DENUNCIAN PENALMENTE PARA QUE SE INVESTIGUE EL DERRAME EN VACA MUERTA (Noviembre de 2018)
En el marco del debate por el derrame de petróleo del pasado 19 de octubre, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal neuquino para que se investiguen las responsabilidades penales por el derrame en el Yacimiento Bandurria Sur, que opera YPF.
Greenpeace apoyó la denuncia realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Confederación Mapuche Neuquina, cuyo objetivo busca responsabilizar a los funcionarios públicos del área de ambiente, así como al secretario de Estado, Jorge Lara y el subsecretario de ambiente Juan Lucchelli. La denuncia exige una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades penales de YPF y sus directivos.
El impacto cobró, como mínimo, un área de 85 mil metros cuadrados, equivalente a ocho canchas de fútbol, a sólo once kilómetros de la localidad de Añelo en Neuquén. Sin embargo, a dos semanas del derrame cuando, de acuerdo a información de la empresa a cargo, un pozo no convencional quedó fuera de control durante 36 horas, se informó otro incidente en Neuquén, esta vez en Loma La Lata, mientras se realizaban trabajos de terminación de un pozo convencional.
Según Leonel Mingo, vocero de la campaña de energía en Greenpeace, “Lamentablemente este no es el único impacto del fracking, verdugo del ecosistema patagónico. Los últimos incidentes provocarán serios problemas ambientales, por eso desde Greenpeace apoyamos esta denuncia. Más petróleo equivale a más contaminación, contribuye al cambio climático provocando sequías e inundaciones cada vez más intensas y frecuentes que afectan a los argentinos y los recursos del país.”
La denuncia se fundamenta en la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos, que incorporó en el Código Penal Argentino la figura de los delitos o crímenes ambientales, “para el supuesto de quién, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.” La Ley establece además, una responsabilidad especial cuando la contaminación sea producto de imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas.
Asimismo, se destaca que “cuando alguno de los hechos se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir.”
QUE ES EL FRACKING…Por Argentina Libre de Fracking
La fractura hidráulica, más conocida por su término anglosajón fracking, es una técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, generalmente de formaciones de esquistos (shale), arenas compactas (tight sands) y mantos de carbón (coalbed methane). Estas formaciones geológicas se ubican a varios miles de metros de profundidad y para acceder a ellas se debe perforar hasta la formación que alberga los hidrocarburos, empleando una técnica de perforación mixta. En primer lugar, se perfora verticalmente y posteriormente se continúa de forma horizontal, a lo largo de varios kilómetros.
Los yacimientos no convencionales donde se utiliza el fracking son formaciones poco permeables y compactas, en las que los hidrocarburos se encuentran dispersos. Para liberarlos se debe fracturar la roca inyectando millones de litros de agua a alta presión (98%), mezclada con arena y una serie de aditivos químicos (2%); la cantidad de litros varía en función de la cantidad de fracturas que se realicen por pozo. Esto posibilita que los hidrocarburos asciendan a la superficie junto con parte de la mezcla inyectada, denominada reflujo (se recupera una cantidad que varía entre un 9 y un 35%). El resto queda en el subsuelo.
ALGO PARA RECORDAR Y TENERLO MUY EN CUENTA…
SANTA FE TIENE PROHIBIDO EL FRACKING Y EL AGUA FUE DECLARADA DERECHO HUMANO EN EL AÑO 2017…
(Recordamos la nota escrita en su momento para el diario La Capital por Rubén Giustiniani, Diputado de “Igualdad y Participación” Provincia de Santa Fe)
La propuesta original fue enriquecida con los debates de la comisión de Medio Ambiente prohibiendo el fracking y la minería metálica con químicos.
La Legislatura de la provincia de Santa Fe sancionó la ley de aguas que regula la gestión integral de los recursos hídricos en la provincia sobre la base de un histórico proyecto de la senadora Cristina Berra. La propuesta original fue enriquecida con los debates de la comisión de Medio Ambiente presidida por el diputado Santiago Mascheroni y por los aportes del informe elaborado por la Universidad Nacional del Litoral.
Esta ley significa un gran avance que sitúa a Santa Fe entre las provincias que regulan con mayor claridad el uso del agua. Queremos resaltar dos temas que incorporamos al proyecto original como iniciativas nuestras: el agua como derecho humano y la prohibición del fracking.
Alcanzar la sostenibilidad en el uso del agua es un desafío del siglo XXI. Según la OMS y Unicef, 2.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico y 884 millones de personas en el mundo carecen de un acceso seguro al agua potable. La comunidad científica sostiene que para el año 2025 entre 3.500 y 7 mil millones de personas padecerán escasez de agua potable. En muchos lugares del mundo la situación es crítica. El continente americano encierra casi la mitad de las reservas de agua potable del mundo; sin embargo, en muchos países de América la mayoría de la población no tiene acceso al recurso.
