El caso Vicentin es pedagógico. Enseña la hipocresía de las grandes empresas privadas, supuestas síntesis de transparencia. Uno de los fiscales rosarinos que siguen investigando las estafas perpetradas por los ejecutivos del consorcio, Miguel Moreno, tuvo la lucidez y la valentía de allanar las oficinas de la consultora KPMG, una de las cuatro más importantes del mundo, constituida en 1917 y arribada a estas pampas en 1987. Está presente en 144 países según dice su propia página web.

Una verdadera expresión de la transparencia capitalista, de la contracara del estado en cualquiera de sus maléficas manifestaciones. Sin embargo las pericias de Moreno destacaron que la ponderada firma de KPMG que rubricó los balances del fugaducto del macrismo durante los años 2017 y 2018, era también el enmascaramiento de una deuda que, por entonces, ya ascendía a 800 millones de dólares.

Una maniobra que no podía pasar desapercibida por semejante consultora multinacional. La gente que hizo los allanamientos en las oficinas de la firma en Rosario se encontraron con que todo estaba abandonado. Como si también ellos se hubieran fugado. Una señal contundente que acabada la misión huyeron precipitadamente. De tal forma el caso Vicentin tiene mucho todavía por enseñar sobre el verdadero rostro del capitalismo multinacional en estos arrabales del universo.

Una síntesis que podría presentarse como un estado bobo y cómplice, corrupción de grandes empresas privadas nacionales y extranjeras que determinaron la fuga de 791 millones de dólares, una deuda superior a los 1.500 millones de dólares y la angustia laboral de 30 mil personas que directa e indirectamente dependen del consorcio de 33 empresas que es Vicentin. Un proceso que enseña el modelo de acumulación del capitalismo y que merece decisiones políticas soberanas para recuperar lo robado.