenzetti (su hijo); y Analía Cortassa (su ex consorte)».

– «Por otra parte, el otro asociado, el señor Néstor Luis Zenklusen también es presidente del Club Sportivo Ben Hur y lo fue de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Sportivo Ben Hur».

– «También resulta importante destacar que Néstor Zenklusen fue presidente de la Cámara Argentina de Mutualidades (CAM) hasta su intervención en febrero del 2014, y como había mencionado, un hombre muy vinculado al Presidente de la Corte».

– «La relación entre ambos es mencionada por distintos el señor Eduardo Piedrabuena actualmente dueño del emprendimiento de medios que Zenklusen y Lorenzetti tenían en Rafaela».

– «Es menester mencionar que la relación de asociado con una mutual tiene como objeto realizar operaciones con la mutual o hacer uso de sus servicios. En consecuencia, todos los antes mencionados han realizado operaciones con la Mutual de algún modo».

Y luego hace su pedido:

– «Con motivo de evitar posibles interpretaciones restrictivas del secreto financiero, fiscal o profesionales que recaigan en la Unidad de Información Financiera (UIF), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social», solicita:

1.

Se le requiera a la Mutual, poner en conocimiento del Juzgado de las operaciones realizadas por Ricardo Luis Lorenzetti, Néstor Luis Zenklusen, el Club Sportivo Ben Hur, la mutual Asociación Mutual Club SP Ben Hur, y demás mencionados.

2.

Se requiera al Banco Central de la República Argentina que informe respecto de la Mutual: a. Las cuentas corrientes que tenga la mutual y los respectivos movimientos financieros; b. Los Reportes de Operaciones Sospechosas realizado a partir de cuentas de la mutual o en los que esté involucrada; c. Los plazos fijos que la mutual tenga o haya tenido.

3.

Se requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que informe respecto de la mutual: a. Todos los expedientes que versen en dicha institución respecto de las actividades de la mutual; b. Los Reportes de Operaciones Sospechosas realizados a partir de las actividades de la mutual o en los que esté involucrada; c. Las operaciones de suscripción a Títulos Cooperativos de Capitalización (Ti.Co.Ca) que haya realizado la mutual.

4.

Se requiera a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe respecto de la Mutual: a. Los Reportes de Operaciones Sospechosas que haya recibido respecto de las actividades de la cooperativa o en los que resultara involucrada.

 

Como se verá más adelante en esta nota, Lorenzetti y estas familias, ligadas a la explotación del servicio de la medicina privada en Rafaela, ya vienen haciendo negocio desde principios de los años noventa.

 

Riquezas varias

 

A mediados de 2016, la doctora Carrió, acompañada por Fernando Sánchez, también diputado nacional, denunciaron por “la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito contemplado en el artículo 268 (2) del Código Penal de la Nación, y/o de otros ilícitos penales cuya comisión se encontraría acreditada, prima facie, con la documentación que en este acto se agrega a la presente y quedará probada mediante la respectiva investigación que, a requerimiento fiscal, se disponga. Los ilícitos habrían sido cometidos por: (a) el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis LORENZETTI y (b) el Secretario General de Administración de la Corte Suprema Héctor Daniel MARCHI y, eventualmente, por otros funcionarios que pudieron tener participación en los hechos que se denuncian”.

 

La razón era por el “sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país, por parte del señor Presidente de la Corte Suprema y por no haber declarado al menos un inmueble rural de parte del señor Administrador General de la Corte Suprema”.

La firma RATIO SA “-de la que serían titulares personas allegadas por relación de familia con el Presidente de la Corte Suprema- habría adquirido un inmueble en Puerto Madero a una sociedad extranjera off shore registrada en el estado de Delaware de los Estados Unidos de América, propiedad en la que residiría el señor Presidente de la Corte Suprema, doctor Lorenzetti (Olga Cossetini 1190, Piso 5º -505-), sin que -en principio- resultaran claramente explicitados el origen de los fondos afectados a tal fin”.

a.- el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en punto a la tenencia de, por lo menos, las rentas provenientes de un plazo fijo constituido en una bancaria del exterior que no fue declarada por parte de Ricardo Luis Lorenzetti;

b.- el Secretario General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en punto a la omisión de declarar un inmueble rural y a la omisión de presentación de las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias por los períodos 2005 a 2011;

c.- la firma RATIO S.A. (que se encontraría vinculada a integrantes de la familia del doctor Lorenzetti, de lo contrario no tiene sentido la incorporación al informe de la AFIP), respecto de la adquisición de un inmueble en la zona de Puerto Madero, a una sociedad inglesa off-shore, siendo la vendedora una filial americana de una sociedad registrada en Londes. La filial americana está registrada en Delaware USA, como Delaware Business Incorporators, Inc. 3422 Old Capitol Trail Suite 700, Wilmington, DE 19808, Qualifying State: Delaware (DE).