Resulta preciso señalar que el acceso al agua potable y al saneamiento, ambos vinculados al derecho a la salud, ha sido considerado como derecho humano por la comunidad internacional. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
En sintonía con las normativas y recomendaciones internacionales, la ley sancionada reconoce el derecho humano al agua en su artículo 8: “El estado provincial debe garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, el cual implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad apta para ingesta humana y usos domésticos, de conformidad con los criterios generales que surgen del derecho internacional de los derechos humanos”.
La ley, por su parte, prohíbe el fracking, que significa una gran amenaza para nuestras reservas de agua. La fractura hidráulica es una técnica de extracción no convencional de gas o petróleo mediante perforaciones en las rocas que contienen hidrocarburos en su interior, acompañadas de inyecciones de agua, arena y químicos altamente contaminante, a fin de generar fracturas que permitan la extracción del recurso.
La explotación de hidrocarburos no convencionales se caracteriza por ser técnicamente más difícil, económicamente más costosa y con mayores riesgos de contaminación.
Uno de los principales impactos que trae aparejado el fracking es el alto consumo de agua: un pozo requiere entre 9 mil a 29 mil toneladas de agua y una plataforma de 6 pozos de media necesita unos 54 mil a 174 mil millones de litros de agua en una sola fractura. Además del uso intensivo de agua, el fracking produce la contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas. Se han dado casos de contaminación por la ruptura de conductos, accidentes de camiones y el desbordamiento de las balsas residuales que contienen químicos, metales pesados y elementos radiactivos. La contaminación del agua se produce por la cantidad de productos químicos contaminantes que conlleva la actividad. En estudios internacionales se han identificado entre 260 y 360 sustancias químicas dañinas para la salud.
El fracking ha sido prohibido en casi toda Europa y en la mayoría de los estados de Estados Unidos, que es donde más se lo ha impulsado y donde más se han sufrido sus efectos. En Argentina más de 54 localidades han sancionado ordenanzas contra la fractura hidráulica, y con esta ley Santa Fe se sitúa como la segunda provincia del país en prohibir el fracking, después de Entre Ríos.
CIENTÍFICOS DEMUESTRAN QUE ES POSIBLE EVITAR UNA CATÁSTROFE CLIMÁTICA SI LOS GOBIERNOS ACTUAN EN FORMA URGENTE…
El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) reveló hoy la necesidad urgente de limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C, en lugar de a 2°C, para evitar una catástrofe climática.
“La ciencia evidenció con mayor certeza que nunca que las acciones de los gobiernos para limitar el calentamiento global deben ser radicales y urgentes”, declaró Amanda Starbuck, directora de Campañas de Greenpeace Argentina. Los impactos del medio grado de diferencia son alarmantes: el porcentaje de personas expuestas a falta de agua es un 50% menor bajo el objetivo de 1.5°C, entre otros.
Para alcanzar el objetivo de 1,5 ºC, los gobiernos deben tomar decisiones fuertes y de manera rápida: las emisiones deben reducirse a la mitad en los próximos diez años y llegar a cero en 2050. Para 2030, el consumo mundial de carbón tendría que reducirse en dos tercios, el de gas un tercio, el de petróleo en un 40%, y las energías renovables deberían aportar el 60% de la electricidad.
“Mientras desde el discurso el gobierno argentino se quiere posicionar al frente del desafío, sus planes oficiales en realidad incrementan la producción de los combustibles fósiles con la puesta en marcha de Vaca Muerta, a contramano con la evidencia científica para evitar los peores impactos del cambio climático. El enorme potencial renovable puede posicionar al país como un líder climático si orienta sus esfuerzos hacia donde es realmente necesario”, dijo Starbuck.
Greenpeace considera que las políticas del gobierno argentino no están en línea con las recomendaciones del IPCC. Por ejemplo, el Escenario Energético 2030 publicado en diciembre de 2017 por el entonces Ministerio de Energía, dice que la producción total de gas natural se incrementará un 62% entre 2016 y 2030. De acuerdo a los datos del informe del IPCC, el uso del gas natural debería reducirse un 25% en el período 2010-2030.
Las soluciones climáticas naturales, como la protección de los bosques y la reforestación, tienen el potencial de proporcionar más de un tercio de la mitigación económicamente rentable de CO2 necesaria hasta 2030 para un objetivo de 2 ºC, lo que implica un alto potencial para 1,5ºC también. En ese sentido, Argentina puede ser líder en la protección de sus bosques nativos que juegan un papel fundamental como sumideros naturales de dióxido de carbono. El cambio de uso de suelo representa la mayor fuente de emisiones de en Latinoamérica, por lo que el compromiso regional en la materia es clave. “El compromiso argentino ante la convención de Naciones Unidas sólo estipula cumplir con la ley vigente, que es sistemáticamente vulnerada. Argentina debe redoblar los esfuerzos para detener la deforestación como parte de su compromiso para detener el cambio climático”, finalizó Starbuck.
El informe del IPCC se incorporará directamente a las conversaciones anuales de la ONU en la Cumbre Internacional del Clima de este año (COP24) y guiará a los gobiernos para acelerar sus planes de acción contra el cambio climático.
SERGIO RINALDI
TALLER DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL
