El regreso de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional a la vida cotidiana de las mayorías argentinas representa la continuidad de un modelo de capitalismo dependiente que caracteriza la historia de nuestro pueblo.

En ese contexto de profundización del capitalismo dependiente, la provincia de Santa Fe, el segundo territorio más poderoso del país, el año 2021 terminó con cinco fiscales procesados, un senador denunciado, un ministro de seguridad echado, más de ciento cincuenta proyectos de leyes aprobados en la Cámara de Diputados y Diputadas pero tirados a la basura por el senado y la permanencia casi a perpetuidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la ausencia de leyes que consagren el derecho a la educación, la educación sexual integral, los derechos de los consumidores o a la información pública y sin banco propio; configura un presente institucional bastante parecido a una ciénaga.

Todavía hay integrantes del poder judicial y del político repiten la idea que Santa Fe siempre fue un ejemplo en progresividad en distintos ámbitos. Hoy esa imagen no tiene ninguna relación con la realidad provincial.

A lo que hay que sumar casi 800 mil personas por debajo de la línea de la pobreza en los principales aglomerados como son el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, en forma paralela que salen exportaciones por doce mil millones de dólares sin dejar ningún impuesto al estado por la vigencia del artículo 126 de la Constitución Nacional, escrito en medio de la guerra contra el Paraguay en septiembre de 1866 que impuso la necesidad del estado federal por encima de las provincias.

Semejante dependencia con el poder de Buenos Aires, expresado en los presupuestos provinciales donde el 65 por ciento de los ingresos dependerán de la voluntad del poder central, genera, en los últimos años, el mayor endeudamiento con bancos o entidades internacionales.

La profundización del capitalismo dependiente apura la degradación institucional y recicla la vigencia de los canales ilegales de circulación de dinero fresco: narcotráfico, contrabando de armas y lavado de dinero.

Y así como se repiten las lógicas de acumulación y dependencia, también se reiteran las ideas políticas a la hora de pensar estrategias para disminuir los hechos de violencia altamente lesivas, tal como se denominan a los homicidios en la jerga del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad, tanto provincial como nacional.

Mayor presencia de fuerzas federales, leyes de emergencia en seguridad y en el servicio penitenciario, más juzgados y fiscalías federales, más tecnología vinculada a esos servicios de seguridad y la impostada renovada confianza en la Policía de la Provincia de Santa Fe y el cansador slogan de querer una mayor profesionalización.

Los famosos y siempre bien ponderados controles institucionales no funcionan y terminan jugando de colaboradores de los negocios ilegales.

A veinte años de 2001, muchas de sus hijas e hijos devinieron en sicarios o narcos, no solamente en militantes feministas o ecologistas.

La iglesia comprometida denuncia lo que sucede en los barrios pero parece no tener más poder que el de ser testigos del drama que presenta la sangre derramada joven en los barrios y el lavado de dinero impune en el centro de las grandes ciudades la provincia, como Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Las usurpaciones son una realidad casi cotidiana en los barrios donde el trabajo escasea y la presencia del estado corrupto le gana a la cara virtuosa del mismo estado.

Surgen barras armadas que empiezan a ver un gran negocio en tirar hoy y pasar a cobrar en la semana porque es muy fácil adquirir o alquilar armas y municiones. Ya no necesitan hacer el largo camino que generó bandas de narcomenudeo poderosas como fueron o son Los Monos, Alvarado, Medina, los pillines, los Bassi, los Romero, los Abregú, los Funes, los Camino o los Ungaro. Cuentapropistas que en la degradación de lo legal, ven la posibilidad de dejar la idea de ser narcos pero si eligen jugarse por el palo de la violencia y la extorsión. Barras armadas que están conformadas por pibes y pibas muy chicos en edad. Una especie de mancha de aceite que resulta ser el epifenómeno del lavado de dinero, por un lado y de la democratización del contrabando de armas por otro.

Pero el capitalismo encubre.

Vaso al revés. Tapa para arriba y descubre hacia abajo.

No hay mayores nombres de inversores, exportadores, importadores o distribuidores de insumos varios para los varios negocios ilegales que crecen en la provincia.

He allí el tamaño de nuestro drama: la sangre derramada en los barrios es consecuencia de las diputas entre bandas narcopoliciales dedicadas al narcomenudeo pero más allá de sus poderes económico y de fuego no dejan de ser los últimos eslabones en la comercialización de estos negocios.

Por eso sigue siendo muy valioso denunciar con nombre y apellido.

Decir y no decir implica una diferencia del ciento por ciento.

La ignorancia, deliberadamente construida sobre mandos medios y superiores, garantiza la continuidad de la violencia como gran negocio.

Y desde las cárceles las bandas narcos vuelven a su origen, sus principios de extorsionar a través de la violencia más descarnada y grosera.

Hay una parábola en esos viajes existenciales y grupales que se observan en las bandas como Los Monos o las de Alvarado.

Pero también hay otra parábola que tuvo desarrollo informativo en 2021, la parábola de la ciudad obrera que termina siendo capital del lavado de dinero.

El empresario Gustavo Shanahan irrumpió en lo público a través de la construcción de un barrio privado hacia 2006, luego fue acomodado por Vicentin a cargo de Terminal Puerto Rosario, denunciado por lavar dinero desde España en 2013 y en 2021 terminó preso por venderle dólares a una banda narco del oeste rosarino.

La suerte individual de Shanahan parece reflejar el viaje colectivo de Rosario: de corazón del cordón industrial más importante de América del Sur después de San Pablo, a ciudad del boom inmobiliario, un estado colonizado por intereses empresariales como lo demuestra la relación de su puerto con Vicentin, geografía privilegiada para el lavado de dinero y territorio cosido por bandas surgidas de la impunidad de los negocios ilegales del capitalismo como son el narcotráfico y el contrabando de armas.

Lo legal pierde espesor en esta realidad cenagosa.

Por eso más que nunca hay que democratizar la democracia y exigir un pacto multipartidario que vaya contra el lavado de dinero, el contrabando de armas, depure las fuerzas de seguridad, controle bicameralmente a las mismas y duplique las inversiones sociales para que en los barrios haya trabajo, educación, cultura, alegría y deporte.

“La ciénaga y las parábolas. Geonarco 7”, muestra la continuidad de un sistema ilegal que insiste por la falta de valentía de los grandes partidos políticos, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino también en Argentina.