 

El mismo da cuenta de un llamado telefónico recibido por parte del señor Héctor Daniel Marchi, quien se identifica como Secretario de Administración de la Corte Suprema y “… durante 30 minutos …” le hace saber al Director General Toninelli “… su desagrado y el del Dr. Ricardo Lorenzetti, respecto de una supuesta investigación …” que la AFIP estaba llevando a cabo respecto de Marchi, el doctor Lorenzetti y los hijos de ambos.

Refiere el funcionario que “… ante el cariz que estaba tomando la conversación …” ya que Marchi le expresaba “… en forma reiterada …” que “… en la reunión de Acuerdo se estaba evaluando la posible denuncia penal al Administrador Federal por extorsión y abuso de autoridad …”, le manifestó al señor Secretario de Administración General de la Corte Suprema de la Nación “… que este no era un tema para hablar telefónicamente, invitándolo a concurrir a la AFIP, donde escucharía sus reclamos y en su caso le daría alguna precisión …” respecto de la actuación del organismo fiscal, pactándose la reunión para el día miércoles a las 10:00 hs. (debe entenderse inmediato a la fecha del llamado).

 

esa situación y se refirió enfáticamente a las explicaciones dadas …”, explicando que “… El Sr. Marchi pareció darse por satisfecho con las mismas, no sin antes reiterarme (le) varias veces que pusiera en conocimiento del Administrador Federal el tenor de lo conversado …” (el énfasis es de nuestra autoría).

Agrega Toninelli que “… El mismo día alrededor de las 13 horas, el Sr. Marchi vuelve a llamarme por teléfono y me informa que el Dr. Lorenzetti tendría una reunión con la Presienta de la República y me pedía si podía “tomar un café” en su oficina para ratificar lo expuesto. Le dije que no tenía ninguna novedad para transmitirle y que tomara en cuenta que habían pasado solo algunas horas. Ante su insistencia, intuí que alguien más quería tener una corroboración de lo dicho al Sr. Marchi y acepté la invitación a la reunión, que se produjo a las 16 horas …”.

Finaliza Toninelli “… En esa reunión estaba el Sr. Marchi y una persona que se identificó como Carmen Odasso, Directora de Administración. Volví a ratificar lo dicho en la primer reunión y les aclaré que la investigación se había originado en los indicios comentados y que no podía asegurarles, dado el reciente comienzo de la misma que, si del curso de las actuaciones podía resultar otro tipo de información que revistiera interés fiscal, se ampliaría el objeto de la investigación…”.

 

A.- Respecto del contribuyente Lorenzetti, Ricardo Luis: adjunta copia de la actuación que motivó la Orden de Intervención No. 422581 (originada en el Cruce 2 de la Instrucción General No. 838/2009 DIPyNF) para el universo de contribuyentes con bienes en el exterior, en el cual detecto que el contribuyente LORENZETTI ocultó rentas provenientes de un plazo fijo que tenía en la filial estadounidense de un banco suizo (CREDIT SUISSE), regularizando las pretensiones fiscales (rentas ocultas) en el marco de la Ley 26.476 de exteriorización de capitales (fs. 1/57 del alcance No. 13288-964-2013/2);

 

B.- Respecto del contribuyente Marchi, Héctor Daniel: adjunta actuaciones que describen los cruces originados en el marco del Operativo Granos 2013 (ocurrido entre abril y junio), conforme las pautas de trabajo delineadas por la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, el 5 de abril de 2013, de las que surge que el contribuyente Marchi:

 

1.- se encuentra en el universo de los 1410 contribuyentes que presuntamente habrían omitido declarar 3.502 inmuebles rurales (fs. 94/77 del alcance No. 13288-964-2013/2);

2.- omitió presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; la DDJJ Ganancias 2012, la presentó (vencida) el 27 de junio de 2013;

 

C.- Respecto del contribuyente RATIO S.A.: tiene un cargo que es consecuencia de la solicitud efectuada por la Dirección de Informatización Estratégica para Fiscalización (dependiente de la Subdirección de Fiscalización) en el marco de la campaña que AFIP emprendería con motivo de la sanción de la Ley 26.860 (blanqueo de capitales) a partir del 1º de julio de 2013.

La Dirección Regional de Santa Fe, a los efectos de determinar la factibilidad funcional de los cruces elaborados por la Subdirección General de Fiscalización en el marco de la ley de blanqueo, analizó seis contribuyentes, entre ellos RATIO S.A. surgiendo que la empresa adquirió un inmueble en la zona de Puerto Madero, a una sociedad inglesa off-shore, siendo la vendedora una filial americana de una sociedad registrada en Londres. La filial americana está registrada en Delaware USA, como Delaware Business Incorporators, Inc. 3422 Old Capitol Trail Suite 700, Wilmington, DE 19808, Qualifying State: Delaware (DE).

 

En síntesis, según la AFIP, y sin perjuicio de que ese organismo bajo la conducción de Ricardo Echegaray utilizó información propia para perseguir a dirigentes, políticos, sociales y empresariales, la preocupación del Presidente de la Corte Suprema de la Nación y del Secretario de Administración del Alto Tribunal, habrían tenido como origen una intimación recibida por el doctor Lorenzetti en el marco de un relevamiento efectuado por el organismo recaudador respecto de los empleadores de personal de servicio doméstico.

 

Llama poderosamente la atención, mostrando una preocupación particular sobre su situación impositiva que podría revelar otra situación patrimonial, la falta de proporcionalidad en la actuación desplegada por el Secretario Administración de la Corte, en aras de la preocupación del Presidente del Alto Tribunal quien, señaló al funcionario de la AFIP señalándole que:

1.- “… en la reunión de Acuerdo se estaba evaluando la posible denuncia penal al Administrador Federal por extorsión y abuso de autoridad …”;

2.- debía ser puesto “… en conocimiento del Administrador Federal el tenor de lo conversado …”.

 

Es también muy significativa la insistencia en averiguar qué trámites estaba llevando adelante la AFIP en punto a la exteriorización de la situación patrimonial del Presidente de la Corte Suprema y del Secretario de Administración del Alto Tribunal y de los hijos de ambos, así como la necesidad de que lo dicho por el funcionario del organismo recaudador contara con testigos calificados, tal el caso de la Directora de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CPN Carmen Odasso.

Hasta aquí las cosas, la situación planteada permitiría suponer la existencia de inconsistencias y/u ocultamientos en la exteriorización de riqueza por parte de contribuyentes con tan destacada misión institucional.

También es evidente la desidia y eventual discrecionalidad que, por parte del organismo recaudador, podría existir en indagar sobre el patrimonio de estas personas, especialmente después de la existencia conflictos políticos y negociaciones, entre ambos sectores – el Presidente de la Corte Suprema por un lado y sectores del gobierno de ese entonces referenciados en Ricardo Echegaray.

 

El ocultamiento de riqueza para eludir obligaciones tributarias, la exteriorización de la misma sólo a partir de la actuación del ente fiscal y como consecuencia de ella y la adquisición de un bien a sociedades extranjeras off-shore radicadas en Delaware (USA), que sería el de la residencia del Presidente del Alto Tribunal en Buenos Aires, impone por su gravedad, una seria investigación sobre la evolución patrimonial de los contribuyentes RICARDO LUIS LORENZETTI y HÉCTOR DANIEL MARCHI, desde la fecha en que ambos fueron designados en sus respectivos cargos en el máximo órgano del Poder Judicial de la Nación, a los efectos de dilucidar cualquier atisbo de sospecha sobre la irreprochabilidad de la conducta de estos dos funcionarios.

 

Pide información al Banco Central de la República Argentina para que informe en relación a: (a) Ricardo Luis Lorenzetti CUIT 20-11784499-5, (b) Héctor Daniel MARCHI 20-16200716 y (c) RATIO SA CUIT 30-70034359-6, si desde el 1° de enero de 2006 han operado cualquier tipo de producto ofrecido por las entidades bancarias controladas por el ente rector del sistema financiero, ya sea cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, giros al o desde el exterior, préstamos obtenidos, tarjetas de crédito, etcétera, ya sea como titular, co-titular, apoderados, autorizados, firmantes, etc., en cuyo caso remitiendo todos los antecedentes correspondientes a cada operatoria en cuestión.

 

Se libre exhorto al estado de Delaware, en los Estados Unidos de América a fin de que informe la totalidad de los antecedentes de la filial americana de la empresa inglesa está registrada en Delaware USA, como Delaware Business Incorporators, Inc. 3422 Old Capitol Trail Suite 700, Wilmington, DE 19808, Qualifying State: Delaware (DE) y los antecedentes de la operación de venta de un inmueble en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina a la empresa RATIO S.A.

 

Además de los registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, a los efectos que informe sobre la existencia de inmuebles registrados a nombre de Ricardo Luis LORENZETTI CUIT 20-11784499-5, Héctor Daniel MARCHI 20-16200716-6 y RATIO SA CUIT 30-70034359-6.

 

Y, por otra parte, al Registro Público de Comercio de la Provincia de Santa Fe a fin de que remita toda la información relativa a la firma RATIO SA.

 

El pago chico

 

En diciembre de 2009 terminé el borrador del libro que luego se llamaría “Salud, valores y esperanzas. Crónicas de la Asociación Médica del departamento Castellanos”. Un trabajo periodístico basado en la historia política de la salud en la ciudad de Rafaela y encargado por la comisión directiva del gremio que, en ese momento, luchaba por generar conciencia social, laboral y sindical entre los profesionales de la salud, a contramano de los intereses de la medicina pensada como negocio y, también, manipulación de las necesidades. Era una dirigencia contraria a los intereses de los grandes sanatorios, manejados por familias poderosas de la zona, y denunciante del vaciamiento de los hospitales públicos, el PAMI y otros espacios donde se piensa más en el derecho que en el privilegio. Ellos habían denunciado la historia del abogado Ricardo Lorenzetti a favor de prestadoras del PAMI y por lo tanto se opusieron a su nombramiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ese libro me pagaron alrededor de 7 mil pesos. Después se diría que percibí decenas de miles de pesos desde un diario controlado por uno de los hijos de Lorenzetti. La misma empresa periodística que, en su momento –algunos años antes- había informado lo central de esa actividad del ahora presidente del supremo tribunal de la Nación.

En febrero de 2010, antes de la presentación del libro, Lorenzetti me convocó a su lujoso despacho en la Corte. Durante 45 minutos estuvo charlando conmigo y señalándome cada tanto, por lo menos tres veces, que hubo periodistas que a cambio de no contar esa visión sobre su pasado le habían pedido 40 mil dólares. “Mire usted”, le decía yo con total ingenuidad y ajenidad al planteo. Cuando se lo comenté a uno de los médicos rafaelinos, el profesional se rió y me dijo que en realidad intentaba comprarme. No me consta que haya sido así pero efectivamente narré la experiencia durante el año 2011 cuando tuve el privilegio de ser candidato a diputado provincial por Proyecto Sur en un acto público en La Toma, en la ciudad de Rosario. Eso quedó registrado en un video que circula en youtube.

Lo más increíble de esta historia es que la información sigue siendo la misma pero los que cambian son los interesados en difundirla.

En un primer momento, nadie se quería hacer cargo: ni el kirchnerismo ni la oposición mediática; cuando Lorenzetti cuestionó la ley de medios, el mencionado video se convirtió en uno de los sitios más comentados por los bloggeros del oficialismo nacional; más tarde, esta historia parece interesarle a los principales dirigentes de la Coalición Cívica.

Lo cierto es que la noticia y la información no cambiaron.

Sigue siendo la misma.

Un detalle más, cuando el libro se presentó en 2010, después de la entrevista con Lorenzetti, la comisión directiva que había encargado su redacción perdió, entre otras cosas, por el fenomenal acoso judicial que soportó durante años.

Dos mil ejemplares del libro están secuestrados en una habitación de la Asociación Médica del Departamento Castellanos en la ciudad de Rafaela. Una increíble y ridícula censura en pleno tercer milenio.

Cuento esta pequeña historia en homenaje a todos aquellos profesionales que nunca se resignaron a hacer de la medicina un negocio más y a todos los que aún intentan pelear contra las distintas y variadas formas de hipocresías de los diferentes factores de poder.

Lo que sigue es la noticia de 2009, lo que forma parte del libro secuestrado.

 

El pasado de Lorenzetti.

 

El miércoles 15 de diciembre de 2004, el diario “Página/12”, informaba que  “tal como estaba previsto, el pliego de Ricardo Lorenzetti para ocupar el cargo de Adolfo Vázquez en la Corte Suprema fue aprobado ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado. Durante una hora y media, el jurista santafesino respondió a las impugnaciones recibidas en su contra y al cuestionario elevado por los senadores y Organizaciones no gubernamentales”, decía la cabeza de la nota firmada por la periodista Adriana Meyer.

El ex apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa se aprestaba a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego sería elegido presidente por dos períodos consecutivos hasta el año 2012.Jamás olvidaría quiénes impugnaron su designación.

Uno de ellos, la Asociación Médica del Departamento Castellanos. “Desde el año 1996 hasta el 2000, el abogado Ricardo Lorenzetti, propuesto hace unos días para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia; fue socio capitalista y fundador de una de las primeras gerenciadoras de salud en Rafaela: Apreme. Con un capital de 400 pesos, Lorenzetti comenzó a recorrer los pasillos de la medicina privada”, comenzaba la nota del diario “Castellanos”, del 19 de octubre de 2004.

En ese tiempo las denuncias judiciales contra la Asociación Médica del Departamento Castellanos llegaron a sumar casi dos decenas.

Para los integrantes de la gremial esa persecución legal se debe, entre otras razones, a la carta enviada el 27 de octubre de 2004 al entonces Ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Horacio Daniel Rosatti.

“En reiteradas oportunidades la presidenta del Programa Asistencia Médico Integral (PAMI), licenciada Graciela Ocaña, denunció el accionar de empresas gerenciadoras como intermediarias parásitas en el sistema de salud, atribuyéndoles a su desmanejo en la década del noventa, la crisis financiera que afrontó el Instituto. La licenciada Ocaña, quien cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, debe enfrentar a diario los grupos de poder que operan en el PAMI, que transformaron la prestación de servicios en un negocio y que ocasiona graves perjuicios en la calidad de atención de sus afiliados”, decía uno de los párrafos de aquella carta.

El doctor Ricardo Lorenzetti “fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: APREME, constituida en el año 1996 y tuvo una activa participación durante cuatro años. Según consta en el acta constitutiva de dicha sociedad. Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento y apoyan nuestra impresión numerosas denuncias radicadas en la Agencia del PAMI de Rafaela. Además dejamos constancia de que como socio y abogado de la gerenciadora de salud de Rafaela APREME, operó ininterrumpida mente contra nuestra entidad gremial con demandas judiciales de todo tipo, por considerarnos competencia, a pesar de que nuestro fin no es el lucro. Si bien no podemos demostrar dolo ni ilegalidad en esta actuación del abogado rafaelino, lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, terminaba el escrito.

En el anuario 2004, el diario “Castellanos” resumió una serie de artículos en relación al doctor Lorenzetti y sus vínculos con las empresas de salud privada de Rafaela.“Lorenzetti participó de la elaboración de la ingeniería legal de un grupo societario de dueños de clínicas y sanatorios que durante años prácticamente monopolizó el negocio de la salud en la ciudad. De esta sociedad (constituida a principios de 1994) participaron inicialmente los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro (integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente). Más tarde se incorporó el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud en Rafaela destinada fundamentalmente a gerenciar contratos de obras sociales haciendo de intermediaria entre éstas y los sanatorios”, apuntaba la nota.

Agregaba que “las autoridades de las clínicas se comprometieron “a dictar conductas prestacionales a los médicos que integran los planteles de sus respectivos sanatorios a los fines de bajar costos”.

De esta medida surgió lo que en los sanatorios se conocía como una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti”, afirmaba el diario.

“Finalmente el jurista fue socio de los principales dueños de clínicas y sanatorios rafaelinos en Apreme, entre los años 1996 y 2000. Integró la sociedad con un 4 por ciento, participaba del reparto de las ganancias y tenía un ingreso fijo mínimo mensual de 4 mil pesos establecido en el contrato societario que él mismo redactó. Apreme manejaba las cápitas de 20 mil jubilados, un negocio de unos diez millones de pesos (o dólares) al año. Los vínculos de Lorenzetti con las gerenciadoras fueron el argumento de las impugnaciones presentadas por la Asociación Médica del Departamento Castellanos y por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia”, relataba el artículo.

El diario avanzaba en los contactos de Lorenzetti con los gremios de la ciudad, entre ellos la poderosa Unión Obrera Metalúrgica en tiempos del terrorismo de estado.

La nota recordaba